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Una reforma tributaria de verdad lo antes posible

En julio sorprendió el movimiento efectuado por la Federación Nacional de Sindicatos y Empresas de Aseo y Ornato, Jardines y Rellenos Sanitarios (Fenasinaj) demandando sus reivindicaciones, la cual demostró su peso como organización, la fuerza de su movilización, las precarias condiciones de vida de sus integrantes, logrando la constitución de una mesa técnica para establecer un marco regulatorio, que incluya mejoras en las condiciones laborales y un bono para agilizar el restablecimiento de los servicios, dando lugar a negociaciones sectoriales con la participación del Estado, los municipios, las empresas y los trabajadores.  Los problemas sociales existentes en el país son variados y de magnitud.  Ello cuando se entra a tierra derecha en la elección presidencial.  Desde una visión progresista no solo está planteado sacar a la derecha del Ejecutivo sino alcanzar las transformaciones de fondo que el país requiere, entre las cuales está producir una reforma tributaria de verdad,  que genere ingresos permanentes para aumentos de gastos que no son transitorios, con cargo a los sectores que se han beneficiado con la aplicación del modelo económico.  Para ello es necesario detener a la brevedad  el flujo al Fondo de Utilidades Tributables de las ganancias empresariales y no varios años después de aprobada la reforma tributaria, no reducir la tasa marginal máxima del impuesto a las personas, no darle una nueva ventaja a las grandes empresas con la depreciación inmediata, abordar el gran tema de la renta del cobre y otros recursos naturales, así como reducir el gravamen más regresivo, el IVA.

La campaña electoral ya se encuentra en curso.  La “nueva mayoría” nominó a su candidata, Michelle Bachelet, la derecha hace otro tanto luego de un dificultoso proceso, Evelyn Matthei, hija de uno de los integrantes de la junta dictatorial, a lo cual se suman los postulantes que llegarán directamente a la elección presidencial sin participar en primarias, cuyo listado completo se conocerá al cerrarse en los próximos días la fecha de inscripción legal.

Por tanto, se precisa definir los objetivos fundamentales a alcanzar en esta etapa.  Uno de ellos debe ser derrotar una alternativa continuista. El gobierno Piñera, en lo fundamental, significó la prolongación, en un nuevo momento, de la política económica social impuesta en los años de dictadura y que continuó vigente en las dos décadas de administración de la Concertación.  Derrotar a la derecha política es, en consecuencia, una prioridad.  Pero, no es suficiente.  Se requiere, además, llevar adelante un programa que posibilite los cambios que el país requiere, lo cual plantea un desafío aún mayor.

Las transformaciones sociales demandadas por la población exigen para hacerlas posible de forma sostenida en el  tiempo una reforma tributaria de verdad, que entre en régimen lo antes posible durante el próximo gobierno.  Ello no lo hace factible la propuesta programática dada a conocer antes de la elección primaria por la candidatura de Michelle Bachelet, previo a que se integrasen a su comando destacados personeros que ocuparon funciones relevantes en la implementación de la continuidad del modelo como José De Gregorio o René Cortázar y que resulta difícil suponer que estarán por modificar en un sentido progresista la propuesta efectuada, sino  presionarán más bien al contrario como lo  demuestran las declaraciones efectuadas por el expresidente del Banco Central a la prensa, cuando se cruzó abiertamente con una formulación efectuada personalmente por Michelle Bachelet.  “Darles gratuidad a todos los estudiantes –explicó- es partir al revés”.  Su planteamiento va más allá del tema específico, al señalar claramente que las propuestas efectuadas a la fecha eran revisables, insinuando además que deberían explorarse alternativas diferentes a las tributarias dadas a conocer.

  Por ello, según la versión de La Tercera, “de acuerdo a personeros de la oposición, Arenas se ha encargado de transmitir que es necesario desdramatizar el desembarco de los liberales en el comando y que Bachelet mantendrá lo que han sido sus “compromisos” y “ejes” de la campaña (…)”.  En los cuales hay planteamientos generales importantes como efectuar una reforma tributaria de verdad, no el pequeño y contradictorio ajuste efectuado por la administración Piñera en 2012; que los aumentos de gastos a efectuar para atender demandas sociales imprescindibles a resolver deben financiarse con ingresos permanentes para hacerlos sostenibles en el tiempo, no en base al crecimiento económico como sostiene el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sujeto a los vaivenes del ciclo económico; producir en régimen un aumento de los ingresos algo superior al 3% del PIB; así como colocar en la mesa de discusiones el término del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

Sin embargo, la propuesta hecha pública contempla que se detendrán los flujos de recursos hacia el FUT recién al cuarto año de entrar en vigencia la Reforma Tributaria.  En  la práctica sus efectos así se producirían en la administración que se elija en 2017.  Mientras tanto, generarán ingresos tributarios –como hasta ahora- únicamente los retiros o dividendos efectuados de las ganancias empresariales.  Con el agravante que simultáneamente se reduciría el gravamen al tramo más alto del impuesto de segunda categoría de 40% a 35%, “como una especie de compensación –declaró Gonzalo Martner- por el fin del FUT” (26/07/13),  Esta reducción se fundamenta en que afectaría mecanismos de elusión tributaria,  por el procedimiento de la creación de empresas con el único propósito de cancelar  impuestos inferiores a los de segunda categoría, dada la retención proporcionalmente menor que se hace en el gravamen a las utilidades de empresas.

La tasa de impuesto relevante para los ingresos fiscales es el aplicado a las personas y ellos se disminuirían para el tramo más alto.  El gravamen a las empresas es únicamente una retención en el sistema “integrado” existente en el país.  En EE.UU. y otros países desarrollados son impuestos diferentes.  Esta realidad, que favorece a quienes retienen utilidades no se modifica en la propuesta conocida conduciendo a que subsista romper principios tributarios como el de equidad horizontal (que cancelen lo mismo quienes tienen ingresos similares)  y la equidad vertical (se pague en relación a los ingresos obtenidos, que se rompe con el Fondo de Utilidades Tributables).  El FUT recalcó el destacado economista democratacristiano Ricardo Ffrench Davis “es un bolsón que tiene componentes importantes de evasión tributaria, lo que es muy regresivo (…) el capital –añadió- está pagando relativamente poco y el trabajo personal comparativamente más y los sectores medios y bajos están pagando impuestos a través del IVA y distintos mecanismos” (23/07/13).

“Se dice –escribió Andrea Repetto, doctora del MIT y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez- que se eleva el impuesto a las empresas, pero se olvida que los impuestos en Chile están integrados y quien paga en realidad es el dueño.  Este impuesto final está dado por el global complementario, y no por su retención en Primera Categoría.  Así los primeros $540.000 de ingresos mensuales están exentos.  Luego, (se cobra) 8% entre 540.000 y $1.200.000 (…) hasta una tasa del 40% por cada peso sobre los seis millones” (03/07/13).

Al entrar a detenerse los flujos al FUT la depreciación que podrán hacer las empresas será instantánea, es decir se cargará inmediatamente como gasto, lo cual si bien se justifica en el caso de empresas pequeñas se transforma en otro beneficio a las grandes sociedades.  En el caso de inversiones efectuadas en sectores como la minería obtendrán una ventaja aún superior a las que lograban en los años de dictadura con la depreciación acelerada, mecanismo que fue rechazado al proponerse su restablecimiento durante la presidencia de Michelle Bachelet por la oposición que levantó.  En el fundamental sector cuprífero ni siquiera se propone terminar con la invariabilidad tributaria del royalty minero que rige hasta el año 2023 y que implica un claro renuncio a la soberanía nacional y que busca mantener “amarradas” a las futuras administraciones.

La consultora GMP Securities publicó un informe en que expresa la contradicción existente en que siendo Chile el país de mayor producción cuprífera, un 70% de ella aproximadamente en manos de consorcios privados, particularmente extranjeros y el poderoso grupo Luksic, su aporte al Estado corresponde solo al 28% de sus beneficios brutos, mientras en el vecino Perú es de 39%, en Polonia de un 51%, en el estado norteamericano de Arizona de 46%, en Mongolia de un 71% y en Kazajastán de 44%.  “Chile –establece el estudio-  tiene el régimen fiscal menos exigente del mundo para las grandes mineras del cobre y podría fácilmente implementar impuestos más onerosos  para las mineras”.  Su analista principal, Matthew Fernly, expresó su sorpresa “que el régimen de royalty de Chile sea tan suave (…)” (19/07/13).  El royalty actualmente varía entre un 5% y el 14% del resultado operacional.

El gerente de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, procedió inmediatamente a  descalificar las conclusiones de la consultora, destacando que cancelaría el 20% del impuesto de primera categoría, pero ello sucede cuando proceden a retirar  el total de las utilidades, que si las envían al exterior debe cancelar el impuesto adicional de 35%, pero ello disminuye cuando se reinvierten, lo que constituye un crédito gratuito.  A ello se suma que cuando ingresan recursos en la forma de préstamos a través del DL 600 al cancelarlos el egreso neto producido constituye contablemente un gasto que reduce las utilidades.  Por lo demás, una gran parte de sus exportaciones la efectúan como concentrados, obteniendo utilidades adicionales de los otros recursos mineros contenidos en el envío efectuado.  La propuesta establece eso sí el término del DL 600, promulgado en los primeros meses de la dictadura, cuyo nivel de utilización se ha reducido.

La propuesta dada a conocer por el comando de Michelle Bachelet  prácticamente no hace mención del tema cuprífero.  ¿Se podrá esperar que ello cambie ahora con René Cortázar, a quién Andrónico Luksic puso a cargo de canal 13 para reemplazarlo posteriormente por Nicolás Eyzaguirre?  Tampoco incluye disminuir el elevado gravamen al consumo.  Una reducción del IVA es fundamental para cumplir otro objetivo de la reforma tributaria cual es mejorar su estructura, dado que es el gravamen más regresivo, al cancelar proporcionalmente más sobre sus ingresos quienes participan en forma más precaria en su distribución, mientras que las capas de altas rentas destinan a consumo solo una parte de ellas.

En el debate tampoco figura la regla fiscal establecida a comienzos de siglo que acotó el nivel del gasto público, ni tampoco la subsistencia o no de la mantención en el exterior de elevados fondos soberanos.  Además, un nuevo gobierno debe definir en el primer medio año de su mandato la política fiscal a seguir durante todo el período.  Es decir, existen muchos puntos a decidir sobre los cuales no existen aún pronunciamiento.  El director gerente de la calificadora de riesgos norteamericana Standard & Poors, Joydeep Mukhery, manifestó que, “en la medida que esta política se mantiene y avanza con el próximo gobierno, no tendremos preocupaciones” (05/08/13).  Estos temas debieran colocarse ya en el debate con motivo de la elaboración del presupuesto fiscal 2014.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano

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