Políticos vinculados al crimen organizado: Una amenaza para la democracia

La candidatura de Aldo Duque como diputado por el distrito 9 ha generado alertas en distintos sectores políticos. Según la información disponible en el propio Poder Judicial, Aldo Duque ha sido abogado de narcotraficantes y contrabandistas hasta después de inscrita su candidatura.

Este vínculo no es reciente, sino histórico. No se cuestiona su derecho a ejercer la profesión y defender a quien quiera, sino su defensa a personas vinculadas con el narcotráfico y contrabando. Aldo Duque no es un defensor penal público, el cual tiene que atender los casos que llegan en virtud de su cargo, sino que puede elegir a quien toma como cliente. Todos los delincuentes tienen derecho a ser defendidos, pero eso no significa que un abogado deba defender a cualquier delincuente: tiene la posibilidad de elegir.

Es por ello que su defensa a corruptos como Laura Carrillo (militante RN condenada a 10 años de prisión por estafa) o personas condenadas por delitos de narcotráfico y contrabando levanta legítimas sospechas. No se trata de una inhabilidad jurídica, sino de un cuestionamiento ético y político. La Ley 20.000 contempla como inhabilidad en el acceso a cargos públicos el defender a personas asociados a delitos de narcotráfico. Esta inhabilidad no existe para quienes se postulan a cargos de elección popular, pero debiese existir.

La corrupción está penetrando fuertemente en nuestro país. El Caso Hermosilla dejó al rey desnudo: el Poder Judicial, incluyendo a la Corte Suprema, está seriamente cuestionado. La remoción y destitución de la jueza María Angélica Vivanco es solo la punta de un iceberg, pues el caso que involucra a una empresa bielorrusa podría dejar a muchos corruptos más en evidencia, incluyendo a “destacados” abogados de la plaza.

Solo el Caso Hermosilla tiene 11 aristas que involucran a empresarios (Hermanos Jalaff y hermanos Sauer), a políticos (Andrés Chadwick y el expresidente Sebastián Piñera), a jueces de la Corte Suprema (Vivanco, Matus, Carroza, Letelier y eventualmente otros), de las Cortes de Apelaciones (Verónica Sabaj y Antonio Ulloa), Fiscales como Carlos Palma, Manuel Guerra y el propio Ángel Valencia, Fiscal Nacional; dos Directores Generales de la PDI; entre centenares de nombres que aparecen mencionados en los chats y respecto de los cuáles podría acusarse por la comisión de delitos.

Por esta razón, es importante identificar a todos aquellos liderazgos políticos involucrados en casos de corrupción y cerrarles la cancha, para que incluso no lleguen a la papeleta.

El Ciudadano