TPP: Soberanía hipotecada

Las celebraciones no se hicieron esperar. El presidente de la CPC, Alberto Salas, remarcó que el TPP «es una señal de que Chile se incorpora a un tratado de última generación en materia de integración económica». Para el máximo dirigente de los empresarios, este acuerdo abre «posibilidades muy grandes en temas alimentarios, de agroindustria con los países que lo componen. Para nosotros es un marco de referencia que nos hace estar en las ligas más importantes del comercio mundial y en una zona de un potencial inmenso».

Y la Presidenta Michelle Bachelet, condescendiente de los gremios empresariales, agregó que “el acuerdo, traerá efectos positivos en el empleo de esos sectores y también permitirá optimizar el uso de internet al servicio de las empresas y consumidores. Los miembros se han comprometido a no establecer barreras a las transacciones comerciales y a facilitar el comercio remoto que permite el internet», explicó a los días de la firma.

AÑOS DE NEGOCIACIÓN

Las cifras del TPP son asombrosas, de hecho se ha dicho que es el Tratado multilateral más grande en los últimos veinte años. Otros son más audaces y aseguran que es el mayor de la historia. Son doce países firmantes: cinco de América (Chile, Estados Unidos, México, Perú y Canadá), cinco de Asia (Japón, Brunei Darussalam, Singapur, Vietnam y Malasia) y dos de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Juntos abarcan el 40% de la economía mundial (200 billones de dólares en ganancias netas estimadas), el 30% de las exportaciones globales, el 25% de las importaciones y el 11% de la población mundial, que representan a 800 millones de consumidores (el doble que la Unión Europea). Chile intercambió 45.763 millones de dólares en 2014 con los países que suscriben el TPP.

Las negociaciones del TPP comenzaron como un proceso de ampliación del Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (P-4), vigente desde 2006 entre Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Las expectativas crecieron a raíz del interés manifestado por EE.UU. de incorporarse, derivando hacia un acuerdo distinto. Estados Unidos vio esta oportunidad tras el fracaso del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), sepultado por el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el año 2005 en Mar del Plata, con el apoyo de los nacientes gobiernos progresistas en América Latina.

Previo a la firma un grupo de diputados, encabezados por Giorgio Jackson y Camila Vallejo, junto a organizaciones civiles, definieron su oposición a un proyecto, que ni siquiera lo conoce el Parlamento. “Nos preocupa, porque dado el escenario de desconfianza hacia el Parlamento, hacia la clase política, estas debieran ser discusiones conocidas por los ciudadanos. Estamos hablando de decisiones que afectan a la salud de las personas, a los pueblos originarios, en materias de educación, de agricultura, estamos hablando de soberanía alimentaria”, explicó la diputada Vallejo.

SOBERANÍA EN JUICIO

En mayo de 2015, durante los debates por el juicio preliminar presentado por Chile ante La Haya para desacreditar al Tribunal ante la demanda de Bolivia, la pregunta del juez japonés Hidashi Owada dio que hablar en Chile: ¿Qué entiende Bolivia por acceso soberano al mar? En la mayoría de los medios chilenos, se entendió como un golpe mortal a la demanda de Bolivia, porque supuestamente ponía en entredicho la aspiración “soberana” de Bolivia sobre el mar y, por ende, territorio chileno.

Cinco meses después, tras la firma del TPP, pareciera que la pregunta se devuelve como un boomerang contra las autoridades chilenas. Heraldo Muñoz, Canciller de Chile, tras enterarse de la derrota a las objeciones presentadas por Chile, aseveró que no estaba en entredicho la soberanía de Chile, ni que Bolivia obtendría ninguna cesión de territorio soberano.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, se tomó de estas declaraciones, emplazándolo a que “si el Canciller ha estado tan preocupado de la soberanía del país, este es el momento de abstener de firmar el TPP”. A la luz de los hechos, el Canciller no escuchó el llamado de Jackson, ya que una semana después, la repartición que él dirige, la Dirección de Relaciones Comerciales, Direcon, entregó su firma en Atlanta.

En Estados Unidos, hizo una salvedad similar en lo conceptual durante la etapa de discusión la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, alertando sobre un tema clave en la discusión del TPP: el Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado o Investor-State Dispute Settlement (ISDS), en inglés.

Ella lo explica en un artículo del Wall Street Journal, para el caso estadounidense, ejemplificando que “si una empresa extranjera estima que alguna legislación atenta contra su negocio, normalmente tienen que oponerse a ella en un tribunal estadounidense. Pero con ISDS, la compañía podría saltar los tribunales de Estados Unidos e ir ante un panel internacional de árbitros. Si la empresa gana, el fallo no podrá ser impugnado en los tribunales estadounidenses, y el panel de arbitraje podría exigir a los contribuyentes estadounidenses que pagaran millones de dólares en daños y perjuicios”.

Este tipo de diferendo, es una creación de los mercados transnacionales, que pretendían proteger sus inversiones en los llamados países “volubles” o economías con sistemas jurídicos débiles, principalmente latinoamericanos. Fue una propuesta creada en 1964, durante la reunión anual del Banco Mundial en Tokio. Desde su creación, se generó una fuerte oposición a este sistema, a través de un bloque de países en desarrollo que advirtieron que implicaba socavar su soberanía. Así es como un grupo de 21 países, casi todos los países de América Latina, además de Irak y Filipinas, votaron en contra de la propuesta en Tokio. Pero el Banco Mundial avanzó independientemente.

El conflicto está dado por la naturaleza de este tipo de tribunales de arbitraje, que pertenecen a la llamada lex mercatoria. En Derecho Corporativo Global, los derechos de las transnacionales se protegen mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en reglas de comercio e inversiones, las normas y disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial, el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los tribunales de arbitraje, que son de carácter “imperativo, coercitivo y ejecutivo.”

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Entonces, si una empresa demanda a un Estado (siempre en este orden, no al revés), la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, o cualquiera de los anteriores –todos privados-, son los encargados de dictar resoluciones inapelables en el marco jurídico nacional. Además, “los árbitros pertenecen a una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, otras como fiscales, como árbitros… Pueden ser jueces y parte”, afirmó Luis Rico, miembro de la agrupación española, Ecologistas en Acción.

Latinoamérica ha sido la región más golpeada por estos arbitrajes. Los inversionistas extranjeros han demandado a gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) por lo menos 174 veces, el 33,5% del número total de casos conocidos mundialmente. Sin embargo, sólo 5 países (Argentina – 52 casos, Venezuela – 34 casos, Ecuador – 23 casos, México – 21 casos y Bolivia – 9 casos) concentran el 80% de todas las demandas en contra de los países de ALC, contaba en un artículo para Alainet, la cientista política uruguaya, Cecilia Olivet, quien actualmente asesora al gobierno de Ecuador en mecanismos para abandonar estos tratados de arbitraje con las transnacionales.

Sólo considerando las demandas efectivas y no las amenazas, que también amilanan a muchos Estados, durante la última década han aumentado exponencialmente las demandas multimillonarias de corporaciones contra Estados en base a tratados de inversión, del tipo TPP. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el periodo 1987-1999, se conocían 38 casos, pero entre 2000 y 2012, esta cifra subió a 480 demandas inversor-Estado. Sólo en 2012 fueron 58, consigna el artículo mencionado.

Algunos de los más recientes y connotados, incluyen una empresa francesa que demandó a Egipto porque elevó su salario mínimo; una empresa sueca que demandó a Alemania porque decidió abandonar la energía nuclear después del desastre de Fukushima, y el caso de la estadounidense Philip Morris, que trata de doblegar a Uruguay, ante la aplicación de las nuevas regulaciones sanitarias, destinadas a reducir las tasas de tabaquismo.

“La principal razón para justificar estas demandas, o amenazas de demandas, internacionales son las supuestas pérdidas de ganancias presentes o futuras del inversor por motivo de nueva legislación pública”, señala Olivet. Esto significa que aquellos Estados “que buscan regular a favor del bien público o del medio ambiente formulando políticas públicas, deben pagar millones”, puntualiza.

La Comisión Europea implementó una consulta pública sobre la inclusión de mecanismos ISDS en el propio tratado que se negocia entre la Unión Europea y Estados Unidos, y también en otros tratados de “libre comercio”, el 97% de la ciudadanía europea manifestó estar en contra de este sistema de arbitraje.

ESCENARIOS FUTUROS PARA LOS OPOSITORES

A pesar del celoso secretismo, sólo quebrantado por las importantes, aunque insuficientes filtraciones de Wikileaks, todavía los movimientos sociales tienen una última, aunque incierta, jugada: presionar al parlamento para que no ratifique el TPP (Sé lo que están pensando).

Donde sí hay que monitorear atentamente el futuro del acuerdo es -extrañamente- en el Parlamento de Estados Unidos, donde algunas voces ya asoman como opositoras, unos porque afecta a los trabajadores; otros, porque es poco liberal.

A las críticas de la senadora Warren, se suman las del candidato socialista a suceder a Obama, Bernie Sanders, senador por Vermont, quien ha sido un opositor reconocido al Tratado, porque afectaría a la clase trabajadora estadounidense. “Wall Street y otras grandes corporaciones han ganado nuevamente. Necesitamos políticas comerciales que beneficien a trabajadores y consumidores de Estados Unidos, no sólo a los presidentes de grandes corporaciones multinacionales”, señaló tras la firma en Atlanta.

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Estas declaraciones, obligaron a que, dos días después, la demócrata y aspirante también a la Casa Blanca, Hillary Clinton, saliera a posicionarse en contra del tratado, desdiciéndose de sus declaraciones de 2012 cuando se mostraba a favor. “A partir de hoy, yo no estoy a favor del TPP”, dijo Clinton, y añadió: “Yo no creo que este vaya a satisfacer las expectativas que tenía”, y añadió que estudiará las formas en cómo el acuerdo beneficia a las compañías farmacéuticas, el manejo del cambio de moneda, junto a las repercusiones en el empleo.

Ha trascendido que las reglas del TPP obligan a la Casa Blanca a esperar un periodo de 90 días antes que el acuerdo pueda ser firmado, por lo que el proceso legislativo formal empezará, en el caso estadounidense, recién en 2016. Se espera que también genere discusión en los parlamentos de Canadá y Australia, en cuanto a las protecciones de sus industrias estratégicas.

Sin embargo, existe un elemento geopolítico del Tratado que lo hace sumamente interesante para Estados Unidos quien, además, por el tamaño de su PIB, casi el doble del conjunto, posee la supremacía de las negociaciones entre los demás firmantes. Además, Obama sinceró las intenciones geoestratégicas: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadounidenses».

EJERCICIOS DE SOBERANÍA

Un camino de ejercicio soberano sería el que han iniciado otros países de la región y algunos emergentes de otras latitudes. Bolivia notificó su retirada de la Convención del CIADI el 2 de mayo de 2007, y 6 meses después, como está dispuesto en la Convención, la medida entró en vigor. Dos años más tarde, Ecuador siguió los mismos pasos y la salida se completó en enero de 2010. Venezuela, el último país en abandonar la CIADI, hizo efectivo su retiro en julio de 2012.

“A pesar de que la salida del CIADI no impide que los países sigan siendo demandados, sin duda envía un claro mensaje político de su descontento con el sistema de solución de controversias internacionales”, señala la analista política Cecilia Olivet, y asesora del gobierno ecuatoriano.

En tanto, desde Chile, el descontento con el secretismo es evidente. “Los tratados de Libre Comercio no son inocuos, son mucho más complejos que simples relaciones comerciales. Cada vez se pide que los países se abran más a tratados de libre comercio, pero a través de esto nos hacen depender mucho más de las potencias y la capacidad de generar conocimiento, por ejemplo a través de la privatización de patentes”, plantea la diputada Camila Vallejo, vislumbrando algunas razones para desestimar el Tratado.

Mientras Chile hipoteca su soberanía en tratados con zonas económicas que ha definido como estratégicas, otros países de la región, conscientes  también de sus necesidades de desarrollo, han abandonado estos mecanismos hegemonizados por una potencia, privilegiando acuerdos regionales que tienden a la multipolaridad, y abandonan las recetas neoliberales de la Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario Internacional.

*Artículo publicado en la edición Impresa Nº 170 de El Ciudadano, del 19 de octubre de 2015

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