Una autorización para endeudarse por hasta US$25.000 millones durante 2027 pidió el Gobierno de José Antonio Kast al Congreso. El primer Presupuesto del mandatario llegó formalmente este lunes al Parlamento y combina una meta más exigente de reducción del déficit con un mayor margen para recurrir a deuda. El proyecto contempla un gasto neto de $105,8 billones y solicita contraer obligaciones por ese techo máximo.
La cifra supera con holgura los US$17.400 millones que contenía originalmente el Presupuesto 2026, el último de la administración del expresidente Gabriel Boric. Sin embargo, cabe recordar que la administración de José Antonio Kast solicitó una autorización adicional por US$6.200 millones para este erario, con lo que el límite vigente para el año en curso quedó en US$23.600 millones.
De esta manera, frente al monto actualmente autorizado, la solicitud para 2027 representa un incremento de US$1.400 millones.
Los US$25.000 millones no implican que el Fisco vaya a emitir toda esa cifra como deuda nueva, ya qu eel artículo 3 fija el máximo que podrá utilizar el Ejecutivo y permite emitir bonos y otros instrumentos en moneda nacional o extranjera. También excluye del computo un conjunto de obligaciones amortizadas durante el ejercicio de 2027, así como las operaciones destinadas a refinanciar deuda anterior.
La iniciativa agrega otra autorización por hasta US$600 millones, sumando en total US$25.600 millones.
Más deuda en medio de un ajuste fiscal
La solicitud aparece cuando la catera de Hacienda, dirigida por el ministro Jorge Quiroz busca instalar un discurso de disciplina fiscal, la propuesta presupuestaria plantea una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB para 2027, frente al 2,8% previsto para este año, el gasto, por su parte, prevé un aumento de 1,5% respecto de la ejecución de 2026.
El presupuesto propuesto por la administración de Kast contempla una serie de recortes en áreas estratégicas, afectando el funcionamiento de programas específicos como el caso de los Liceos Bicentenario que experimentaría una baja de 45% en los recursos asignados; a lo que se suma la decisión de poner fin al programa «Yo elijo mi PC», que comenzó en 2009 y que durante solo este año contó con $34.796.094 millones y entregó computadores a 96.100 estudiantes a través de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb.
A la par, la partida de Cultura prevé un recorte de $49.381 millones en los recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que pasaría de $489.899 millones en 2026 a $440.518 millones,en 2027. Este tijeretazo afectaría al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, que vería reducidos sus recursos de $12.647 millones a $10.416 millones, mientras que los fondos para el Programa Sitios de Memoria experimentarían una disminución de $231 millones, equivalente a 25,3%.
Ante este escenario, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, indicó que evaluarán en detalle los recortes, así como el aumento en el margen de endeudamiento solicitado para 2027.
“Quiroz supuestamente no vino acá a endeudar el país”, afirmó, planteando que el jefe de la cartera de Hacienda deberá explicar el efecto de esa decisión sobre las cuentas fiscales.
Yeomans cuestionó la decisión de eliminar las Becas TIC —que incluyen “Yo Elijo mi PC”— y los recursos destinados a programas vinculados a la Ley Cholito, consignó El Mostrador.
Desde el PC, diputados como Daniela Serrano plantearon la necesidad de revertir los recortes previstos en el Presupuesto 2027, mientras que el parlamentario Marcos Barraza denunció que el tijeretazo pone en riesgo los derechos sociales.
En la misma línea, la diputada Irací Hassler calificó el proyecto de la administración Kast como “presupuesto de los recortes”, expresando sus críticas a los recortes en materia de educación, vivienda y programas sociales, consignó El Mostrador.
Los gobernadores regionales cargaron contra el recorte de 6% previsto para 2027. Tras salir de una reunión con el ministro Quiroz, los representantes de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) la calificaron como una instancia “dura” e “intensa” y advirtieron que la reducción de los recursos podría afectar tanto los proyectos de inversión como la generación de empleo en las regiones.
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