«Cuando una familia gasta $200 mil por hijo en textos escolares, hay una situación muy abusiva»: Colegio de Profesores por informe de la FNE

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer recientemente un informe preliminar de su estudio al mercado de los textos escolares en Chile, entregando como principal recomendación el ingreso de nuevas editoriales al sistema en el sector público y privado, con el objetivo de “bajar los precios” de las publicaciones.

En ese sentido, si bien la entidad señaló que el Ministerio de Educación (Mineduc) -que proporciona los textos al sistema público y particular subvencionado para que éstos sean entregados de forma gratuita a los estudiantes- «cumple con los requisitos de un buen estándar y una buena calidad de libros”, se cuestionó la concentración de las compras principalmente en dos editoriales: Santillana y SM.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó el pre informe de la FNE como «un avance, en el sentido que se reconoce que hay un mercado distorsionado y que, en definitiva, tiende a ser duopólico y que tiene precios desmesuradamente altos para lo que las familias tienen que invertir en textos escolares».

Mario Aguilar

En ese sentido, el dirigente agregó que esperan que «se tomen medidas correctivas por parte del Ministerio de Educación y que también la Superintendencia de Educación haga fiscalizaciones adecuadas». «Este es un verdadero negociado en donde son muy pocas las empresas las que están accediendo a él», apuntó.

Por otra parte, Aguilar advirtió que como Colegio de Profesores venían alertando desde enero sobre lo que ahora confirma la Fiscalía Nacional Económica, instancia que -dice- recoge varias de las medidas que ellos propusieron.

Sin embargo, el presidente de la organización gremial agregó que el avance en que se traduce lo señalado por la FNE resulta «insuficiente», considerando que «el Estado debe jugar un rol más activo en el tema de los textos escolares, asegurándose que su valor privado, el que no es comprado por el Ministerio, tenga un precio tope que no puede ser 40 veces más del que compra el Estado».

Junto con ello planteó que «debe asegurarse la prohibición derechamente de que los colegios que reciban textos escolares gratuitos pidan otros adicionales a los que entrega el Ministerio, o al menos debe estar regulado, tiene que haber una justificación bastante clara».

«Cuando una familia tiene que gastar 200 mil pesos por hijo en textos escolares, claramente hay una situación muy abusiva y por lo tanto esto debe seguirse regulando», concluyó Mario Aguilar, apuntando que esperan que la Fiscalía Nacional Económica «profundice sus conclusiones y su intervención».

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