Cataluña: Un hipotético escenario económico para la naciente república independiente

La independencia unilateral declarada este fin de semana por el Parlament de Cataluña y la respuesta inmediata del gobierno español de cesar a las autoridades catalanas e intervenir su administración, abre un panorama de incertidumbre para la economía de la región, que ya comienza a ser analizado en distintos medios y frentes.

De acuerdo a un reportaje emitido por el canal Telesur, Manuel de la Rocha Vazquez, economista de la Fundación Alternativas, dijo al respecto que «no hay ningún escenario de la salida de Cataluña que no sea absolutamente traumático a nivel económico». Para el economista, la mantención de un escenario en el que ninguna de las dos partes se reconocen entre sí (gobierno central y gobierno catalán), agudizaría aún más la «huida» de empresas, principalmente por la extrema situación de incertidumbre y por el riesgo de una «doble imposición».

«Ante la duda y la posibilidad de que haya que pagar doble o que no se sepa bien qué pagar, las empresas establecen su sede social fuera para no tener que pagar a Cataluña. Y en el caso de los bancos es más claro porque ya ni siquiera tendrían acceso al Banco Central Europeo», aseguró Vazquez al canal.

Si bien Cataluña aporta el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de España y tiene una economía industrializada y exportadora, su mercado principal está en Europa: el 40 por ciento de sus ventas exteriores son al resto de España y otro 40 por ciento de sus ventas van al mercado interior europeo, es decir, el 80 por ciento de sus ventas al exterior las realiza en el marco de su participación en el Mercado Único.

En ese sentido, otra de las consecuencias económicas para Cataluña ante una salida del bloque regional no pactada, sería la de asumir una buena parte de la deuda estatal española, la imposición de tasas de impuestos a las exportaciones, lo que perjudicaría su competitividad en el mercado único europeo y el incremento en el ritmo de salida de bancos y empresas, deteriorando así el turismo y el consumo, dos de los principales ejes de su economía, y la hostelería, la venta de automóviles y el sector inmobiliario.

Sumado al complejo escenario económico en el que se encontraría la región, una salida no pactada supondría un no reconocimiento de casi toda la comunidad internacional y de la Unión Europea (UE), por lo que resulta probable que sea expulsado de la eurozona y no formaría parte del espacio de Schengen. Asimismo, supondría también la pérdida del acceso al mercado único y a los acuerdos bilaterales de comercio con países no integrantes de la UE, por lo que no podría participar más en los convenios establecidos con la mayoría de los países del mundo. Es decir, tendría que iniciar de manera independiente un marco de relaciones económicas con cada uno. Estas conversaciones podrían prolongarse un tiempo, por lo que, al menos, durante unos meses, dejaría aislada a la región.

De acuerdo a varios analistas, Cataluña además tendría que establecer un acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE) para mantener el uso del euro como moneda común y, en caso de no ser aprobado, se vería en la obligación financiera de producir su propia moneda.

En este punto, el presidente de la Unión Europea (UE), Donald Tusk, confirmo en esta jornada que el único interlocutor válido para el Consejo será España. Mediante su cuenta de Twitter, Tusk destacó que para la UE “nada cambia” con la declaración de República catalana. El funcionario también instó al Gobierno español a no optar por la fuerza contra Cataluña.

En ese sentido, el analista Carlos Martínez, criticó la posición de los medios de comunicación y al organismo europeo, que en otras oportunidades, en casos similares, al referirse a otras naciones, criticaba este tipo de acciones, mientras que en España era considerado legal. Martinez hizo referencia a lo sucedido en el caso de Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia cesó las competencias del Poder Legislativo, hecho que fue criticado por las instituciones europeas, «mientras que en España el Senado aprueba el artículo 155 de la Constitución», atribución que ni siquiera es «puesta en duda».