El tejemaneje de Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas

El sistema de control de “cascadas” de la Sociedad Química y Minera de Chile, encabezado por Julio Ponce Lerou, se estableció en los años de dictadura.  A pesar de los constantes cuestionamientos que se le han efectuado subsiste hasta el día de hoy.  Es un mecanismo que permite el manejo de considerables recursos de terceros por los controladores y permite oscuras operaciones entre empresas relacionadas.  Es inconcebible que haya subsistido durante un período tan largo sin que fuese sometida a las regulaciones que existen para este tipo de empresas en otros países en que se las deja existir.  En los hechos, como suele suceder, fue  la pugna entre poderosos intereses económicos que sacó el tema de las penumbras en que se le deseó mantener.  La situación de la minera no metálica se complicó cuando desapareció el cartel internacional que mantenía elevado el precio del cloruro de potasio que representaba un alto porcentaje de sus ingresos globales.  La situación financiera de SQM y sus filiales es complicada, además, por la caída de su cotización bursátil cuando los préstamos bancarios obtenidos y los bonos colocados tienen como garantía sus acciones devaluadas.  Pretender efectuar juntas de accionistas para capitalizar a las “cascadas” cuando sus balances se encuentran cuestionados está contra principios elementales  de transparencia.

Los cargos presentados por la  Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra cuatro ejecutivos de la sociedad Química y Minera de Chile (SQM), incluido  su presidente Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet, con responsabilidades en la estructura de cascada que permite su manejo y control, puso nuevamente en el tapete público su existencia.  Se trata, según señaló la SVS, de “un esquema estructurado que no habría perseguido el interés social de las sociedades cascada y habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo” (11/09/13).  Esta organicidad, declaró el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, “da espacio a situaciones que pueden ser controvertibles (…).  Es un tema –acotó- que en otras partes se regula de otra manera o no está permitido” (12/09/13).  Reconociendo así en los hechos la débil regulación a que esta estructura ha estado sometida por décadas.

Las “cascadas” constituyen un cuestionable mecanismo de centralización financiera, al colocar a disposición de los controladores, en este caso Julio Ponce Lerou, recursos de terceros, entre ellos  ahorros de los imponentes en el sistema de administradoras de fondos de pensiones, y efectuar operaciones entre empresas relacionadas, que fueron las cuestionadas por la SVS, al realizarse transacciones en las que se vendían acciones de firmas relacionadas por debajo de su cotización en el mercado accionario, para luego traspasársela de vuelta a la “cascada” por encima de ese nivel.

El accionar de las “cascadas” ha vulnerado los derechos de accionistas minoritarios, entre las cuales como ya señalamos están las AFP, o mejor dicho los imponentes del sistema.  Las evidencias sugieren –escribió el economista Sebastián Edwards, profesor de la UCLA (EE.UU.)- “que los controladores de SQM y sus holdings matrices, también llamadas compañías cascadas, realizaron una serie de transacciones bursátiles que afectaron negativamente el patrimonio de los accionistas pequeños.  Pero eso no es todo –añadió-, cuando los solicitantes de éstas solicitaron información y exigieron explicaciones, los controladores las negaron” (14/09/13).  Ante los cargos efectuados por la SVS, Julio Ponce y los otros ejecutivos notificados deberán explicar acciones que con anterioridad se negaron reiteradamente a hacerlo.

La SVS se demoró en actuar.  Desde comienzos de 2012 seguía de cerca el accionar del holding.  En abril de 2012  dio a las “cascadas” un plazo de diez días para revisar y remitirle nuevamente sus estados financieros.  Observando  “(…) el efecto contable de transacciones a las que se les dio  un tratamiento que implicó una revalorización de parte de sus inversiones accionarias en  SQIA con un efecto en resultados de aproximadamente US$235 millones”.  Esas operaciones dieron inicio a una querella presentada por el accionista minoritario Roberto Lobos.  La acción de la Superintendencia fue calificada por el abogado Mauricio Daza, representante de accionistas minoritarios,  de “tardía e incompleta”, dado que en el manejo de las “cascadas” que se conocía hace tiempo “no hay simples faltas administrativas que pueden ser sancionadas con la aplicación de determinadas multas (…).  Nosotros –enfatizó Daza- creemos que aquí existen hechos que constituirían delitos” (12/09/13).  Por su parte, el abogado defensor de Julio Ponce argumentó que “la SVS conoció y aprobó, en su caso, todas las operaciones que hoy se cuestionan” (15/09/13).

En mayo, la superintendencia ordenó a las “cascadas” Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, reversar operaciones que llevaban a generar utilidades por US$235 millones, precisamente por tratarse de ganancias producto de “transacciones bursátiles entre empresas relacionadas”.  Es decir, las conductas observadas no constituían un hecho nuevo.  Fernando Coloma ha declarado que se requerirán aproximadamente unos seis meses más para concluir su investigación que abarca el lapso 2009-2011.

En la junta de accionistas de Oro Blanco del 31 de julio del año pasado, el socio de Moneda Asset Management, Pablo Echeverría, criticó el accionar del directorio, efectuando cuestionamientos de operaciones efectuadas en 2011 y años anteriores.  Presentando un caso concreto de operaciones entre empresas relacionadas que le generó a Inversiones SQYA, la matriz del holding,  utilidades por $39.707 millones.  Posteriormente, el fondo de inversiones amplió sus denuncias.

El 20 de agosto de 2013, Julio Ponce envió una comunicación a la SVS informando de tres medidas a adoptar urgentemente luego de la decisión adoptada por la empresa rusa Uralkali de poner fin al cartel que mantenía con la bielorrusa Belaruskali en Belarus Potash Company (BPC), que mantenía elevadas cotizaciones del cloruro de potasio en los mercados internacionales, actuar del cual  se benefició por largo tiempo SQM, con cargo desde luego a los adquirentes de su producción[1].

Una medida fue proponer un aumento de capital en Norte Grande y sus filiales, cuyo control lo tiene Julio Ponce desde la sociedad cerrada Inversiones SQYA S.A., con un 57,2% de su propiedad, desde donde es accionista mayoritario en Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. (75,7% de sus acciones) y Nitratos de Chile S.A. (75,99%), las cuales respectivamente poseen el 88,52% de los títulos de la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. y el 88,8% de Potasios de Chile S.A.  La “cascada” finaliza en SQM, donde Pampa Calichera posee el 24,3% de las acciones, siendo el segundo accionista individual, y Potasios de Chile el 6,97%.

Pampa Calichera creada en 1986, así como  Oro Blanco y Norte Grande constituidas ambas en 1988 nacieron usando los mecanismos del denominado “capitalismo popular”, con adquisiciones de acciones por trabajadores.  Norte Grande lo fue por supervisores de la empresa.  No las creó personalmente Julio Ponce, de acuerdo a la versión de El Mercurio (15/09/13), pero una vez formadas conjuntamente  con sus socios se incorporó a ellas, pasando a formar parte de sus directorios y tomando el control.  La segunda medida comunicada a la SVS es fusionar sus sociedades de Inversión Oro Blanco S.A. con Nitratos de Chile S.A. Y, finalmente, reducir las dietas de los directores de Norte Grande.  Ya en el primer semestre las utilidades de SQM cayeron en un 24,25%, a pesar que sus ingresos de explotación lo hicieron solo en un 1,9%.

La necesidad de adoptar estas medidas proviene del hecho que las deudas bancarias y las emisiones de bonos efectuados por las “cascadas”  tienen como garantía acciones de SQM y otras sociedades del grupo que experimentaron en el curso del año un fuerte descenso, por lo cual se precisa cubrir el diferencial creado.   En su comunicado a la SVS, Julio Ponce constató que ello había “dejado a Norte Grande y sus filiales en una situación financiera delicada” (21/08/13).  En ese momento las acciones serie B de          SQM habían disminuido durante 2013 en un 49,4%, las de la serie A en un 33,5%, las de Norte Grande un 34%,  las de Oro Blanco un 28,5% y las de Pampa Calichera serie A en un 39,6%.

Al 16 de septiembre, SQM era el holding que había perdido en el año el mayor patrimonio bursátil, un 42,2%, tanto por el término del cartel internacional en la comercialización del potasio como posteriormente debido a los cargos efectuados por la SVS.  Ello se inscribe, además, en una disminución generalizada de los patrimonios bursátiles en lo transcurrido en 2013.  A la misma fecha, según calculó CrediCorp Capital, los trece mayores conglomerados del país experimentaban una reducción en sus patrimonios de 12,6%, aproximadamente US$11.000 millones.

Accionistas minoritarios de las sociedades “cascadas” tienen presentados cuestionamientos a sus balances, lo cual pone en duda la realización de las juntas de accionistas convocadas por los controladores para aprobar los incrementos de capital.  Consideran que para discutir fusiones y aumentos de capital deben contar con una información financiera fidedigna.  “Entonces –manifestó Pedro Pablo Gutiérrez, a nombre del fondo de inversiones Moneda-, estando seriamente cuestionados los balances, ¿qué balances van a ocupar?  Lo lógico –concluyó- es esperar que la SVS culmine esta etapa de su investigación antes de precipitarse en estas juntas” (22/08/13).  “Es poco razonable –señaló por su parte Ignacio Álvarez, gerente general de la Afp Cuprum-  que puedan estudiarse aumentos de capital u  otras iniciativas si aún no se resuelven elementos esenciales  para la transparencia sobre lo que está sucediendo en estas empresas” (11/09/13).

“Es inadmisible –insistió Pedro Pablo Gutiérrez en vísperas del 18 de septiembre- que el presidente del directorio que ha sido acusado por el regulador de severas faltas, pueda pedirle más dinero a los accionistas.  Este –añadió- se va a convertir en uno de los mayores escándalos políticos y económicos de Chile” (17/09/13).  Una vez más se confirma que cuando chocan intereses económicos poderosos salen a luz verdades que de otra manera se mantendrían en las penumbras.

Lo sucedido demuestra una vez más lo feble y carente de regulaciones de la estructura financiera del país.  “Una desagradable sorpresa se llevaron miles de inversionistas, que mantienen recursos en la minera metálica de SQM –editorializó Estrategia, luego de conocerse el término del cartel ruso-bielorruso del potasio-, al enterarse que más de un 50% de los ingresos de la compañía  estaban vinculadas a un mercado que estaba manejado por un cartel internacional.  Y en este sentido resulta grave –agregó- que muchas corredoras de bolsas locales mantenían a SQM entre sus acciones favoritas (…) pero sin advertirles que más de la mitad de los ingresos de la compañía estaban “protegidos” por un cartel.  Y estos se extienden a una gran mayoría de los chilenos pues los fondos de pensiones tienen comprometidos más de US$1.000 millones entre acciones y bonos de SQM       (…)” (01/08/13).

Desde luego, que una responsabilidad directa tienen quienes han efectuado las operaciones cuestionadas, los directorios de las sociedades “cascadas”, que en el período sometido a investigación fueron siempre presididas por Julio Ponce Lerou.  Formando, además, parte de los directorios sus hijos Julio y Francisca Ponce Pinochet, nietos del dictador, y su hermano Luis Eugenio Ponce Lerou,  Entre los miembros del directorio figura desde abril de 2003  Hernán Büchi, exministro de Economía de Pinochet, con quien estableció Ponce relación a fines de la década de los setenta cuando fue director de Inforsa, siendo ambos asesores del entonces ministro de Economía Pablo Barahona, quien también ocupó el cargo de director en las “cascadas”.  En los listados de integrante de los directorios está también Alejandro Ferreira, que fuese ministro de Economía durante el gobierno de Michelle Bachelet y superintendente de AFP y de la SVS en la administración Lagos.  Igualmente son responsables altos ejecutivos del lapso sometido a análisis, además de las corredoras bursátiles que efectuaron la mayor parte de las transacciones y la auditora PricewaterhouseCoopers  (PWC), ya cuestionada  en el escándalo de La Polar, función por la cual enfrenta cargos de la SVS por segunda vez, ahora por su asesoría correspondiente al ejercicio 2009, acogiendo denuncias del fondo de inversiones Moneda.  La auditora PWC ya fue multada en marzo de 2012 en 8.000 UF, al igual que su socio Alejandro Joignant en 6.000 UF.

El ingeniero forestal Julio Ponce se casó con Verónica Pinochet, hija de Augusto Pinochet, en 1969.  Al momento del golpe encabezado por su suegro se encontraba en Panamá.  El dictador lo llamó en julio de 1974 para hacerse cargo de la dirección de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).  Encabezó la privatización de tres empresas estatales: Celco, Arauco e Inforsa.  Las dos primeras fueron adquiridas por el en esa época poderoso grupo encabezado por Manuel Cruzat, pasando al  derrumbarse a poder del grupo Angelini.  Por su parte, Inforsa fue traspasada al empresario español  Isidro Tejedor, quedando luego en  manos del grupo Vial, el otro gran actor de esos años, que también colapsó, quedando finalmente bajo el control del grupo Matte.

Sus buenas relaciones con Pinochet terminaron en 1983, “cuando -según la versión de El Mercurio- el entonces presidente de la Junta de Gobierno militar le pide su renuncia a la gerencia de empresas de Corfo, que entre otras facultades lo designaba en el directorio de las empresas más grandes del país (…).  Ello por diversas informaciones (…) en el círculo cercano a Pinochet relativas al rápido enriquecimiento de su yerno” (15/09/13).  Su matrimonio con Verónica Pinochet se anuló en 1991.

Sus vínculos con SQM vienen desde cuando fue presidente de su directorio entre 1981-1983, una parte de ese lapso formó equipo con Patricio Contesse, tal como siguió dándose posteriormente.  A fines de esa década, la norteamericana American Express, ingresa con cerca de un 10% de los títulos accionarios de la minera no metálica, designando como su representante a Julio Ponce, quien tuvo siempre muy pocas acciones directas de la empresa, participando siempre desde las “cascadas”.

Al abandonar los cargos en el aparato gubernamental,  Julio Ponce  creó la empresa agrícola y forestal Sociedad Monasterio, que obtuvo un préstamo de Corfo a mediados de los años ochenta de 145.000 UF, intermediado por dicha corporación.  La sociedad quebró en 1987, siendo investigada años después por fraude al fisco.

Las necesidades financieras de SQM son grandes.  En el primer semestre Pampa Calichera y Potasios efectuaron ya ventas de acciones de SQM-B cifradas en US$105 millones, disminuyendo la participación en las dos “cascadas” en un 1%.  Los contratos bancarios suscritos por Julio Ponce con el germano Deutsche Bank y Corpbanca, del grupo Saieh, establecen que de perder el control de SQM, las instituciones financieras pueden acelerar el cumplimiento de los compromisos.  Las deudas de las “cascadas” suman US$974,2 millones.  De ellos, US$339,5 millones tienen vencimientos entre uno a tres años.

Como frente a otros temas el país se encuentra frente el hecho que un mecanismo establecido en los años de dictadura, permanentemente cuestionado por los manejos que permitía, subsiste hasta el día de hoy y permite explotar recursos naturales pertenecientes a los chilenos, sin que ni siquiera se le regule realmente.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano