Fonterra y Soprole: leche, poder y negocios

Hace un año, en pleno mes de noviembre el holding peruano Gloria, uno de los controladores del mercado de alimentos del país vecino, anunció la compra de la chilena Soprole, dueña de 15 marcas y con una participación cercana al 30% del mercado lácteo nacional

Por El Ciudadano

03/11/2023

Publicado en

Agricultura

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Hace un año, en pleno mes de noviembre el holding peruano Gloria, uno de los controladores del mercado de alimentos del país vecino, anunció la compra de la chilena Soprole, dueña de 15 marcas y con una participación cercana al 30% del mercado lácteo nacional.

Para realizar la transacción, los peruanos comprometieron US$ 210 millones, destinados a la compra de acciones, y US$ 431,3 millones a cubrir otras operaciones relacionadas al proceso de desinversión de la neozelandesa Fonterra,  ex controladora de Soprole, totalizando una inversión de USD 641,3 millones, cifra muy inferior a la pretendida originalmente por los vendedores, que intentaron presentar mejores resultados financieros, a costa de los productores que fueron duramente castigados en el precio pagado por el gigante productor de lácteos, favorecido por su posición oligopsónica.

Un breve repaso a la historia reciente de Soprole da cuenta de múltiples conflictos. Y un breve repaso a la historia de Gloria, asusta.

Fonterra: las redes y el poder

Gran parte del poder de Soprole en el mercado nacional se funda en ser uno de los tres grandes compradores de leche, junto a Nestlé y Watt’s, insumo básico para fabricar productos lácteos.

Al existir pocos compradores, se produce una acumulación de poder que genera distorsiones en el mercado afectando a la libre competencia y a los productores, que se ven obligados a vender sus productos al precio que los compradores imponen, todo en el marco de una legislación laxa que permite que estas cosas ocurran.

Favorecida por ese contexto, Fonterra, ha realizado sus operaciones en Chile en el marco de la legalidad, pero al filo de lo éticamente esperable dentro de los márgenes de la legitimidad y contando ciertamente, con la colaboración interesada de importantes personeros vinculados a la política y al poder, entre los que se cuentan los exministros José Ramón Valente, Antonio Walker, Susana Jiménez y Gerardo Varela.  

Antonio Walker, es hermano de Ignacio y Matías. El primero, ex diputado, senador y canciller. El segundo, ex diputado y actual senador. A ellos se suma Tomás, director de Prolesur, controlada por Fonterra y proveedor de Soprole.

Susana Jiménez, ministra de Energía en la segunda administración de Sebastián Piñera, es hermana de Daniel, alto ejecutivo de SQM y está casada con Marco Comparini, actual presidente de Penta Financiero y quien estuviera acusado de participar de maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos e imputado por emitir facturas y boletas falsas en el bullado “caso Penta”, que incluía a los controladores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los mismos que fueron condenados a asistir a clases de ética por su participación en operaciones de financiamiento ilegal de la política.

Gerardo Varela, fue ministro de Educación durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y salió del gabinete por un cúmulo de declaraciones desafortunadas.

Hasta antes de su arribo al gobierno, Varela era director de Soprole y tras su salida del ministerio fue nuevamente reclutado por los capos de Fonterra y a fines de octubre de 2018 asumió la presidencia del directorio de Prolesur, empresa controlada por Fonterra, de la cual Soprole es dueña de más del 70% de las acciones.

Al poco tiempo de asumir en Prolesur, Gerardo Varela debió afrontar una querella por el delito de administración desleal, interpuesta por la Fundación Isabel Aninat, propietaria del 13,6% de las acciones de la compañía, acusado de haber extinguido dolosamente una deuda que mantenía Soprole con Prolesur, por 13.906 millones de pesos, develando de paso, una dura confrontación al interior del directorio, entre los representantes de la neozelandesa Fonterra y los directores elegidos por los accionistas minoritarios. Otro de los querellados era Tomás Walker, hermano del ministro de Agricultura y miembro del ‘clan’ compuesto por sus hermanos mencionados anteriormente.

El ex ministro, tras asumir en el directorio de Prolesur, comunicó al gerente Juan Carlos Petersen por medio deun mensaje de Whatsapp, que estaba despedido. Su pecado: descubrir la deuda vigente de Soprole y pretender cobrarla.

Petersen llevaba un poco más de tres años en el cargo y tenía el mandato de convertir a Prolesur en una sociedad con mayor independencia de Soprole, pese a ser empresas controladas por el mismo grupo. Y fue en dicho contexto que el nuevo gerente descubrió los ilícitos que sirvieron de base a la querella de la Fundación Isabel Aninat, luego de que una simple revisión contable concluyera que Soprole adeudaba la millonaria suma, como pagos entre empresas relacionadas, todo con el fin de favorecer las enormes ganancias de Fonterra, pese a existir informes de auditoras internacionales que advertían sobre dichas irregularidades.

Finalmente, la querella pasó a dormir el sueño de los justos, tras cerrarse la investigación por no reunirse antecedentes suficientes para fundar una acusación.

Otro capítulo conflictivo del que Soprole ha sido protagonista es el de la denominada “Guerra de la leche”, en que los propios consumidores promovieron en redes sociales la preferencia por productos Colún, por sobre Soprole, Nestlé y Watt’s, esto ante el intento de multinacionales de excluir a la cooperativa lechera del mercado. 

A dicho conflicto, se sumaron una serie de denuncias que las acusaban de “antinacionales, por promover el descontrol migratorio, por vender leche reconstituida y por dañar a los productores chilenos”.

Soprole y un mercado distorsionado

En 2017, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación iniciada de oficio, sobre las condiciones de mercado en la compra de leche cruda. Dicha acción acumuló una serie de denuncias, presentadas por los gremios del sector lechero y por un grupo de diputados, que acusaban conductas abusivas por parte de las empresas involucradas, que se aprovechaban de su posición dominante en perjuicio de los productores de leche.

La FNE “analizó las condiciones de competencia de largo plazo entre empresas procesadoras y el impacto que éstas tienen en los precios pagados a los productores por la leche fresca”, observando las variaciones de los precios por un período de diez años, publicados por las plantas procesadoras en las denominadas Pautas de Precios, comprobando una “reducción paulatina de la intensidad de la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda que, sin embargo, no es atribuible a conductas específicas de abuso de poder de mercado (sea individual o colectivo) imputables a las empresas investigadas” y concluyó que “este detrimento de la competencia se explica por condiciones estructurales del mercado y que las medidas para resolverlos exceden el ámbito de la persecución de ilícitos anticompetitivos”.

De esta forma, la FNE cerró y archivó la investigación, pero presentó “algunas sugerencias sectoriales que han sido utilizadas a nivel internacional para promover la intensidad de la competencia en este mercado, enfocadas en (i) incrementar el poder de negociación de los productores y reducir la capacidad de los procesadores de imponer precios y condiciones de compra de leche cruda; (ii) reducir la interdependencia entre empresas procesadoras, dinamizando la competencia entre plantas y en los productos finales; y (iii) mejorar las condiciones de entrada para nuevos procesadores con menor escala”. Corría el año 2018, y nada ha cambiado.

La realidad nos muestra que existen distorsiones en el mercado que afectan a la libre competencia. Un poder comprador reducido a las plantas procesadoras de tres grandes conglomerados disminuye la capacidad negociadora de los productores que se ven, como la propia FNE reconoce de manera implícita, obligados a ‘tomar’ los precios que de facto les imponen, viéndose muchas veces obligados a vender incluso a precios inferiores a sus costos de producción, con tal de no perder la mercadería.

Todo puede ser peor

El paso de Fonterra por el mercado nacional ha sido devastador para los productores lecheros del país. Muchos han desaparecido, borrados por condiciones de competencia paupérrimas en un mercado cruel por las ventajas que presenta para los que detentan el poder comprador.

A ese mercado llegó la multinacional peruana Gloria: lleno de distorsiones, capturado por transnacionales que encuentran tierra fértil para hacer lo que quieran, actores políticos y empresariales serviles a sus intereses, redes de poder inexpugnables.

Ciertamente, el arribo del holding peruano está acompañado de declaraciones de nobles intenciones. Su director ejecutivo, Claudio Rodríguez, ha afirmado su admiración por Soprole, destacando “su liderazgo en el mercado en Chile, la identificación y profesionalismo de sus recursos humanos y su excelencia en áreas como el desarrollo de marcas, la innovación y sus buenas prácticas…”.

La sola referencia a las “buenas prácticas” debe activarnos las alertas. Desde ahí surge la pregunta inmediata: ¿quién realmente es Gloria?

El Grupo Gloria, fundado en 1986 por los hermanos Jorge y Vito Rodríguez, está conformado por más de 50 empresas que desarrollan sus operaciones en diversos rubros, entre los que destacan el cemento, papeles y cartones, la agroindustria, entre otros. Ciertamente, la producción de lácteos y alimentos están entre sus intereses.

Sus actividades en el mercado alimentario peruano han estado cruzadas por una serie de polémicas, entre las que destaca el denominado “Caso Pura Vida”, marca bajo la cual vendía como leche un producto que no lo era, lo que fue desenmascarado en 2017 por las autoridades sanitarias de Panamá, país que prohibió su importación.

La respuesta desde Perú emitida por el Grupo Gloria se limitó a reducir el escándalo a un simple problema de etiquetado del producto, lo que no fue suficiente para calmar la catarata de críticas que caían sobre la empresa, provenientes desde la Asociación de Ganaderos y Lecheros del Perú, desde la sociedad civil y consumidores en general, con el consiguiente cuestionamiento a las autoridades del país por sólo reaccionar cuando Gloria fue acusada y sancionada en Panamá por publicidad engañosa.

En Perú, finalmente llegaron las investigaciones y las sanciones. La empresa fue castigada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que consideró “responsable a Leche Gloria Sociedad Anónima – Gloria S.A. por la realización de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño”.

Gloria permanentemente ha sido cuestionada en Perú por parte de los productores. A ganaderos y lecheros se han sumado las asociaciones de consumidores, que a coro reclaman por las arbitrariedades del grupoy por su posición monopólica en laindustria de la leche, exacerbadas por “las normas y licitaciones direccionadas en gobiernos locales para beneficiar a Gloria y que dejan fuera de juego a los productores», según ha informado la prensa peruana.

Publicidad engañosa, lobby, atropello a los derechos de los consumidores, entre otros reclamos recaerían sobre Gloria, el holding peruano dueño Soprole. Con esas “buenas prácticas”, el mercado chileno y su regulación frágil, que favorece las distorsiones, ha de resultar muy atractivo para un grupo que ha demostrado navegar con habilidad en los mares de la ambigüedad. Fonterra fue malo, pero todo puede ser peor.

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