domingo, febrero 23, 2020

El difícil aunque no imposible camino de la recuperación económica en Venezuela

El economista Manuel Sutherland -venezolano de izquierda y crítico del chavismo-, entrega sus "Perspectivas económicas para el 2020: análisis, alternativas y oportunidades." En el documento presenta sus reflexiones sobre el contexto económico mundial, así como sobre la situación en Venezuela, las dimensiones de su crisis económica y las posibles salidas a ella.

De forma sintética podríamos resumir algunas de las posibles tendencias a observar en el año 2020. Este devenir estimado, se construye con base a una probable continuidad de la senda por la cual transcurrió el país en el último año y que merece un análisis concreto. La extraordinaria dificultad que extraña la proyección en cuestión, dificulta en extremo la certeza que pudiera adquirir nuestra apreciación del comportamiento de las variables que examinamos en prospectiva. A pesar de ello, esperamos que este ejercicio sea útil a todo aquel que entiende que otro es país es posible y urgente.

“De la experiencia de una desmesurada catástrofe humana que ha durado demasiado tiempo debe nacer una sociedad de la que toda la humanidad se sienta orgullosa”

Nelson Mandela

1. Ámbito internacional:

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien nadie puede acusar de: “marxismo cultural”, ha advertido este 17 de enero de 2020 que la economía global corre un grave riesgo de sumirse de nuevo en una Gran Depresión, impulsada por la creciente desigualdad y una fuerte inestabilidad del sector financiero (Russia Today). La severa desigualdad en la distribución de los ingresos y las fuertes asimetrías en la riqueza, han alcanzado niveles récord.

La ampliación de la brecha de desigualdad económica que el economista Thomas Piketty ha explicado en obras como “Capital e Ideología” y el “Capital en el Siglo XXI”, se ha venido consolidando de manera dramática. Ello ha venido a dificultar severamente un mundo ahogado en una riqueza que ha producido en exceso, como diría Fourier. Lo que Marx llama ‘sobreacumulación de capital’ y ‘sobreproducción de mercancías’, amenaza con explotar en el mediano plazo. Es decir, hay demasiados capitales sobrantes; enormes montos que no pueden valorizarse en el mercado y que empiezan a deambular sin conseguir beneficios. El Banco Central Europeo lleva años prestando a interés cero, es decir, tasas de interés reales negativas. La Reserva Federal igualmente presta a intereses cercanos a cero desde hace años. Dichas operaciones de ampliación de liquidez tratan de “lubricar” los engranajes del mercado y evitar las crisis cíclicas que llevan años postergándose. Aunado a ese mustio horizonte, gravísimos problemas como la emergencia climática y el emerger de guerras comerciales (China vs. EEUU) amenazan con un futuro nebuloso para la relación social llamada ‘capital’.

El precio del más importante de los commodities, el oro, ha crecido en casi 400 % en los últimos diez años. La onza del dorado alcanzó la cifra de US$ 1.557,67, lo que puede indicar una tendencia a buscar un refugio sólido ante acciones y títulos que parecen dar rendimientos cada vez menores. El petróleo, a pesar del boom de precios experimentado en el cénit del conflicto Irán-EEUU, parece haber disminuido sensiblemente de precio hasta llegar a US$ 54,7; es bastante probable que el precio del petróleo pueda seguir disminuyendo y perder una buena parte de su precio actual, en lo que resta del año. La debilidad de la demanda puede venir aparejada con una sobre oferta petrolera, a pesar de los fuertes problemas que arrastran países exportadores como Siria, Irán, y por supuesto Venezuela. La Opep considera que la demanda puede incrementarse ligeramente. A nosotros nos cuesta ver que ese crecimiento se dé en el mediano plazo. El auge de las energías alternativas puede ser un factor de sustitución muy importante a tener en cuenta, más aún con los endurecimientos en las normativas que rigen el uso de combustibles fósiles, por sus dañinos efectos en el medio ambiente y el boost que conceden al cambio climático.

 2. Colapso macroeconómico:

Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del FMI, ha dicho que la contracción económica venezolana es la más alta de los últimos 50 años, en un país no afectado por conflictos bélicos o desastres naturales. El 2019 será, sin duda alguna, el sexto año consecutivo de caída del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. La actividad económica reflejó una contracción de 43%, según José Guerra, para el período 2018-2019. Partiendo de la última cifra del PIB publicada (I Trimestre de 2019) vemos un descenso intertrimestral (IV Trimestre 2018-I Trimestre de 2019) de -24 %. Este impresionante decremento se debió a la triada: caída en la exportación petrolera (desinversión más agudización de las sanciones), fuerte inestabilidad política (affaire Juan Guaidó) y un apagón eléctrico masivo de larga duración (días).

En nuestras estimaciones del PIB para el año 2019, creemos que la economía pudo haber descendido alrededor de un 6 % a lo largo del 2019, motivado fundamentalmente por el descenso paulatino en la extracción de petróleo (enero 2019-diciembre 2019) de 39 %, según fuentes secundarias dadas a la Opep. Sin embargo, creemos que las medidas económicas de liberalización, apertura y flexibilización de controles, pudieron haber ayudado a frenar un poco esa caída. Siendo moderados, es normal pensar que el PIB de 2019 pudo haber disminuido en un catastrófico: 30 %. Ello significaría que la caída acumulada del PIB para el período 2013-2019 alcanzaría la cifra de 67 %. Tal indicador nos ubicaría en el puesto número nueve entre las crisis económicas más destructivas del mundo en los últimos 70 años. En 2020 Venezuela entrará en su séptimo año de contracción económica, según Asdrúbal Oliveros. Según el FMI, la economía venezolana se reducirá en 2020 hasta en un 10%, la mayor caída de entre todos los países del orbe (BBC).

En el sector comercial parece haber una inesperada sensación de bonanza, según Fedecamaras puede que en 2020 se presente: “un resurgimiento de la economía influenciada por las fuerzas del mercado” (BBC). Si bien es cierto que Venezuela todavía puede seguir decreciendo, si políticas económicas progresivas no entran en escena con mucha mayor fuerza, es bastante posible pensar, de acuerdo a nuestras prospecciones, que el PIB puede subir ligeramente este año 2020. De operarse ciertas aperturas en el área petrolera, y sobre todo en el sector gasífero que diariamente quema más gas que lo que exporta Bolivia.

3. Dolarización informal en ciernes y desastre monetario

La firma Ecoanalítica supone que más del 53% del total de las transacciones en el país se realizan en divisas (BBC). Aunque a nosotros nos parezca exagerado, es notorio el auge de la utilización de divisas en la economía, y cómo muchas personas están guardando divisas en efectivo en sus casas (El Nacional). Por todo ello, es muy probable que de alguna manera el Gobierno legalice la apertura de cuentas en divisas, que poco a poco se abrirán paso a la posibilidad de intercambios intrabanco, y luego interbanco, en aras de tratar de abaratar los costos de las remesas y facilitar (por motivos tributarios) las transacciones en el ámbito bancario nacional. Dichas transacciones podrían ser sujetas a impuestos indirectos como el Impuesto al Débito Bancario (IDB) o el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Posiblemente se avance en solucionar problemas relativos a la cambiabilidad de las divisas como medio de pago. Todo ello devendría en una formalización de una circulación bimonetaria, en la cual el dólar sirva para pagos de montos elevados y el bolívar para montos chicos. El petro como experimento aún parece demasiado enrevesado para una implantación masiva. Ni hablar que su creación inorgánica funciona exactamente igual que el dinero fiduciario y en su despliegue demuestra el mismo efecto inflacionario. Sin embargo, el petro puede erigirse como una unidad de cuenta con motivos puramente tributarios. Es decir, el gobierno prevé otro año de inflación alta y considera que anclando los cobros de los servicios públicos al petro (a su vez indexado con el tipo de cambio bolívar-dólar) podría de alguna forma conjurar los efectos negativos en la tributación, que su propia política monetaria inflacionista le imprime a la economía.

El feroz encaje legal de 100 %, más el tosco encaje marginal de 60 %, tiene a la banca completamente amarrada. Estas medidas restrictivas han destruido por completo la capacidad de ésta para ofrecer créditos. Sin préstamos no puede haber apalancamiento financiero posible para ninguna actividad económica y no puede haber créditos al consumo. Por ello es imposible recuperar a la economía si esta situación no cesa. En ese sentido vemos que el multiplicador bancario en los últimos cuatro meses del año 2019 se situó en 1,04; con lo cual por cada bolívar emitido por el BCV, la banca (privada y pública) apenas otorgó cuatro centavos en crédito. El multiplicador bancario oscilaba entre 3,5 y 4 hace unos poco años. Esta situación parece haber llegado a un punto de extrema preocupación ya que asfixia a un sector muy importante en la economía.

Las Reservas Internacionales (RI) ahora solo alcanzan a alrededor de $ 800 millones en efectivo y otros $ 200 millones adicionales en otros activos líquidos (Panorama). Otros US$ 5,2 millardos están expresados en oro, que por las sanciones se hace muy difícil de enajenar, y que, de hacerlo, trae consigo una trama muy poco transparente de operadores y comisionistas (que como pasa con la comercialización petrolera bajo sanciones) que inflan costos, y diluyen el beneficio a la nación por todas las actividades que se realizan en las sombras. Según Bloomberg, el país posee en RI la cantidad más baja desde julio de 1989. Las RI también incluyen aproximadamente US$ 400 millones de los derechos especiales de giro que están enganchados en el FMI, y que serían esenciales para emplearlos en ayuda humanitaria. Ayuda real, es decir, no para la corrupción consuetudinaria ni para promover insurrecciones militares. Todos esos recursos deberían ser inmediatamente puestos por una comisión internacional y una subcomisión mixta nacional, al servicio de atender las grandes falencias que atacan a la población más vulnerable. Tristemente no hay voluntad política en los bandos en disputa para llegar a acuerdos humanitarios.

4. Petróleo y oportunidades de crecimiento y recuperación

La extracción petrolera cerró en alrededor de 687.000 barriles diarios, lo que denotó una contracción acumulada de 40,2 % respecto a diciembre de 2018 y de 41,3 % con relación a octubre de 2018. La extraordinaria crisis petrolera, fuertemente agudizada por las sanciones, se debe a factores concretos como: corrupción extrema, subsidios extremos, bajos salarios, éxodo laboral y fuerte desinversión. Aunque es previsible que esos problemas de alguna forma se atenúen, lo más probable es la continuidad de una apertura petrolera que ofrezca más ventajas y garantías a la inversión. Una liberalización progresiva que haga más atractiva la extracción de petróleo para las transnacionales que puedan (como muchas otras) esquivar las sanciones. Ello no traería consigo una retracción de la fuerza productiva de PDVSA, más bien podría incrementarla en el corto plazo. Todo ello sería factible si se logra resolver la compleja trama jurídico-burocrática que frena a la inversión.

La posibilidad de vender petróleo a futuro, titularizar el petróleo de algunos campos y hacer joint ventures con los muchos inversionistas que se quieren acercar, es una alternativa que procesos burocráticos y una pesada legislación frenan. Con sólo llevar al mercado bursátil el 10 % de las reservas probadas de petróleo convencional (ligero, mediano, etc.) Venezuela podría obtener alrededor de 240 mil millones de dólares. Eso sería alrededor de cinco veces el lacónico PIB de 2019, un verdadero milagro económico surgiría. Ello haría innecesario acudir a organismos multilaterales y daría un gran piso para una auditoría de la deuda, con una renegociación exitosa. De nuevo,  parece no haber voluntad política para impulsar medidas económicas concretas. El Gobierno de Estados Unidos renovó licencias que le permiten a la petrolera Chevron y a empresas de servicios asociados como: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International seguir realizando actividades económicas en Venezuela. Por tanto, decimos que las sanciones no impiden realizar importantes acuerdos para realizar inversiones cuantiosas en el país. Incluso el BCV fue liberado de sanciones que le prohibían contactos formales con multilaterales; ello abre una ventana de posibilidades muy interesantes. Claro está, lo ideal sería la eliminación total de las grotescas sanciones económicas que asfixian a la economía y que son completamente inútiles para el cambio político. Desgraciadamente eso no parece factible en el horizonte cercano. El propio presidente de la muy opositora Fedecamaras, afirmó que las sanciones económicas tienen el mismo efecto destructivo que las expropiaciones masivas que, según ellos, promovió el gobierno a partir de 2007.

Como guinda al pastel que promete aperturas y liberalizaciones, Bloomberg ha filtrado información relativa a conversaciones del gobierno bolivariano con Rosneft (Rusia), Repsol (España) y ENI (Italia), que giran en torno a otorgar participaciones mayoritarias y el control de fragmentos importantes de la industria petrolera. La idea sería transferirles propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la enorme deuda de Petróleos de Venezuela SA. Se podría estar tramando una privatización oscura y corrupta, al estilo de los saqueos posteriores a la caída de las economías centralmente planificadas de Europa del este, en la cual activos mil millonarios se rematen a precios viles. Ello podría ser también una substanciosa oferta para los lobbies petroleros colindantes a la administración Trump. Las reuniones del afamado abogado de Trump, Rudolph Giuliani, con empresarios cercanos al gobierno y del ámbito energético, podrían ser una señal. Es decir, puede que PDVSA sea una pieza, apetecida e interesante, de una negociación política ante la crisis nacional y bisagra de una posible transición que iniciaría de una manera nefasta para el futuro del país.

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La minería avanza a lamentables pasos en el sur del país. En el sur se desarrolla el funesto Arco Minero del Orinoco (AMO); ahí se realiza un sanguinolento (Costa del Sol) combate entre grupos irregulares armados por el control de la explotación de una riqueza mineral que escasamente tributa al fisco. La enorme contaminación de la mega minería a cielo abierto y la minería artesanal con mercurio, destruye grandes reservas ambientales completamente irrecuperables. Contamina agua dulce y aniquila hábitats que en su proyecto integral, ocupa un área casi tres veces del tamaño de Holanda. El cierre completo de esas actividades es imprescindible. Una recuperación de la industria petrolera, a niveles mínimos, sería mucho más beneficiosa que el ingreso fiscal que en el mejor de los casos se pudiera recibir en el AMO. Ni hablar que la destrucción ambiental sería mucho menor.

 5. Mercado inmobiliario, comercio y soluciones bursátiles

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El mercado inmobiliario parece tener un auge substancial, aunque obviamente muy lejano al boom visto en tiempos de otrora. Luego que el PIB en el sector construcción decreciera en un asombroso 97 % (BCV) para el período 2013-2018, es más que probable que este indicador haya mejorado, por el tan cacareado “efecto rebote”. El asunto es que la demanda de inmuebles y oficinas de lujo y de locales comerciales de gran tamaño, podría ser aún muy baja. La construcción pudiera estar más asociada a una inversión enfocada hacia el futuro, aprovechando la baratura relativa de la construcción en el país, por los bajos salarios, el elevado subsidio a los servicios y la excepcionalidad fiscal que implica el pago de impuestos en bolívares cada vez más endebles.

El ámbito comercial pareciera experimentar una cierta expansión que en 2020 debería, si los incentivos se expanden, sostenerse. El negocio del comúnmente llamado “bodegón” no representa nada más que la expresión de un severo proceso de desindustrialización postrentístico, y por ende, una trágica caída en la escala productiva. Cientos de mercancías que en el país se producían a buen precio, ahora se importan y se venden como artículos de lujo a montos mucho más elevados que los que tenían cuando en el país se fabricaban. Por lo anterior, y por los beneficios tributarios que ahora reciben, el “bodegón” no es propiamente expresión de progreso o recuperación. Es apenas una forma en la cual se tratan de captar las divisas que ingresan al país por vías no convencionales. Aunque aún parece lucrativo como negocio, podría estar llegando a su techo de rentabilidad en un período no muy lejano. El incremento en la cantidad de bodegones parece ser un tanto excesivo, ya que atienden a una demanda solvente muy reducida. Una recuperación gradual de las industrias locales, podría reducir drásticamente el margen de beneficios en ellos. Si aún lo anterior estaría lejos de activarse, una creciente competencia podría atacar aún más los ingresos a los ingresos posibles. Inversiones en el área productiva podrían ser mucho más atractivas en estos momentos, dadas las mismas condiciones favorables que el sector inmobiliario ostenta.

La inversión en el mercado de valores parece ser un territorio bastante llamativo para que las empresas puedan financiarse a bajo costo y de manera expedita. Ante la tremebunda escasez de dinero y las trabas ligadas a un desmedido encaje legal, el sector bursátil ofrece alternativas atractivas. La capitalización de las empresas venezolanas es prácticamente nula. Menos del 1,25 % de su capital está titularizado. En países como Chile es más del 100 %. Por ende, un proceso de apertura bursátil agresivo podría ser un factor coadyuvante en la recuperación económica, si se ofrecen los estímulos correctos y las engorrosas trabas burocráticas estatales se reducen drásticamente. La apertura de acciones tipo B o C en las industrias hidrocarburíferas, podrían ser una muy valiosa fuente de inversión. Si con prisa el mercado abre espacios a las emisiones en divisas, el crecimiento pudiera ser exponencial. Legalmente, esta posibilidad es completamente viable gracias al convenio cambiario número 1.

 6. Hiperinflación e indexación salarial

Para el año 2019 la inflación anual según la comisión de finanzas de la AN fue de 7.374,4 % (AN), y la inflación alcanzada en diciembre de 2019 fue de 33,1 %. El número es escandalosamente elevado y por muy lejos el peor resultado del planeta; la inflación mundial fue de apenas 3,48 % (Statista). A pesar de ello, el guarismo de 2019 es mucho más bajo (99 % menor) que la inflación de 1,6 millones por ciento que estimó la AN para el año 2018. Este año 2020, salvo por el inicio confuso (e inflacionario) que trajo el petro, la inflación debería ser más baja, si la tendencia del Gobierno se reafirma y la emisión alocada de dinero para cubrir el déficit fiscal se reduce. Este año 2020, en la segunda semana, el Gobierno ha disminuido en un importante 2,76 % la Liquidez Monetaria, lo que ha controlado el disparar del tipo de cambio, que fue motivado a un más que esperado incremento de 205 % en la base monetaria en los últimos cuatro meses de 2019. Ello trajo consigo un incremento del dólar paralelo en 250 % en ese mismo período. Un sobreajuste en el tipo de cambio, impulsado por la mar de comerciantes tratando de comprar divisas con los bolívares “creados” a través de la repartición de millones de petros.

Nuestras estimaciones de la inflación del año 2019 nos ofrecen resultados mucho más moderados que los que brinda la AN. Si la inflación se repite a un ritmo similar en los últimos meses del año, digamos a los tres meses previos, la inflación arrojaría un 3.921 %, aproximadamente. Si la inflación se comporta de forma similar a la expansión de la liquidez monetaria, la inflación de 2019 sería de 4.943 %. Ambos guarismos parten de la inflación oficial que el BCV reflejó hasta septiembre. El incremento porcentual en el tipo de cambio fue de 6.217 %, lo cual parece indicar que la inflación final del año 2020 podría estar en alrededor de cinco mil por ciento, si el comportamiento es similar al del año 2017.

Si los aumentos de salario son muy bajos (US$ 3 ó US$ 4 adicionales al mes, por incremento) y si el gobierno continúa con la política de ofrecer reducidos bonos a través del carné de la patria, como compensación por el escueto salario, es probable que la ampliación en la base monetaria sea considerablemente menor en 2020, por ende, la inflación también debería ser más baja.

Lo ridículamente bajo del salario es un tenebroso incentivo a la inversión productiva con miras a la hechura de productos de manufactura simple y con orientación a la exportación. Lo indigno del salario ha hecho que muchos entes privados paguen muy por arriba del sueldo mínimo. Sin embargo, en el sector público la rigidez salarial es tremenda; millones de personas devengan remuneraciones míseras y tienden a abandonar masivamente sus cargos y luego a migrar. La emigración amenaza con alcanzar los seis millones de venezolanos, diríase, un 20 % de la población total, una exportación del bono demográfico descomunal, que a su vez ha causado una fuerte escasez de mano de obra calificada en muchos ámbitos. Esa situación ha acentuado un terrorífico deterioro en la educación y atenta gravemente contra el futuro de la nación. Miles de profesores y maestros han renunciado y los que quedan trabajan sin materiales para impartir conocimiento. No hay actualización tecnológica ni impulso a las carreras técnicas. Se dejaron de dar becas por concurso y sólo hay algunos beneficiados por la vía del clientelismo político.

Una propuesta relativa a la indexación salarial se hace cada vez más necesaria. El salario se podría ajustar cada mes, en la misma variación que el tipo de cambio expresa. Algo similar podría darse si se pagan los salarios en petros y éste es plenamente convertible a bolívares o divisas en un mercado completamente transparente, libre y abierto. Pero para que ello suceda, ha de correr bastante agua por el río. Igual es en el ámbito sindical; ahí hay miles de contratos colectivos vencidos, encarcelamiento de sindicalistas que protestan (Rubén González, Rodney Álvarez, entre otros) y un rosario de violaciones flagrantes a los derechos laborales más elementales. Esta situación es gravísima.

7. Presupuesto nacional y contracción procíclica

El último presupuesto aprobado por la AN fue en 2015, para el período 2016. De ahí en lo sucesivo no ha habido publicación detallada del presupuesto nacional. Los economistas que publican dígitos relativos al déficit fiscal, ofrecen estimaciones gruesas. Aunque todas ellas concuerdan en que los déficit fiscales ciclópeos (de más de dos dígitos) se han reducido notoriamente, gracias a una mengua tremenda en el gasto público. Dicha rebaja es muchísimo más dramática que cualquiera que hubiera sugerido el halcón más liberal del FMI. Esta acción refuerza el ciclo recesivo de la economía y empeora gravemente su capacidad de recuperación. En circunstancias de crisis, lo necesario es aplicar medidas contra cíclicas que estimulen a la economía, que la calienten. Las medidas contractivas congelan aún más a los más impávidos números de decrecimiento, empeoran la situación, como ya se ha visto en muchos casos de economías “rescatadas” por organismos multilaterales.

En esa onda contractiva vemos que el “esbozo” de presupuesto de la nación para 2020 afirma que será apenas de US$ 5.439 millones (Crónica Uno); lo presentado no está desglosado, fue más un bien un “anuncio” que no ofrece información estadística de utilidad. Aunque la Vicepresidente afirma que es 41 % más alto que el del año 2018 y que se invertirá el 75 % en “inversión social”, es de hacer notar que ese bosquejo de presupuesto, es quizás 10 veces más bajo que el presupuesto de 2011. En una Venezuela de extrema pobreza, esto trae consecuencias de dolorosa gravedad. Podríamos estimar de manera conservadora que la economía actual es la mitad de lo que era en 1998. Partiendo de lo anterior, diríamos que el PIB en 2019 amerizó en 45 mil millones de dólares. Casi lo mismo que la economía boliviana y muy lejos de los 60 mil millones de dólares de la economía uruguaya, que tiene diez veces menos población que Venezuela. Aún así, el gasto público presentado a la ANC sería de apenas un 12,5 % del PIB. Mucho más bajo que el promedio mundial: 26,6 % (Banco Mundial). Obviamente, el 12,5 % es mucho más chico que el promedio del gasto público como porcentaje del PIB en la Unión Europea, que alcanza el 35,8 % (Banco Mundial).

Es preocupante que la crisis energética se barra por debajo de la alfombra. La crisis de generación eléctrica no es más severa porque la extracción del petróleo y la producción industrial son alrededor de 80 % más bajas en que en el 2011. Una posible reactivación sería imposible si no se genera energía suficiente. En estados más allá de la capital, los racionamientos de luz planificados son extremadamente severos, y peor aún, ya ni siquiera se corresponden con el cronograma, en muchos sitios sobrepasan las 4, 6, 12 y hasta 24 horas sin luz. Así es imposible trabajar. Lo mezquino del presupuesto no alcanza para invertir en la infraestructura mínima que la energía requiere. Esto es gravísimo.

La crisis en la salud requiere ingentes recursos que un presupuesto tan rácano no puede abarcar. El blackout hospitalario es realmente alarmante. Escasean materiales tan sencillos como: gasas, vendas e inyectadoras. No hay fármacos disponibles y los millones de empleados públicos tienen pólizas de salud que “cubren” gastos de salud equivalentes a cuatro dólares; simplemente indignante e inaceptable.

Corolario y elegía

La inestabilidad política e inseguridad jurídica parecen cabalgar con comodidad. Los embates entre ambos bandos políticos parecen dejar daños colaterales que todos subestiman. La mentalidad de: “hay que sacrificarse para que yo siga en el poder», o «no importan los daños, lo importante es que yo acceda al poder”, se reafirma desconsoladamente en el espacio. Ello es una traba formidable para la recuperación de la economía, y para la consecución de un acuerdo social donde las partes depongan sus intereses personales en aras de las necesidades del país. La política de “tierra arrasada” reina en los débiles cerebros amigos de las soluciones salvajes. Aspiramos, sin evidencia alguna, a que el entendimiento y la razón puedan erigirse entre un océano de barbarie, riñas estériles y pírricas “victorias”.

Por Manuel Sutherland

Director de la Firma Algoritmo y del Centro de Investigación: CIFO

Publicado originalmente el 6 de febrero de 2020 en alemcifo.

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