Llaman a jornada de boicot a los estacionamientos ante aprobación de perjudicial ley

La Ley 20.967, que modifica el sistema de cobro de estacionamientos en Chile, sufrió un duro traspié al ser promulgada distanciándose del sentido original: los dueños de estacionamientos son libres para fijar y ajustar sus tarifas, provocando un efecto práctico devastador tanto a juicio de usuarios como de las organizaciones de consumidores Conadecus y Odecu. Peor aún, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó alzas hasta de 76% tras la entrada en vigencia de la nueva norma.

Si bien la legislación estableció dos tipos de cobros, pagando por minuto de uso efectivo o por tramos, el trabajo de los lobistas de la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (Apoce) rindió sus frutos, provocando la ira de usuarios en redes sociales y generando que los legisladores Sergio Espejo y Fuad Chahin, impulsores de la reforma, llamaran a una jornada de boicot el próximo 15 de marzo.

“A través de pendones en los malls se informa que las alzas son consecuencia de la ley siendo que la idea original era la gratuidad o beneficios para el usuario. El proyecto fue cambiado en el Senado por lo que buscamos su reposición el mismo día que llamamos al boicot: en el día del consumidor y a un mes de de promulgarse la ley”, señaló Espejo.

«Quienes ofrecen los aparcamientos como servicio accesorio no deberían cobrar», señaló un reciente fallo de Contraloría. Por otra parte, los estacionamientos concesionados en playas, seguirían sujetos a los contratos vigentes; cuando dichos contratos venzan, estos se adecuarán a la nueva ley.

La normativa contempla que sólo se podrá cobrar por minuto o por tramos, considerando un primer periodo gratis de media hora vencida. Los siguientes lapsos no podrán ser inferiores a diez minutos y se cobrarán siempre redondeando a la baja. Sin embargo, las tarifas quedarán a criterio de cada operador, en el caso de los malls, supermercados, recintos hospitalarios y lugares pagados de acceso al público general.

Debido a las fallas constatadas luego de este corto período de aplicación, favoreciendo más a empresarios que consumidores, la intención de los parlamentarios falangistas es reponer la propuesta original y dejar sólo una forma de pago.