El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó un enérgico rechazo a varias de las recomendaciones contenidas en el informe preliminar presentado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras los comicios del pasado 1 de junio, en los que por primera vez se eligió mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
En una nota diplomática dirigida al secretario general de la OEA, la Cancillería acusó a la Misión de rebasar su mandato e incurrir en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, particularmente el Artículo 3 inciso (e), que consagra el derecho soberano de los Estados a organizar su sistema político, económico y social sin injerencias externas.
“Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”.
Secretaría de Relaciones Exteriores de México
La respuesta del Gobierno mexicano se da un día después de que la Misión de la OEA, encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, divulgara su informe preliminar en el que, si bien reconoció que la jornada electoral se llevó a cabo en un ambiente de tranquilidad y destacó la labor de las autoridades electorales, también expresó preocupación por el bajo nivel de participación ciudadana —alrededor del 13 por ciento— y un elevado número de votos nulos o no marcados.
El documento de la OEA calificó la elección como “sumamente compleja y polarizante” y advirtió sobre los riesgos que implica replicar este modelo de selección judicial en otros países, al no contar con precedentes internacionales en los que la totalidad del Poder Judicial haya sido elegida mediante sufragio universal.
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Además, la Misión llamó a las autoridades mexicanas a evaluar si este mecanismo realmente fortalece los principios de transparencia, imparcialidad e independencia judicial, o si por el contrario los debilita. También recomendó que futuras reformas en esta materia se realicen de forma gradual, con un debate amplio, técnico y plural.
La Cancillería mexicana, sin embargo, defendió la legalidad y constitucionalidad del proceso electoral del 1 de junio, subrayando que se realizó conforme al marco normativo vigente en el país y que cualquier intento externo por descalificar el modelo adoptado representa una violación a la soberanía nacional.
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