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OCDE recomienda a Chile revisar el FUT

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En los últimos años de octubre el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) se colocó nuevamente en el centro de la preocupación.  Primero, el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sorpresivamente para el ministro de Hacienda señaló que este mecanismo que fue establecido como un incentivo para la inversión con el tiempo al ser un mecanismo para postergar el pago de impuestos se transformó en una vía  para reducirlos.  Afirmando que era un instrumento necesario de revisar.  Pocos días después al darse a conocer en detalle el programa de gobierno de la candidatura de Michelle Bachelet se reiteró la formulación efectuada de cortar su flujo, pero nuevamente con la idea de hacerlo cuatro años después que se apruebe el proyecto de reforma tributaria que se comprometió a enviarlo en los primeros cien días de su próxima administración.  De ser así, el poner fin  a destinar nuevas ganancias empresariales al FUT, que constituye un aspecto fundamental de la reforma tributaria, proporcionaría recursos al fisco después de que terminase el período del próximo gobierno.  Es una demora inexplicable y que lleva a plantearse el interrogante de cómo se va a financiar el total de los compromisos contraídos.        

 

 El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, colocó nuevamente en primer plano el tema del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).  Dando a conocer el Estudio Económico de Chile 2013, preparado por el organismo que dirige, señaló: “es un tratamiento privilegiado o que sirvió para privilegiar la inversión en un momento dado: (…) habría que revisar –añadió- si todavía cumple el propósito por el cual fue creado”.  Luego detalló que en sus inicios fue un incentivo para la inversión “pero llegó un momento en que los mecanismos de diferición de pagos de impuestos, no solo en Chile, se volvieron una diferición casi sine die (sin plazo) y un camino para pagar menos impuestos” (24/10/13). “Está claro –comentó el senador Ricardo Lagos Weber– que si hasta a la OCDE le surgen dudas respecto del financiamiento del FUT, tenemos que ver que ya no cumple su objetivo” (28/10/13).  Era la conclusión lógica de las afirmaciones efectuadas.

Felipe Larraín, que estaba en la tribuna desde donde Gurría efectuó las formulaciones de revisión del FUT, inmediatamente habló en su defensa afirmando que constituía “un  incentivo importante para la inversión”.  El pronunciamiento efectuado enfrentaba la posición que había defendido constantemente. Al día siguiente, el secretario general de la OCDE hizo una “precisión” sobre sus palabras.  “El informe de la OCDE –contestó Larraín  a una consulta periodística sobre la corrección de Gurría a sus afirmaciones- no dice nada en ese sentido (…).  Fue su comentario –puntualizó- a una pregunta, y le quiero ser super franco:  si yo estuviera en la posición de él, y no estoy metida en la discusión interna, llego a un país y me preguntan, respondería algo similar” (26/10/13).  De lo cual se debería entender que le hicieron ver que se había metido en una “discusión interna”, dando argumentos en oposición a la visión  ministerial.

 “Eliminar el FUT –argumentó Larraín en la misma entrevista- sería pasar a un esquema único en el mundo donde se haría tributar a las personas por utilidades que no han recibido.  Lo curioso –añadió- es que se quiera hacer pagar a la personas sin que reciban dividendos, esa es la propuesta que hay tras la eliminación del FUT y yo me pregunto qué les parece a las personas que pueden tener que endeudarse  para pagar impuestos por utilidades que no han recibido”.  Eso nadie ha planteado que sea así.  En el sistema integrado tributario existente en el país –que no existe en grandes economías en el mundo- se producen ingresos fiscales cuando se cancelan los impuestos a las rentas de las personas, ya que el tributo a las utilidades de primera categoría constituye solo una  retención, que permanece en poder de las empresas en un porcentaje importante si se utiliza el FUT.  Si se corta ese flujo deberían distribuirse las utilidades, que pasarían a formar parte de los ingresos personales y sobre ellos se tributaría.  Es una nueva ofensiva de la “campaña del terror” de Larraín.  Hace algunos meses sostuvo que hablar de reforma tributaria  produciría una reacción negativa de la inversión, que por lo demás ya se encuentra en una abierta fase de desaceleración[1].

A esta “campaña de terror” se sumó, luego de la presentación del programa de gobierno entregado por Michelle Bachelet, directamente el Comité Político de La Moneda, con  la participación de Sebastián Piñera.  En particular, Piñera criticó que se proponga incrementar el impuesto de timbres y estampillas de 0,4% a 0,8%, en una orientación contraria a la seguida durante su administración.  Ello no es raro dado que los mayores demandantes de créditos son las empresas más grandes.  El efecto negativo en las pymes levantado como argumento se puede revertir con otras medidas que las beneficien.

Aunque el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que como gobierno no deben entrar al detalle, “lo que nos corresponde (…) es señalar que ese programa presidencial pone un freno  muy grande a la posibilidad de seguir creciendo (…) superando la pobreza.  Se está poniendo –recalcó- un frenazo muy grande”.  El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, sí entró en “detalles”.  Elaboró un documento de crítica al programa dado a conocer por Michelle Bachelet, llegando incluso a plantear que se generaría un “riesgo de estabilidad constitucional” y que “la eliminación de los quórum  supramayoritarios” y la reforma constitucional “representan la voluntad de imponerse por sobre las minorías (…)” (31/10/13).  Extraña concepción de democracia.

Como incentivo, particularmente de las empresas de menor magnitud, se destaca por los autores del programa la instauración de un mecanismo de proinversión, orientado directamente a la destinada a generar más bienes y servicios, pero significa un beneficio que en montos lo recibirían prioritariamente las grandes empresas, nacionales o extranjeras, entre ellas las de la gran minería, que ya cuentan con la ventaja de cancelar rentas muy reducidas por la explotación de recursos naturales que no les pertenecen.

El programa de Gobierno dado a conocer por Michelle Bachelet –que la encuesta del Centro de Estudios Públicos, efectuada en agosto  y septiembre, conduce  a la conclusión de que será la próxima presidenta de la República-, reiteró el compromiso de efectuar una Reforma Tributaria “con el objeto de aumentar los ingresos permanentes del Fisco en 3% del PIB en régimen”, o sea cuando ya se encuentre en plena aplicación.  En esa dirección es fundamental el momento  cuándo se cortan los flujos de ganancias empresariales no distribuidas al Fondo de Utilidades Tributarias, reiterándose que se mantienen vigentes los ritmos claramente insuficientes de hacerlo dados a conocer antes de la elección primaria, ya que  se dará este paso recién cuatro años después de aprobarse la ley de Reforma Tributaria, cuyo proyecto de ley se asume el compromiso de enviarlo al parlamento en los primeros cien días de gobierno.  Por tanto, se reitera el término del actual mecanismo del FUT, pero en la práctica ello acontecería después de finalizado el período presidencial de cuatro años.  De ser así, significa que durante el lapso de la próxima administración no se contará con el incremento de los ingresos de 3% del PIB anunciado, lo cual plantea el tema de qué hacer para cumplir con los compromisos adquiridos en el programa, lo  cual debería implementarse vía endeudamiento o utilizando recursos que se poseen en los fondos soberanos depositados en el exterior o generados por la Ley Reservada del Cobre y que están destinados a la adquisición de armamentos.

Desde luego, poner fin al FUT es una decisión necesaria, pero se posterga hacerlo por un largo período, cuando el principal mecanismo de financiamiento anunciado es precisamente una reforma tributaria que captará en régimen US$8.200 millones.  El costo total del programa asciende a US$15.100 millones.  El resto del financiamiento provendría de US$4.700 millones originados en el crecimiento económico y US$2.200 millones de reasignaciones presupuestarias.

En cuanto a los US$270.000 millones, que calcula la Dirección de Presupuestos estarán acumulados en el FUT se establece en el documento hecho público que  “se propone mantener la regla impositiva vigente  (…) a partir del año en que comienza la nueva tributación; al cuarto año de la reforma estas utilidades tributarán en la medida en que sean retiradas”.  Es decir, permanecerán en poder de las empresas sin siquiera pagar intereses, aunque se trata de fondos que al no estar en el FUT pasarían a generar ingresos fiscales.  Ello generaría dos mecanismos paralelos.  “(…) habría un período de transición –detalló Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, integrante de la comisión programática- donde los ingresos nuevos pagarán impuestos sobre base devengada y los ingresos que están registrados en el FUT y que están pendientes de tributación tendrán que tributar en la medida que sean retirados” (30/10/13).  Por tanto, no cancelarán impuestos por un lapso indefinido.

Poder contar con la mayor rapidez posible de recursos que en la actualidad se incorporan al FUT es una necesidad cuando en el Programa se plantea con justeza que “nuestra política fiscal seguirá guiándose por la máxima de comprometer gastos permanentes siempre asociados a ingresos permanentes, a diferencia del actual gobierno.   (…) atendiendo a la necesidad de emprender una reforma estructural en educación, otros requerimientos de la protección social (salud, pensiones) (…), implementando una reforma Tributaria que permita al Estado contar con los ingresos necesarios de manera sustentable”.  En 2014, de acuerdo a estimaciones de la Dipres, el fisco dejará de percibir US$2.410 millones por concepto de rentas empresariales registradas en el FUT, monto varias veces superior al fondo de libre disposición propuestos en la Ley de Presupuesto.

El programa establece elevar la tasa de impuesto a las utilidades empresariales, en forma gradual, de un 20 a un 25% en un plazo de cuatro años.  Si bien se establece que los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades y no solo sobre las retiradas, ello no acontecerá mientras esté vigente la posibilidad de incorporar esos recursos al FUT.

Mientras no se concrete una política que conduzca a que se tribute en relación a las utilidades obtenidas resulta incongruente que se anuncie que “el presupuesto debe tender a equilibrarse en términos estructurales, convergiendo gradualmente desde el déficit estructural de 1% del PIB que dejará el actual gobierno a un balance estructural de 0% del PIB en la formulación del presupuesto de 2018”.  Ello constituiría, según expresó Alberto Arenas, jefe programático del comando de Michelle Bachelet, que se retomaría “la senda de la responsabilidad fiscal.  Aquí hay –recalcó- una señal clara de cómo se va a comportar la política fiscal” (29/10/13).  ¿El balance cero es demostración en cualquier circunstancia de responsabilidad   fiscal?  ¿Se renuncia a utilizar el presupuesto como un instrumento de política económica?  Es necesario concebir el balance fiscal como un mecanismo de política económica, que se emplee de acuerdo a la evolución cíclica del país.  Con mayor razón cuando la economía chilena es pequeña y extraordinariamente dependiente del curso global y, en particular, de aquellas economías con las cuales se encuentra más interrelacionada.  En esta concepción el balance estructural no puede ser un objetivo.  De tener que recurrirse a niveles de endeudamiento estructurales mayores de no contarse oportunamente con fondos provenientes de la Reforma Tributaria se debería  proceder a reducirlo cuando ésta entre en régimen.

Para comenzar a cumplir con las promesas sociales comprometidas, de plantearse el antedicho objetivo, debe tomarse la resolución de endeudarse o hacer uso de un porcentaje de los ahorros con que se cuenta, incluyendo el creado Fondo para la Educación.  Desde luego, inmediatamente existieron formulaciones de transformar el déficit estructural del presupuesto 2014 en un porcentaje inmodificable.  “Hay nuevos  –afirmó BBVA Research–  de que se violentará la meta de déficit estructural de 1% del  PIB en 2014” (29/10/13).    Es decir se pretende convertirlo en un baluarte que impida un mayor gasto público.

En relación con el cobre –siempre fundamental-  se plantea la necesaria capitalización de Codelco “para que la empresa lleve adelante sus proyectos estructurales (…) para que retome su competitividad internacional.  Solo de esta forma –se argumentó- será posible mantener su contribución a la política fiscal”.  Es una capitalización que para 2013 el actual Gobierno denegó.  “El monto y cómo se realizará esta inyección de recursos – dice el documento- se dará a conocer en el marco de la implementación de la política fiscal (…)” (29/10/13).  Es claro que capitalizar Codelco no es suficiente.  Se requiere una política para el cobre, así como para todos los recursos naturales con que se cuenta, que conduzca a ejercer efectivamente al Estado derechos sobre ellos recibiendo de ser explotados por intereses privados una renta adecuada.  El Programa establece, lo cual es un gran paso adelante, que la Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto,  exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico”.  El  Estado tiene derecho -se enfatiza- a regalías por los recursos naturales, especialmente minerales.

En cuanto al sistema previsional se anuncia el envío de un proyecto de ley para crear una AFP estatal, lo cual claramente no resuelve las falencias del actual sistema y el bajo monto de las pensiones.  Andras Uthoff, encargado de esta área en el comando Bachelet, reconoció que estos problemas no se resuelven.  Las propuestas reales de reforma “se está pensando –adelantó- con optimismo en tener una propuesta para los dos últimos años del gobierno” (30/10/13).  La crisis en que se desenvuelve el sistema no puede seguir, menos aún las bajas jubilaciones que proporciona.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano

 



[1] Véase, Carta Económica, 27/10/13.

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