Si Kast no pide renuncia a Rabat es porque avala la liberación de pedófilos

La renuncia de un ministro no es un trámite burocrático ni un gesto de cortesía política: es el reconocimiento de que alguien, en la cadena de mando, falló de manera grave y que la institución se hace cargo de esa falla separando al responsable. Cuando José Antonio Kast compareció ante el país para reconocer que su gobierno había rebajado las condenas de 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y violaciones contra menores, lo hizo con un lenguaje que no dejaba espacio para ambigüedades: habló de un error “grave”, “profundamente doloroso” e “inaceptable”. Pidió disculpas a las víctimas. Y, en el mismo acto, ratificó a Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia. Esa contradicción no es un detalle menor ni una muestra de temple: es la clave de todo el episodio. Si Rabat sigue en el cargo, es porque Kast lo está protegiendo. Y si Kast lo protege, es porque ambos saben —o ambos necesitan que se crea que no sabían— lo que estaba ocurriendo con los decretos que devolvieron la libertad a decenas de pedófilos.

El paquete anunciado por el Presidente incluye la suspensión total de nuevas tramitaciones de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores; la revisión “caso a caso” de los 56 decretos ya firmados; un proyecto de ley para prohibir de manera explícita que quienes abusen o violen a un niño accedan a cualquier rebaja de pena en el futuro; el apoyo a mociones parlamentarias en la misma línea; y la modificación del decreto que regula los beneficios carcelarios. Son medidas que suenan razonables en el papel, pero que llegan demasiado tarde y no remedian la resolución que las originó. La suspensión opera hacia adelante, no toca las resoluciones ya ejecutadas. La revisión caso a caso es, por ahora, una declaración de intenciones: revertir decretos administrativos ya cumplidos enfrenta obstáculos jurídicos considerables, y el propio Rabat ha admitido que su cartera solo verificó “requisitos formales” sin evaluar el fondo de cada caso. El proyecto de ley, incluso si se aprueba con urgencia, no tiene efecto retroactivo sobre quienes ya están en la calle. En términos simples: las medidas anunciadas pueden evitar que el problema se repita, pero no reparan el problema que ya ocurrió. No devuelven a las víctimas la tranquilidad que se les arrebató, no cancelan las rebajas ya concedidas y no vuelven a poner tras las rejas a quienes salieron antes de tiempo.

La dimensión más oscura de este episodio es que la mayoría de los 56 beneficiados ya está en libertad. Una investigación periodística identificó a 33 de ellos y confirmó que todos se encuentran en la calle. Peor aún, informes de Gendarmería advertían en varios casos un alto riesgo de reincidencia, junto con la negación de los delitos y la ausencia de empatía hacia las víctimas. Entre los casos documentados hay condenados por violaciones reiteradas, abusos sexuales prolongados y agresiones contra niños de corta edad. Uno de ellos, un líder religioso condenado a más de 22 años por estupro, abuso sexual y violación reiterada, recibió una reducción de 30 meses mediante un decreto firmado por el propio Rabat. Otro, condenado a 16 años por violación y abuso sexual contra dos niñas de seis y siete años, obtuvo una rebaja de 24 meses que adelantó su salida a julio de 2026. El diputado Daniel Manouchehri lo formuló sin rodeos: “Si solo uno de esos psicópatas vuelve a tocar a un niño, lo haremos responsable a usted, señor Presidente”. La advertencia no es retórica. Es la constatación de que las medidas anunciadas llegan después de que el peligro se materializó en libertad, y de que el gobierno que prometió mano dura para los abusadores de niños terminó firmando los decretos que los devolvieron a las calles.

Kast justificó la permanencia de Rabat argumentando que el “camino sencillo” habría sido pedirle la renuncia, pero que optó por el “camino difícil”: hacerse cargo, corregir el error y no soltar el tema hasta que quede solucionado. Es una construcción retórica que invierte la lógica de la responsabilidad política. En un sistema presidencial, la renuncia del ministro señalado como principal responsable no es el camino fácil: es el gesto mínimo de coherencia institucional. Mantenerlo en el cargo mientras se le encarga “liderar las soluciones” equivale a poner al bombero a investigar el incendio que él mismo provocó. Pero hay un elemento que hace aún más sospechosa esta continuidad. Rabat, en su primera línea de defensa, sostuvo que el Presidente Kast no estaba en conocimiento de los decretos porque se trataba de decisiones propias del ministro de Justicia. Sin embargo, los decretos llevan la fórmula “Por orden del Presidente”, que Rabat desestimó como un “tecnicismo” administrativo. La explicación es débil: en la estructura jerárquica del Ejecutivo, un ministro no firma resoluciones de esta naturaleza sin el respaldo, al menos implícito, del jefe de Estado. Y si Kast realmente no sabía, entonces la falla es aún mayor, porque revela un nivel de descontrol en su propio gabinete incompatible con la “mano dura” que prometió en campaña. La conclusión que se impone es incómoda pero lógica: si Rabat no renuncia, es porque Kast lo protege. Y si Kast lo protege, es porque ambos sabían —o ambos prefieren que se crea que no sabían— lo que estaba ocurriendo. La mantención del ministro no es un acto de lealtad republicana; es un pacto de silencio institucional. Cada día que Rabat permanece en el cargo es un día en que el gobierno evita que la cadena de responsabilidades llegue más arriba. Porque una renuncia no cierra el caso: lo abre. Si Rabat se va, el foco se desplaza inevitablemente hacia el Presidente. ¿Sabía o no sabía? ¿Autorizó o dejó hacer? ¿Por qué su ministro de confianza firmó 22 de los 33 decretos identificados? Mientras Rabat siga en el cargo, esas preguntas quedan contenidas en un solo nombre. Cuando ese nombre desaparezca, la pregunta llegará a La Moneda. Por eso no renuncia Rabat. Por eso no lo saca Kast.

El costo político de esta operación de contención ya es visible. La oposición ha advertido que si Kast no exige la renuncia de Rabat, avanzará en una acusación constitucional. El oficialismo tampoco está intacto: la senadora de RN María José Gatica abandonó el comité político ampliado en señal de molestia por la continuidad del ministro. La aprobación de Kast cayó a 29%, su primer registro bajo el 30%, y un 66% desaprueba su gestión. El costo es real, pero Kast parece dispuesto a pagarlo con tal de no exponer lo que una salida de Rabat dejaría al descubierto. No es una cuestión de eficacia administrativa ni de “corregir el error”. Es una operación de contención política: mantener al fusible en su lugar para que la corriente no llegue al generador. Las víctimas, mientras tanto, siguen esperando una reparación que no llega, y los condenados que ya están en la calle siguen siendo, para el gobierno que los liberó, un riesgo que se anunció pero no se quiso ver. La pregunta ya no es si Rabat debe renunciar. La pregunta es qué más tiene que pasar para que Kast deje de protegerlo.

El Ciudadano