Exportando colusión: China multó a Sudamericana de Vapores y 7 navieras más por «fijación de precios»

Este 2015 pasará a la historia por los hechos de corrupción protagonizados por distintos actores del mundo político y empresarial chileno, entre ellos el de la colusión entre las empresas CMPC -del Grupo Matte- y SCA, por fijar precios en la venta de papeles tissue, caso conocido mediáticamente como «Colusión del Confort».

Una práctica que también la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) desarrolló en el extranjero, específicamente en China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de ese país (CNDR) multó con US$62,86 millones a ocho empresas de transporte marítimo internacionales por fijación de precios durante los años 2008 y septiembre de 2012, entre ellas la chilena CSAV, controlada entonces por el Grupo Claro. Las multas impuestas por la CNDR van entre el 4% y el 9% de los ingresos de estas empresas en 2014 en actividades relacionadas con el país asiático.

Luego de un año de investigaciones, las autoridades chinas descubrieron que las empresas implicadas -que llegaron a acuerdos de «no agresión mutua» y de colaboración para aumentar de forma conjunta los precios- habían ejercido manipulación de éstos para envíos de vehículos y maquinaria de ingeniería en importantes líneas durante al menos cuatro años, violando de este modo las leyes antimonopolio. Según se ha informado, estas prácticas restringieron la competencia en el mercado, aumentaron los gastos de envío y perjudicaron los intereses de exportadores, importadores y consumidores.

Cabe destacar, además, que en 2014 la Sudamericana de Vapores se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos «por su participación en una conspiración para fijar precios, asignar clientes y ofertas de plataforma de servicios de transporte marítimo internacional para eliminar competencia«, también durante el período controlada por el grupo Claro, según detalla El Mostrador, ocasión en la que debió pagar una multa de US$ 8.900.000.

Además, la empresa -hoy controlada por el grupo Luksic- enfrenta cargos en Chile ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) y fue acusada a principios de 2015 por la Fiscalía Nacional Económica junto a otras 6 navieras de formar un cartel en los procesos de contratación del servicio de transporte de vehículos traídos a Chile desde Europa, América y Asia», suma el medio, caso en el que se han pedido multas por US$ 75 millones.