La vuelta a la Argentina del FMI

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció desde el Foro de Davos que el gobierno de Mauricio Macri retomará las auditorías de la economía argentina por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Queremos el artículo IV porque no tenemos nada que ocultar», sostuvo el titular del Palacio de Hacienda desde el centro de Suiza en declaraciones citadas por la agencia Bloomberg, con lo que abrió la puerta a futuras revisiones del Fondo y a una eventual negociación con la titular, Christine Lagarde.

No obstante, la agencia oficial Telam publicó horas más tarde declaraciones de una fuente de la cartera quien negó que haya en agenda una reunión formal con las autoridades del FMI en el marco del Foro de Davos para establecer el nuevo mecanismo o que se haya tomado una decisión definitiva al respecto. En este sentido, el propio ministerio de Hacienda intentó matizar las repercusiones de las declaraciones de Prat-Gay, diciendo que es un tema sujeto a discusión.

El artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI implica que la entidad «supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones», por lo que «los países miembros proporcionarán al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del Fondo, le consultarán sobre sus políticas de tipos de cambio».

El ministro de Hacienda y Finanzas, si bien desea volver a ser miembro pleno del FMI, no podrá serlo en el corto plazo, dado que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se encuentra bajo la intervención de emergencia de Jorge Todesca, y algunas estadísticas, como la inflación y la pobreza, se mantendrán descontinuadas en los próximos meses. Por lo tanto, los próximos pasos serán continuar con la revisión de las estadísticas comenzada en el mandato de Axel Kicillof.

El artículo IV no implica que el gobierno de la Argentina deba acatar los consejos del Fondo Monetario, sino que se compromete a entregar sus estadísticas para un relevamiento de la entidad, que periódicamente realizará informes sobre la situación macroeconómica, que el gobierno podrá o no aceptar. No obstante, las recomendaciones de política económica del organismo suelen ser siempre las mismas: ajuste fiscal, eliminación de programas sociales y privatización de servicios públicos.

Los ajustes no son ajenos al programa de Prat-Gay: el ministro aseguró ayer en Davos que la política fiscal contractiva en 2017 será «agresiva», para realizar «un corte más profundo» con la gestión anterior.
«Desde el Ejecutivo irán del 7%  al 4,8 % de déficit fiscal en un año en el que todavía tenemos que retomar el crecimiento», opinó el titular del Palacio de Hacienda, y agregó que el ajuste se realizará en un marco de normalidad política y económica: «El gobierno va a recortar el gasto a un ritmo que no va a poner en peligro su capacidad para gobernar».

Los resultados de los brutales ajustes en América Latina, han llevado a muchos países, como la Argentina o Brasil, a cancelar las deudas con el organismo multilateral, a los fines de evitar el condicionamiento de la política macroeconómica. Es por esto que el ex presidente Néstor Kirchner canceló la deuda con la entidad a principios de 2006, que el propio Prat-Gay ordenó desandar por decreto.

La paradoja es que el foro más importante para las inversiones mundiales está en el país con mayor dinero producto de la evasión y el lavado, que es Suiza, donde residen las 4040 cuentas del HSBC que evadieron unos U$S3500 millones en 2006. Allí es donde el ministro, quien estuvo acusado de facilitar la salida de divisas de Amalita Fortabat por medio del HSBC, busca las inversiones para la Argentina, y apunta al Fondo como financista. En ese mundo, Prat-Gay se mueve como pez en el agua.

Fuente: InfoNews