La ciudadanía debe imponer su voluntad democratizadora

A partir del 18 de octubre de 2019 la situación política, social y económica chilena ha cambiado diametralmente: hemos sido partícipes de la debacle del sistema político sostenido por la oligarquía el que ha acelerado su descomposición.

El estallido ciudadano abrió camino al cambio de la Constitución de 1980 y a la eliminación del modelo neoliberal. Este reventón social ha sido protagonizado por la ciudadanía asalariada, por sectores medios y medio altos, pero también por el “bajo pueblo”, los mestizos, “los rotos”, los “vándalos”, los que en conjunto protagonizaron el más grande y temible reventón social de la historia de Chile”.

La pandemia dio una pausa – y una oportunidad – al gobierno de Piñera y a la elite para apaciguar los ánimos y así poder retomar el control de la situación. No obstante, el pésimo manejo de la crisis sanitaria y el nulo abordaje de los problemas estructurales que explican el estallido, derivan en que el enorme caudal de ira contenido entre los despojados (mestizos, mapuches, pueblo criollo) se exprese y siga irrumpiendo con notable fuerza.

Piñera solo atina a reprimir para zafar. Para esta tarea dispone de Carabineros, dado que hace un año, tras el estallido social, los militares se negaron a entrar en la guerra contra la ciudadanía a la que Piñera los convocó.

Por lo mismo, el “trabajo sucio” de mutilar, torturar y hasta asesinar ha correspondido a las fuerzas policiales sobre las que Piñera tiene control directo, dado que son dirigidas por su ex edecán y hombre de confianza, Mario Rozas.

No obstante, los únicos que pagan con cárcel supuestos crímenes, son los miles de presas y presos de la revuelta, muchos de los cuales están por cumplir un año en injusta prisión.

Como contrapartida, y pese a todos los crímenes cometidos, Piñera y Rozas se mantienen en sus cargos. “Haga lo que haga, pase lo que pase, los presidentes de Chile deben terminar sus mandatos”, dicen desde la elite.

Pese a todo este oscuro panorama, un incidente -otro crimen- de hondo componente simbólico ha puesto contra las cuerdas a carabineros y al propio Piñera. Se trata del “homicidio frustrado” de Anthony A., adolescente arrojado el viernes 2 al río Mapocho por un efectivo de Carabineros.

Las imágenes de este hecho recorrieron el mundo, generando reacciones de medios y organismos internacionales, que ya sitúan a Carabineros de Chile como un ícono de la represión policial a nivel mundial.

El Gobierno y Carabineros tienen esta vez una complicación extra: la fiscal a cargo de las pesquisas en el “caso Pío Nono” es Ximena Chong, la que rápidamente ha ido demostrando la voluntad asesina del principal involucrado en el lanzamiento del joven al río. También ha podido evidenciar que el mando policial mintió y alteró pruebas con el fin de resguardar su responsabilidad en lo acaecido.

La fiscal Chong ha sido víctima de amenazas en las que tendrían participación carabineros como demostrarían varios confusos incidentes que la han rodeado.

El gobierno ha sido extremadamente blando para condenar las amenazas contra la fiscal, dando a entender -solapadamente- que las apoya. Lo más repudiable ha sido que en el contexto de acciones de amedrentamiento contra la fiscal el ministro de Interior haya declarado que ella no es “objetiva”.

Este proceder ha provocado la repulsa de fiscales, jueces, abogados y de la sociedad en su conjunto, profundizando la ilegitimidad de un gobierno que a estas alturas se comporta como una mafia enquistada en el Estado.

En el contexto constituyente instalado por la ciudadanía tras el plebiscito, la salida plebiscitaria y el itinerario político-constitucional construido en torno a ella, aparece como una jugada maestra de las elites para dirigir el proceso constituyente.

Es evidente que hay intereses cruzados en la elite y la clase política: mientras unos bregan por mantener incólume el modelo la oligarquía mercantil de Santiago (centralista, concentrador de riquezas y expropiador de la soberanía popular); hay sectores políticos que intentarán abrir mayores espacios a la participación ciudadana y a la distribución de riquezas.

Pese a ello, el pueblo no puede ni debe entregar en bandeja servida a la clase política sus sueños de una sociedad mejor, por todos construida.

Para ello profundiza su organización desde la base, sus intercambios económicos al margen de los impuestos por los núcleos de poder y se mantiene atenta a la jugada constitucional de la clase política.

El pueblo participará masivamente en el plebiscito constitucional y hará todo lo posible por teñir con sus colores este proceso. Pero si los partidos políticos y los centros de poder intentasen capturar para si este proceso, aprovechando las ventajas que el apresurado e inconsulto acuerdo de 15 de noviembre le dieron en materia de elección de delegados a la convención constituyente, la marea ciudadana avanzará diluyendo este y cualquier otro esfuerzo por despojarla de su sueño democratizador.