Alerta ciudadana ante la restauración conservadora

La presidenta terminó agosto bailando cumbia junto al alcalde de La Cisterna en uno más de sus prolíficos e inútiles actos propagandísticos para difundir las reformas. Pese a éste y otros esfuerzos, su valoración pública continuó en descenso para ubicarse en nuevos mínimos históricos, sólo comparables durante las últimas décadas a los registrados por su antecesor Sebastián Piñera.

Michelle Bachelet finalizó uno de los peores meses de su gobierno. Y posiblemente uno de los más complejos desde el inicio de la transición hace 25 años atrás. En un clima similar al de los primeros años noventas, con amenazas desestabilizadoras, agosto pasado trajo una serie de eventos públicos que se conectaron con los sótanos de nuestros imaginarios políticos. No hubo ejercicios de enlaces o ruido de sables, pero sin duda los rumores, editoriales, comentarios y manifestaciones instalaron un escenario inestable que levantaba ese tenebroso decorado.

Este invierno político estuvo marcado por la precipitación de eventos en proceso. Las tensiones iniciales al interior de la Nueva Mayoría (NM) han derivado en un triunfo de los sectores conservadores neoliberales por sobre los postulados iniciales que impulsaron las reformas, el trance de corrupción volvió a coronarse con la filtración de los correos del senador socialista Fulvio Rossi a Patricio Contesse, ex gerente general de Soquimich y brazo derecho de Julio Ponce Lerou, en tanto por otra arista la economía consolida su contracción para el año en curso y el futuro próximo.

En el centro de este síndrome está el aislamiento y la caída libre de la presidenta. Un fenómeno que toma ribetes trágicos en un país extremadamente presidencialista. El anclaje del gobierno se ha soltado y la deriva desata trastornos en la Nueva Mayoría. Ya desde marzo, tras el estallido de los casos Caval y Penta-Soquimich, y con mayor intensidad a partir de este invierno, el discurso oficial se fragmenta y muta en una contradicción amplificada por diversas e improvisadas vocerías. Si desde el cambio de gabinete en mayo pasado las voces de Interior y Hacienda ya venían apagando el relato presidencial, en agosto  y septiembre lograron imponerse y acallarla. La entrevista a Bachelet publicada por un medio del duopolio en la que defendía las reformas fue descalificada sin ambages por sus ministros, en tanto hacia inicios de septiembre el ministro Eyzaguirre, el otrora alter ego de la presidenta, terminó por derribarla con sus confesiones liberales a El Mercurio.

Eventos de esta naturaleza pueden tener diversas interpretaciones, pero aun con su polisemia y subjetividad es posible verlos  como un claro desplazamiento de la fuente de poder. Mientras la presidenta corta cintas y se toma selfies con sus cada vez más escasos seguidores,  las señales políticas no sólo salen desde los ministerios y algunas figuras de la NM. El desplazamiento ya ha trascendido a La Moneda.

Ni Burgos ni Eyzaguirre ni Rodrigo Valdés son figuras autónomas. Representan al conservadurismo neoliberal, el cual pese a habitar en la Nueva Mayoría, tiene su núcleo en la tradicional y hoy fortalecida derecha económica y sus lazos financieros internacionales. Desde las grandes corporaciones enraizadas entre los sectores extractivos, exportadores y de servicios, cuyo poder está expresado a través de sus medios de comunicación, arriendo de abogados, firmas de lobby y figuras públicas, se ha venido configurando el actual escenario político. Aquellas críticas iniciales a la reforma tributaria han devenido en un rechazo frontal a todas las reformas. El gatopardismo propuesto el 2013 por la Nueva Mayoría terminó en una nueva restauración conservadora.

Los antecedentes de este fracaso son numerosos. Desde la matizada gratuidad a la educación superior a la desinstalación de la reforma tributaria promulgada hace un escaso año atrás, desde el varias veces postergado debate del aborto terapéutico al desmontaje de la reforma laboral. Como corolario de este proceso reactivo están las periódicas declaraciones de Jorge Burgos contra la posibilidad de impulsar un plebiscito para la conformación de una asamblea constituyente que conduzca a una nueva constitución.

Este proceso retroactivo  tuvo durante el mes pasado un acto simbólico como pocos. La protesta de los dueños de camiones comprobó que los fantasmas habitan en la historia. La puesta en escena organizada y montada por la ultraderecha, cuyos portavoces se alternaron entre la UDI y los gremios del transporte de carga, logró consolidar,  con la explícita colaboración de los medios escritos y la televisión, al menos dos discursos: la victimización ante la delincuencia y el terrorismo en la región de la Araucanía. Un tercer relato, el desorden y desgobierno, terminaba por replicar en el presente el paro de los camioneros de 1972 y 1973. Una señal cuyo desenlace, inscrito en el imaginario nacional, es la profunda tragedia.

El actual momento político fue elaborado desde las elecciones presidenciales del 2013 cuando se anunció, como respuesta a la aplicación de las reformas, de la sequía a las inversiones y el caos económico.  Un aviso que con el curso del tiempo ha tenido, con la oportuna ayuda de los medios de comunicación empresariales, al menos la apariencia de realidad. Las profusas encuestas de opinión parecen también constatar esta supuesta realidad.

La situación política no puede explicarse sólo como la poderosa reacción empresarial y oligárquica a las reformas y el aparente triunfo del discurso conservador neoliberal. Están sin duda la torpeza y debilidad del gobierno, la inviabilidad de una coalición instrumental como la NM y, de forma prioritaria, las consecuencias de la corrupción como acto y proceso gestor de la política. Aun cuando todos los partidos aparecen involucrados, es sin duda el gobierno representado en la figura presidencial el sector que recibe en estos casos el mayor castigo ciudadano.

La NM tomó prestadas las reformas y las usó como una improvisada herramienta política. Sin convicciones reales, y sin una real conexión con las organizaciones sociales, las reformas fueron más que nada una bandera electoral desechada en momentos de dificultades. El gobierno y la coalición no sólo ha usado con astucia a la economía como argumento para limar las reformas, sino que lo ha hecho de forma unilateral, sin consulta a las organizaciones sociales.

Es probable que esta sea la causa principal del fracaso del gobierno. La falta de convicciones en unas reformas, lo ha llevado en conjunto con la NM a sumarse al discurso conservador neoliberal dominante y, tal como en décadas pasadas, se ha alejado de la ciudadanía en circunstancias que ante las presiones de la derecha económica podría haber buscado su apoyo.

El gobierno ha cerrado prematuramente su ciclo y ha renunciado al poder.  En estos momentos, marcados más por la inercia que por energías propias, y ante el acoso de las fuerzas conservadoras y reaccionarias, hay sólo una salida: poner en marcha los mecanismos para un plebiscito que conduzca a un proceso constituyente mediante asamblea constituyente. Si no lo hace un gobierno debilitado y entregado a los poderes económicos y financieros transnacionalizados,  ha de hacerlo la ciudadanía.