Sacando cuentas a cuarenta años del golpe fascista

Los cuarenta años desde el golpe militar de septiembre de 2013 condujeron a un gran despliegue de manifestaciones y actos recordatorios, así como de reportajes periodísticos.  Un hecho de gran importancia, que fue recordado fundamentalmente solo en la vigencia en lo central de la constitución pinochetista, son los amarres dejados por la dictadura, tomando fuerza, a lo menos, producir cambios  en el sistema binominal, cuando lo que se requiere es que el país tenga una ley fundamental democrática.  Sin embargo, poco o nada, se habló de los amarres económicos, cuando es necesario poner fin a la mantención de un modelo impuesto por la violencia en los años de dictadura.  Los cambios demandados por la ciudadanía precisan para materializarse terminar con esos “amarres” que se expresan directa o indirectamente en los terrenos monetarios, fiscales y cambiarios y disponer de recursos para llevarlos adelante.  El barómetro CERC en su encuesta de junio anotó que un 75% de la muestra señaló que “se mantienen las ‘huellas’ dejadas por el régimen militar”.  En verdad, se trata no únicamente de huellas sino de mecanismos  y políticas, entre ellas recuperar para los chilenos los recursos naturales o, a lo menos, poner fin a los excedentes exagerados que generan para grandes intereses privados, internos y externos.

 Se han enterado cuatro décadas del 11 de septiembre de 1973.  El barómetro del CERC en su encuesta efectuada el pasado mes de junio constató que un 76% de la muestra considera que Pinochet pasó a la historia “como un dictador”, en julio de 2009 ese porcentaje había sido de 66%.  Por tanto, esta conclusión pasó a ser aún más mayoritaria.  Un 55% opinó que la experiencia vivida en los 17 años del régimen fueron “malas” y apenas un 9% calificó a Pinochet “como uno de los mejores gobernantes del siglo XX”, cuando la continuidad del modelo se fundamentó en los supuestos éxitos económicos obtenidos, que constituye una visión deformada de lo acontecido durante todo el período, con un país estancado hasta mediados de los ochenta y luego un lustro de crecimiento posibilitado por el regreso de capitales desde el exterior.  Por último un 75% sostuvo que “se mantienen las huellas dejadas por el régimen militar”.  Es particularmente grave que luego de cuarenta años y abandonar la dirección del Ejecutivo desde 1990 persistan los numerosos “amarres” que dejó Pinochet como herencia, constituyendo un gran desafío la obligación de removerlos.

El principal amarre a desatar es la Constitución pinochetista, que mantiene sus rasgos fundamentales a pesar de algunas modificaciones menores que se le hicieron.  El golpe se produjo horas antes que el presidente Allende anunciase en la Universidad Técnica del Estado la realización de un plebiscito.  Fue efectuado con anterioridad a que diese a conocer su proyecto de reforma constitucional titulada “Un Estado democrático y soberano.  Mi propuesta a los chilenos”, que recién fue divulgada como folleto en 1993.  Los planteamientos de este texto siguen en gran medida vigentes y debieran ser considerados en la transformación constitucional demandada cada vez más insistentemente.  La afirmación de Piñera efectuada al recordar el golpe de Estado de que “Allende no tuvo ningún respeto por la ley”, además de constituir una falsedad proporciona un argumento a favor de los golpistas.

En el plano económico social el mayor amarre es el modelo neoliberal impuesto por la fuerza y que en lo esencial continúa vigente hasta el día de hoy.  Fue una concepción de política económica que la Concertación durante la administración  Aylwin  equivocadamente hizo suya explícitamente[1] y posteriormente la siguió aplicando.

La forma de razonar que condujo a este renuncio sigue presente.  “La fuerza de Pinochet –afirmó Enrique Correa- nunca tuvo que ver con la brutalidad militar de sus regímenes, sino con la eficacia  de sus reformas económicas (…) fue el único viso que dio legitimidad a su gobierno.  Sin la democracia posterior –recalcó- esa reforma no habría sido estable” (06/09/13).  Desde luego que esa política fue posible por “la brutalidad militar” y su continuidad no hubiese sido factible sin que la Concertación hubiese valorado la “eficacia” de ellas, que mantienen al país entre los de peor distribución del ingreso a nivel global.  Es el mismo exministro cuya visión es que el país estaría viviendo “las transformaciones propias de su conversión  en una sociedad de clase media.  Hay que allanarse –añadió- a que éste dejó de ser el país del neoliberalismo y ahora es una país con sentido común social demócrata (…)”[2].  Superar este modelo requiere de una confluencia política y social en esa dirección, que desde luego tenga una visión crítica de lo que representa su aplicación.

Los “amarres” específicos heredados de la dictadura en el plano socioeconómico son muchos.  Uno de ellos es el Fondo de Utilidades Tributables establecido en 1984 siguiendo formulaciones efectuadas en EE.UU. de las economías desde el lado de la oferta, como forma de enfrentar en ese país uno de los grandes problemas registrados en la década de los setenta, el estancamiento económico.  El otro fue una inflación elevada.  Fueron años de estanflación (estancamiento con inflación).  Uno de los cambios impositivos llevados adelante durante la administración Reagan fue disminuir los impuestos a las  sociedades, con la idea de que así se destinarían más recursos a la inversión.  En el papel los menores ingresos fiscales en el corto plazo debido a la reducción de los gravámenes se recuperarían más adelante como consecuencia del supuesto mayor crecimiento económico.  En realidad fue el inicio de un largo período de elevados déficits fiscales, reducido en los últimos años del gobierno Clinton, que fueron de gran incremento en la actividad económica.  En el país, el mecanismo utilizado preferentemente es acotar el crecimiento del gasto público.

El país comienza a discutir el presupuesto fiscal 2014, el primero de la futura administración después de la encabezada por Sebastián Piñera.  Ya se consiguió  después de una inicial negativa oficial que se informase de los indicadores de tendencia a considerarse en su elaboración, fijándose el de crecimiento económico en 4,8% y el precio del cobre de largo plazo en US$3,04 la libra.  A partir de esos indicadores, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín concluyó que “el marco presupuestario (de 2014) será de mayor austeridad, con un crecimiento del gasto menor a años previos” (28/08/13).  Durante la administración Piñera se aplicó el principio de que el crecimiento del gasto público debía ser menor al del producto, reduciendo así el papel del Estado.  Por ello, durante su gestión el gasto público como porcentaje del producto nunca excedió del 22% registrado en 2010, moviéndose entre 2011 y 2013, según la estimación para este último año de la Dipres, entre 21,4% y 21,8%.

El Indicador de Tendencia equivale en la práctica al crecimiento del producto potencial.  Su nivel en 2014 es similar al de 2011 y 2009.  Por tanto, durante la administración Piñera poco se hizo para incrementar la tasa de crecimiento de los factores productivos, en particular de la inversión y la productividad, en las cuales un factor poderoso que pesa negativamente es el alto costo energético.  Si el gasto público sigue a futuro creciendo al ritmo del producto no podría resolverse las demandas sociales planteadas, lo cual hace imprescindible poner en vigencia lo antes posible una verdadera reforma tributaria, que incremente rápidamente los ingresos fiscales con cargo a quienes han sido beneficiados con los sistemas tributarios vigentes.

Evolución de los indicadores de tendencia

(Fuentes:  Dipres.  En porcentajes y US$/libra)

El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, en el debate producido en el Congreso con motivo de la presentación del informe de política monetaria sostuvo con satisfacción que “no he visto a ninguna candidatura plantear un abandono de la regla fiscal (…).  Creo –añadió- que estamos ante una situación consolidada de responsabilidades” (05/09/13).  La “regla fiscal” establece que el gasto público en materia de ingresos cíclicos –crecimiento económico y precio del cobre- solo puede gastar los recursos obtenidos por estas variables hasta los alcanzados con los niveles de tendencia.  Por encima de ellos se transforman en superávits.  Por tanto, el gasto fiscal queda supeditado al cumplimiento de la regla, no a las necesidades de la economía.  Se niega así la posibilidad de utilizar los resultados fiscales como un mecanismo de política.  Si a ello se suma el planteamiento que es imprescindible eliminar el déficit estructural fiscal, y más aún como señalan algunos que debe volverse al período de los superávits estructurales, se le pone de inmediato limitaciones al crecimiento del gasto, que tiende a aceptarse como un hecho en el próximo presupuesto.

La “regla fiscal”, como cualquier mecanismo económico, no puede considerarse como algo inmodificable, debe someterse constantemente a un examen crítico.  No es demostración de “responsabilidad” considerarla inmutable y no es síntoma de un buen debate económico que no se hable de ella.  Ella también establece que en los seis primeros meses  de una nueva administración debe darse a conocer la política fiscal a aplicarse durante todo el período, en la situación actual durante los cuatro años de su duración.  Todas las políticas rígidas, demuestra la experiencia, presentan la gran limitante de no tener en cuenta la evolución cíclica de la economía y, por tanto, niega las posibilidades de actuar con criterios anticíclicos.  De allí que considerando los indicadores de tendencia y la reducción del déficit estructural se empiezan a hacer formulaciones sobre el crecimiento máximo del gasto público, que se va a discutir en base a la propuesta que realice el actual Gobierno –que tiene durante todo el proceso presupuestario la iniciativa absoluta- y luego se pone como tema central el monto del llamado Fondo de Libre Disponibilidad,  que obviamente mientras más alto sea más flexibilidad  entrega al futuro Ejecutivo.  Se deja de lado así la discusión central: la política fiscal que se requiere y cómo disponer de los instrumentos para posibilitarla.

Otra de las herencias del “modelo” es la total apertura de la economía tanto en la esfera comercial como en el movimiento de capitales.  Ello se reforzaría aún más si sale adelante la presión de la Casa Blanca por aprobar rápidamente y en función de sus objetivos el Acuerdo Trans Pacífico, del que Chile forma parte, sin que exista un debate público sobre su contenido y las obligaciones adicionales que impondría al país más allá de las establecidas en el TLC Chile-EE.UU.[3]   El alto grado de apertura es más  importante aún cuando el escenario externo sigue preñado de riesgos.  El informe de Política Monetaria del Banco Central expresó tres preocupaciones “principales”: la desaceleración generalizada experimentada por las economías emergentes, particularmente fuerte en grandes economías como son las de India, Indonesia y Brasil; el proceso que está experimentando la economía china, que constituye el principal mercado de productos desde Chile, cuyo primer ministro, Li Kegiang, declaró a Financial  Times que “mantendrá su crecimiento sostenido y saludable”, en torno a 7,5% (10/09/13);  y la evolución en la cotización del petróleo por la situación geopolítica creada en el Medio Oriente[4].  El país constató el informe “probablemente enfrenta un menor impulso externo”.  Los impactos de los hechos originados en el exterior son lógicamente más fuertes mientras una economía sea más abierta que es uno de los fundamentos centrales de las concepciones neoliberales.

Otro de los “amarres” dejados por la dictadura, promulgada en los últimos días del régimen de Pinochet, es la ley orgánica del Banco Central que establece su “autonomía”, tratando que sus políticas permanezcan lo más alejadas posibles del debate público, decididas por un consejo que es expresión del sistema político binominal, otorgándole la prioridad absoluta en su gestión al objetivo antiinflacionario y que prohíbe conceder financiamiento al fisco, en el marco de las múltiples limitaciones impuestas al gasto público.  Ello explica que el Banco Central mantenga una posición absolutamente pasiva por un largo lapso en materia de política monetaria.  En septiembre mantuvo por vigésimo mes consecutivo su tasa de interés en 5% nominal anual, constatando eso sí en su comunicado, que “podría requerir ajustes”, que deberían ser a la baja dado el proceso de desaceleración en la actividad vivida y que “la inflación total sigue en el ritmo de tolerancia”.  En el terreno cambiario su discurso es de defensa a todo evento a que el mercado sea el que resuelva los desequilibrios.  “La flexibilidad cambiaria –expresó en su IPoM de septiembre- juega un rol clave en evitar los descalces cambiarios que han  sido tan costosos en otros países de la región”.  Habría solo que preguntarse si los “costos” sufridos por muchos sectores de la economía nacional, en el duro proceso de apreciación del peso, fueron menores.

Las herencias de los años de dictadura no se limitan a los “amarres”, sino se expresaron también en controles de grandes empresas.  El problema de fondo es que el modelo impuesto entregó la explotación de los recursos naturales del país a grandes intereses privados, internos y externos.  “La madre de todas las reformas que el país requiere –escribió Manuel Riesco en la edición especial de Clarín con motivo del 11 de septiembre- es renacionalizar los recursos naturales.  Para terminar con los grandes rentistas y su  corrupta influencia.  Su renta –añadió- que legítimamente nos pertenece a todos, debe ser utilizada para mejorar la calificación y el bienestar de los trabajadores: los auténticos creadores de la riqueza en Chile”.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano