El documento confidencial de FMI

Nuevamente el Fondo Monetario Internacional hizo un análisis crítico de la forma como se ha enfrentado por el Eurogrupo la crisis de la eurozona.  El año pasado puso el acento en que los efectos  de las políticas de austeridad habían sido muy superiores a los previstos, al subestimar la magnitud de los multiplicadores fiscales.  Ahora efectuó un estudio crítico de los rescates de Grecia en los años 2010 y 2012.  Destacando, de una parte, que las consecuencias negativas experimentadas por la economía helénica y su población fueron muy superiores a las que había estimado:  la economía entró en una depresión de larga duración y los niveles de desempleo alcanzaron niveles estratosféricos, especialmente en la juventud.  De otra, que la demora en acordar la reducción de las acreencias privadas, postergadas hasta el segundo rescate, permitió que los bancos e instituciones financieras redujeran violentamente su exposición, trasladando el riesgo a los contribuyentes de los países de la eurozona y al propio Fondo.  Los objetivos actuales planteados a Atenas continúan siendo irreales y exigen nuevos sacrificios a la población.  En los objetivos funcionales del FMI está “contribuir a un nivel elevado de empleo y reducir la pobreza”.  Sus propuestas han ido habitualmente en dirección contraria.  Se daría un paso adelante si su análisis crítico los lleva a la práctica y no sigue impulsando las mismas políticas.  El descontento ciudadano volvió a expresarse en Grecia en estos días luego del cierre de la televisión y radioemisoras estatales.

 
The Wall Street Journal (TWSJ) divulgó un documento interno del FMI, calificado de “estrictamente confidencial”, en el cual se analiza críticamente los rescates de Grecia, en los cuales el organismo internacional participó concediendo préstamos por un total de US$47.000 millones, el mayor financiamiento otorgado en relación a un país del tamaño de la economía helénica.  Al trascender el estudio, el FMI procedió inmediatamente a hacerlo público con algunas correcciones al divulgado por la publicación norteamericana, que tenía aún un tono más crítico.

El documento efectúa un balance de los rescates y las políticas “recomendadas” a aplicar.  El primero de los rescates fue otorgado sin atenerse a las exigencias establecidas por el propio organismo para concederlos, al no cumplir tres de las cuatro condiciones impuestas con este fin.  En los tres años transcurridos desde el primer rescate, altos directivos del Fondo sostuvieron reiteradamente que la deuda fiscal del país era “sostenible” y se cancelaría completamente en el tiempo previsto.  Sin embargo, el informe dado a conocer califica la incertidumbre existente en torno al rescate de “tan considerable que su personal no podía garantizar que la deuda pública fuese sostenible con una alta probabilidad.  Dos ex altos funcionarios  dijeron que el consejero general, Sean Hagen –detalla TWSJ-, advirtió en repetidas ocasiones a mediados de 2010 que el programa de rescate griego bordeaba el incumplimiento de las normas (…)” (06/06/13).

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, justificó la participación manifestando que, a pesar de no cumplirse con las normativas del organismo, “sin embargo había una necesidad apremiante (de hacerlo) al momento del respaldo”.  Si el Fondo no hubiese modificado sus reglas –añadió- “probablemente habría significado un apoyo nulo” del organismos internacional, añadiendo que el informe divulgado “probablemente nos llevaría a reevaluar las excepciones a los criterios de acceso excepcional” (a fondos) (06/06/13).

En el balance efectuado se afirmó que con el primer rescate, en el año 2010, se habría conseguido evitar la quiebra de la economía griega y contener el contagio.  Los hechos al mismo tiempo muestran que con las políticas impuestas que lo acompañaron se hundió a Atenas en una depresión, con caídas en las actividades económicas que se prolongan por seis años y elevadísimas tasas de desempleo,  aún más altas en la juventud.  Su previsión al momento de ponerse en marcha el primer rescate fue que entre los años 2009 y 2010 el producto solo caería en un 5,5% y la tasa de desempleo llegaría a un 15% de la población activa.  Las consecuencias negativas fueron extraordinariamente más graves[1] y el contagio a otros países se produjo conduciendo a nuevos rescates.

El documento constata nuevamente que se subestimó las consecuencias  adversas de las políticas de austeridad impuestas dogmáticamente desde Berlín y Bruselas, avaladas por el Fondo.  Esta conclusión ya resultó indiscutible cuando durante su asamblea semestral de otoño 2012 se hizo público el informe, que contó con la activa participación de su economista jefe, Olivier Blanchard, en el cual se recalculó el efecto multiplicador de las políticas fiscales contractivas sobre la demanda, y por lo tanto del producto, impuestas como condición para los rescates y difundidas como opción de política para el conjunto de los países de la Unión Europea[2].

Sin embargo, se acentuó las políticas regresivas.  “Los objetivos fiscales –constató el informe- se volvieron incluso más ambiciosos, una vez que la recesión sobrepasó todas las expectativas”.  Durante 2013 se “flexibilizó” el proceso de reducción de los déficits fiscales en varios países, cuando era evidente su no cumplimiento por la trampa presupuestaria que se produce cuando se busca disminuirlos reduciendo el gasto público y aumentando impuestos al caer la actividad económica, y en consecuencia los ingresos presupuestarios, junto con actuar los estabilizadores fiscales automáticos.  Sin embargo, se mantienen plenamente vigentes los objetivos de reducción de los déficits y de la deuda pública establecidos en el Pacto Fiscal acordado por la Unión Europea, a propuesta ante todo de Alemania.  El documento (…) es también una protesta –escribió Wolfgang Münchau, analista de Financial Times- contra la política europea del consenso.  Es la primera vez –destacó- que una institución oficial se suma” (11/06/13).

El informe igualmente criticó la demora en adoptar acuerdos de reducción en las acreencias privadas de la deuda soberana helénica, explicitando que no se logró hacerlo por la abierta oposición  en la eurozona a ponerlo en práctica cuando su necesidad era ya evidente.  “Una reestructuración de la deuda pública desde el principio –constató el documento del FMI- hubiese sido mejor para Grecia, aunque no era aceptable para los socios europeos.  El retraso permitió  –explicó- a muchos inversores privados reducir su exposición, y trasladar la deuda a inversores públicos.  Esta transferencia –concluyó- fue relevante y limitó la quita a acreedores privados en 2012, durante el segundo rescate”.  Así cambió la composición porcentual de los acreedores desde bancos y otras instituciones financieras dejando con la mayor parte de la obligación en caso de no cumplimiento a los contribuyentes de la eurozona y al propio Fondo.  El documento puntualiza que la resistencia a actuar antes  provino principalmente desde los bancos, ante todo alemanes y franceses que tenían en su poder elevada deuda emitida por Atenas, así como de otros países o sistemas bancarios que enfrentan grandes dificultades.  El FMI, manifestó el académico de la Universidad de Heidelberg, Axel Dreher,  “ha estado claramente permeado por el lobby de la industria financiera la que (…)  incluso es sabido que ha influido los paquetes de salvatajes bancarios” (10/06/13).

El año 2009, la deuda pública griega no alcanzaba al 130% de su PIB.  En 2011, luego del primer rescate, había aumentado a 170% de su producto, después siguió creciendo.  El objetivo actual es reducirla hacia el año 2020 a un 124% del PIB y llevarla “sustancialmente por debajo de 110% del producto en el año 2022”.  En ese momento habrán transcurrido doce años desde el primer rescate.  El fracaso de las políticas impuestas es demasiado elocuente.  Por lo demás, como señaló también Münchau, “la meta de 124% del PIB es arbitraria, porque no hay una razón económica para esta cifra, e ilusoria porque los inversionistas ya no consideran la deuda griega como soberana”.

  El FMI propone que los acreedores europeos –que ahora son prioritariamente los gobiernos de la eurozona-  deberían considerar acelerar el alivio de la deuda soberana griega.  Desde luego, nada dice de cuál podría ser la contribución del propio Fondo.  Su conclusión es que la Comisión Europea ha tenido “un éxito muy limitado en desarrollar reformas estructurales y no tiene experiencia en la gestión de crisis”.  Olvida que las políticas resueltas son propiciadas por la “troika” compuesta por el Eurogrupo, el Banco Central  Europeo y el FMI y que ese mismo esquema este año funcionó, en lo fundamental, en el rescate de Chipre.

La Comisión Europea (CE) se apresuró en rechazar las críticas, explicitando que “no está de acuerdo con algunas de las conclusiones del informe” y sobre las  carencias en materia de reformas estructurales expresó que el FMI está “simplemente equivocado y no tiene fundamento”, agregando, en oposición a los hechos, que la CE “ha sido una gran impulsora tras la parte de reformas estructurales del programa.  Hoy –añadió- el programa está en buen camino y hay claros signos de estabilización y de confianza en Grecia” (07/06/13).  El portavoz del FMI en Nueva York, Gerry Rice, buscando evitar un enfrentamiento con la CE consultado sobre su opinión respecto al documento del Fondo, manifestó  que “cada institución debe hacer su propio análisis”, valorando el trabajo conjunto efectuado en la “troika”, fuertemente cuestionada en los países en donde se cumple con sus “recomendaciones”.

“La cuestión –escribió Joaquín Estefanía- es qué tipo de responsabilidades adquieren los políticos, los tecnócratas y los científicos sociales que les acompañan  intelectualmente en sus decisiones, cuando sus equivocaciones generan tanto sufrimiento a la gente.  Este es el asunto central –concluyó, con razón-  que se desprende del documento del Fondo Monetario Internacional (…) sobre la intervención de la troika en Grecia desde el año 2010” (10/06/13).  Ya lo había señalado Joseph Stiglitz en 2002: “De todos los desatinos del FMI, los que han sido objeto de más atención han sido los relativos a las secuencias y los ritmos, y su falta de sensibilidad ante los grandes contextos sociales”.  Lo que es muy grave para un organismo cuyo objetivo, entre otros, es “contribuir a un nivel elevado de empleo y reducir la pobreza”.

Las protestas masivas en Grecia en contra de las políticas impuestas por la “troika” volvieron a registrarse al cerrarse sorpresivamente por el gobierno la radio televisión pública ERT (por su sigla en griego).  El cierre afectó a cuatro canales de televisión y 29 radios.  Las dos principales organizaciones sindicales efectuaron el día 13 un paro de 24 horas, el tercero en lo que va transcurrido de 2013.  Los trabajadores de ERT se atrincheraron al interior de sus instalaciones y transmitieron a través de internet.  La CE cuestionó los cierres dispuestos, dado que su financiamiento no se efectúa con cargo al gasto público sino de los consumidores.  El presidente de la Unión Europea de Radiodifusión, Jean-Paul Philippot, viajó a Atenas demandando al gobierno de Samarás “que dé marcha atrás en su decisión, reestableciendo la señal”.  La política privatizadora y la fuerza de las protestas se expresaron al interior de la coalición de gobierno.  Pasok e Izquierda Democrática están en desacuerdo con la medida de clausura adoptada por el primer ministro.  Para el máximo dirigente de Syriza, Alexis Tzipras,  la determinación constituye “un golpe para la democracia” (13/08/13).  En verdad, otro más.

Ante las protestas generalizadas, Samarás propuso reabrir parcialmente la televisión pública, con un pequeño número de trabajadores y transitoriamente hasta la constitución de un nuevo ente público.  Sus dos partidos aliados en la coalición gubernamental, Pasok e Izquierda Democrática, consideraron la propuesta del primer ministro insatisfactoria, pronunciándose a favor “de una reestructuración de ERT”, pero con la radio televisión funcionando (15/06/13).

Por Hugo Fazio

El Ciudadano