Esta es la mayor multa pagada por soborno de toda la historia

La importancia de los acontecimientos de Brasil en la región son muy grandes. Las repercusiones de los escándalos producidos en la petrolífera estatal Petrobras son cada vez mayores. La empresa constructora Odebrecht tuvo que reconocer ante la justicia norteamericana los sobornos pagados en diversos países, varios de ellos latinoamericanos, para ganar contratos que le generaron suculentos beneficios. El Ministerio Público de Suiza cifró que ganaba US$4 millones por cada US$1 millón de dólares cancelados en coimas a políticos y funcionarios públicos brasileños. Desde luego, las operaciones más grandes fueron efectuadas en Brasil. Entre las declaraciones efectuadas por ejecutivos de Odebrecht que concordaron en entregar todos los detalles del escándalo con la compensación de reducir sus años de cárcel se menciona específicamente al presidente Temer y a su partido, el PMDB, como también al PT. El gobierno de Temer está impulsando leyes, que en vez de contribuir a sacar a la economía de la recesión que le afecta, tiene consecuencias negativas de corto y largo plazo. Por ejemplo, se está aprobando disposiciones legales que no permiten incrementar el gasto público real del año 2016 por dos décadas, con lo cual se renuncia a tener políticas fiscales anticíclicas.

La constructora brasileña Odebrecht reconoció ante un fiscal norteamericano que sobornó en numerosos países, en primer lugar en el propio Brasil, para ganar contratos. “Como parte del acuerdo con el gobierno de EEUU –señaló The Wall Street Journal-, Odebrecht aceptó pagar la mayor multa por un caso de corrupción de la historia a autoridades de ese país, Brasil y Suiza” (05/01/17). Desde el año 1977 la justicia estadounidense tiene competencia para investigar actos corruptos en otros países cuando en ellos participan empresas que cotizan en los mercados bursátiles del país o efectúan operaciones a través del sistema bancario norteamericano. Durante los últimos quince años ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber cancelado US$788 millones a funcionarios públicos o intermediarios en doce países. El acuerdo estableció una multa de US$4.500 millones. La empresa sostuvo que está en condiciones de cancelar algo menos de la mitad de esa suma para no quebrar. Se resolvió que los recursos serían percibidos en un 80% por el fisco brasileño y el restante 20% dividido entre Estados Unidos y Suiza. Una suma de US$957 sería cancelada paralelamente por la filial petroquímica de Odebrecht, Braskem.

Las coimas reconocidas ante la justicia norteamericana fueron canceladas desde el año 2001 en varias naciones latinoamericanas y dos africanas (Angola y Mozambique). Del total US$ 599 millones fueron entregados en Brasil, tanto por Odebrecht como Braskem. Ello le permitió ganar proyecto por US$2.189 millones. De inmediato en varios países latinoamericanos se decidió iniciar investigaciones internas a partir del reconocimiento de los sobornos efectuados. En Perú, el expresidente Ollanta Humala fue considerado como receptor, él lo niega. Lo mismo acontece con uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quien también rechaza las acusaciones. La constructora brasileña cuenta con 128.000 empleados. Tenía contratos suscritos con Petrobras desde los años cincuenta. La justicia estadounidense no ha divulgado aún el nombre de ninguna persona comprometida con los escándalos fuera de Brasil. Para efectuar los pagos utilizaba un complejo sistema de empresas offshore. En la isla de Antigua para realizarlo procedió a adquirir un banco.

El reconocimiento efectuado ante la justicia norteamericana proporciona antecedentes que deben continuarse en los diferentes países afectados. Las fiscalías de Argentina, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador anunciaron durante 2016 que procedían a efectuar investigaciones. En México el anuncio lo efectuó el Gobierno y la petrolera Pemex. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que fuese su ministro de Economía en el lapso de los sobornos, se apresuró en declarar “yo le puede garantizar que no recibí ni se nada” (23/12/16). Al finalizar 2016, el presidente del Consejo de Ministros del vecino país, dio a conocer una modificación a la Ley de Contrataciones para impedir que el Estado contrate a empresas comprometidas en actos de corrupción. “Odebrecht y otras empresas –declaró- no van a poder participar en nuevas licitaciones cuando existan sanciones por corrupción. Como poder ejecutivo –añadió -, tenemos el compromiso absoluto de apoyar y colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias para quienes resulten responsables sean sancionados” (30/12/16). Anunciando una asignación presupuestaria destinada a cumplir con este objetivo.

Paralelamente, la cadena de televisión peruana Latina denunció la existencia de correos diplomáticos de la embajada brasileña en Lima demostrativos de la influencia política que poseían Odebrecht y otras empresas constructoras. Estas se pusieron de acuerdo en exigir US$840 millones para efectuar el proyecto de una carretera interoceánica que uniera Perú y Brasil, monto superior al ofertado por el gobierno de Alejandro Toledo. Finalmente se le entregó la materialización de la obra por una suma superior a los US$1.000 millones. Al comenzar enero, el Ministerio Público de Perú informó de un acuerdo preliminar con la constructora brasileña, la cual reconoció el pago de US$29 millones en sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Odebrecht se comprometió a entregar toda la información de la cual dispone. El monto final a cancelarse será determinado en el proceso penal. Perú fue el primer país latinoamericano donde la empresa sobornante instaló una filial. Una dificultad reconocida por la Fiscalía para avanzar en su investigación, además de la carencia de presupuesto, reside en que los directivos de Odebrecht se encuentran en Brasil que son quienes pueden proporcionar mayores antecedentes.

El Ministerio Público de Suiza informó que, de acuerdo a sus investigaciones, en los proyectos en el país por cada US$1 millón en sobornos a políticos y funcionarios públicos brasileños, Odebrecht percibía ganancias de US$4 millones. Los receptores de los pagos recibían “regularmente” financiamiento depositados en cuentas secretas. El diario O Estado de Sao Paulo cifró en US$64 millones los pagos en sobornos efectuados en Suiza a exdirectores de empresas estatales y funcionarios públicos brasileros. En Chile se deberá comprobar si Odebrecht utilizó o intentó emplear mecanismos similares.

Odebrecht está presente en 27 países, incluido Chile, que no figura con antecedentes de actos delictivos en el reconocimiento efectuado ante la justicia estadounidense. Es dirigida por Marcelo Odebrecht condenado en marzo de 2016 por el juez brasileño Sergio Moro a 19 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de soborno, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir en la operación conocida por el nombre de Lava Jate en los escándalos de la empresa estatal Petrobras. Marcelo Odebrecht encabeza la empresa desde el año 2008, antes fue dirigida por su padre y primero por su abuelo. El grupo cuenta con empresas de ingeniería, construcción, petroquímica, industrial naval y defensa. “Uno de los delatores de la trama de corrupción (…), el presidente de la constructora Camargo Correa, Dalton Avincini, aseguró –relató El País- que Odebrecht lideraba el ‘club de las constructoras’, como llamaba a las 23 empresas que supuestamente conseguía licitaciones de Petrobras de forma fraudulenta” (13/08/16).

La empresa aportaba recursos a partidos de todo el espectro político. En la última elección presidencial entregó aportes a la campaña de Dilma Rousseff y también a su principal contrincante en los comicios, Aêcio Neves, del Partido de la Social Democracia brasileña. Es considerado, señaló El Mercurio, “el ‘preso más poderos de Brasil’, luego que se acogiera al beneficio de ‘delación compensada’ para disminuir su pena” (23/12/16). Después de Brasil, los funcionarios de Odebrecht reconocen haber pagado los montos mayores de sobornos en Venezuela (US$98 millones), República Dominicana (US$92 millones) y Panamá (US$59 millones).

Marcelo Odebrecht fue arrestado y encarcelado en junio de 2015. Durante mucho tiempo se negó a pactar con la justicia, pero las declaraciones de ejecutivos de sus empresas que sí lo hicieron, y también el deterioro experimentado por la constructora, le llevaron a ceder. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, informó O’Globo, personalmente acordó con ejecutivos de la empresa, a cambio de reducir años en las cárceles, que hablaran sin ocultar nada. Según la prensa ello puede afectar a unos doscientos diputados de diferentes partidos y al propio presidente Temer. A estos acuerdos llegaron unos setenta directores del consorcio constructor, incluidos el propio Marcelo Odebrecht y su padre Emilio.

La primera declaración de estos ejecutivos fue la de Claudio Melo Filho, exdirector de Relaciones Internacionales de la empresa que tenía la responsabilidad de mantener el contacto con diputados y senadores, sobre todo del PMDB- el partido de Temer, pero también del PT. “Mi empresa –declaró-tiene intereses en la preservación de esta relación, ya que históricamente apoyan proyectos de nuestro interés y poseen capacidad de influir a los demás agentes políticos”. Los desembolsos monetarios se efectuaban una vez logrados los objetivos. La declaración dio detalladamente nombres de receptores y las sumas de dinero entregada en una relación de al menos una década. Relató como Temer solicitó “personal y directamente” a Odebrecht diez millones de reales (en ese momento más de tres millones de dólares) antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2014. Temer alegó que la donación fue legal y declarada.

La magnitud de la corrupción ha afectado poderosamente a Brasil, que paralelamente vive una situación económica muy debilitada, que un gobierno comprometido con la corrupción hace más difícil enfrentar. Peor aún, el Ejecutivo de Temer ha impulsado un proyecto de ley particularmente incomprensible en un país que se encuentra en recesión. En su texto se pone como techo el nivel del gasto público real actual, ya que se establece la obligación durante veinte años de mantenerlo en los montos nominales de 2016, solo incrementándolos en los porcentajes de inflación que se produzcan. En otras palabras, en el mejor de los casos se congelan en términos reales. Por tanto, se renuncia explícitamente a utilizar políticas fiscales para superar el momento económico.

Las consecuencias de la recesión en la actividad económica son muy grandes. Como ocurre habitualmente ello condujo al mayor superávit comercial de su historia pero como consecuencia de la contracción en las importaciones que descendieron en 2016 casi un 20% con relación al año anterior, al bajar desde US$171.400 millones a US$137.600 millones, debido a la fuerte disminución de la demanda interna.

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