CONTRA EDITORIAL 4: El Mercurio justifica en su editorial de hoy práctica fraudulenta de inmobiliarias que urbanizan terrenos rurales

En su edición del martes 19 de julio de 2022, El Mercurio publicó una editorial titulada “Regulación de parcelaciones rurales”, en la cual justifica las prácticas fraudulentas mediante la cual se ha utilizado la certificación de subdivisión de predios rústicos para destinarlos a fines habitacionales, rematando la editorial con la siguiente frase “junto con posibles abusos, hay también una demanda ciudadana a la que debe darse un adecuado cauce, habida consideración del bien común involucrado y las características propias de la zona respectiva”. 

Las parcelaciones rurales son un grave problema que afecta a decenas de comunas a nivel nacional, produciendo el desarrollo de proyectos inmobiliarios que no cuentan con condiciones básicas de habitabilidad, afectando el sistema de abastecimiento de agua potable de las APR, incrementan la basura en el sector, saturan las vías de transporte, producen el deterioro de ecosistemas, entre otras graves situaciones. 

El Decreto Ley N°3516 de 1980 que Establece Normas Sobre División de Predios Rústicos se ha utilizado fraudulentamente para infringir la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues este sólo permite la parcelación de loteos en terrenos rurales que continuarán teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, sin embargo, son parcelados para desarrollar proyectos habitacionales produciendo una urbanización no planificada. Por ello, el instructivo del Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sólo viene a exigir a sus propios funcionarios y funcionarias del SAG la aplicación del principio de juridicidad. 

El Mercurio señala como uno de los responsables de la posibilidad de los grupos medios de adquirir terrenos a precios asequibles el “excesivo celo con el que se definen los límites de las ciudades”, sin mencionar, que uno de los graves problemas es la especulación sobre el suelo urbano, los altos intereses hipotecarios y los grandes inversionistas en bienes raíces que producen el aumento de estos. Es de mala fe justificar una práctica fraudulenta utilizada principalmente por proyectos inmobiliarios para dar cuenta de la crisis habitacional que sufren cientos de miles de familias en el país. 

Por Javier Pineda Olcay