Apoyo a profesores, crítica a El Mercurio y al ministro Andrés Velasco

Esta nota consta de dos partes. La primera, reproduce el Editorial de El Mercurio del sábado 24 de octubre, que bajo el título «Dilemas en el camino al desarrollo», es una crítica al paro del Colegio de Profesores y una defensa del actual sistema de educación nacional.

La segunda parte, incluye algunas de nuestras críticas sólo a lo dos temas señalados. Sobre el problema del desarrollo nuestras críticas están en otras notas, en las que citamos a Aníbal Pinto y al Premio Nóbel de Economía, Robert Solow, quienes señalan que no hay posibilidades de desarrollo, en economías que sólo se basen en exportación de recursos naturales, señalan que es necesaria una gran diversificación productiva. Nuestros comentarios se basan en investigaciones previas actualizadas y que han estado presente en otras notas.

Parte I. Editorial de El Mercurio: «Dilemas en el camino al desarrollo»

Estamos en época de elecciones y los profesores son un grupo organizado con influencia en la comunidad, pero transferir cientos de millones de dólares sin beneficios sociales claros es algo que nos aparta del camino al desarrollo. Se puede esperar de la Presidenta, que ha acumulado un capital político muy importante, que respalde con explícita energía a sus ministros de Hacienda y Educación, que han estado detrás de la respuesta al gremio docente. Acumular semejante capital tiene sentido para, precisamente, enfrentar las acciones de grupos de presión que sean negativas para el país. El paro de los docentes del sector municipal es, sin ninguna duda, una de ellas.

Para avanzar hacia el desarrollo, Chile tendrá que enfrentar con cada vez mayor decisión a los grupos de interés que existen en el país. En el último Informe de Competitividad se hace una clasificación interesante de las etapas de desarrollo de los países. La primera de éstas se caracteriza por estar conducida por la dotación de factores productivos que, para desarrollarse, requieren instituciones básicas, estabilidad macroeconómica, infraestructura y un nivel razonable de calidad y cobertura en salud y educación. En una segunda etapa, el progreso económico estaría conducido por ganancias de eficiencia, que serían promovidas, entre otros, por mercados competitivos, regímenes laborales dinámicos, un buen desarrollo del mercado de capitales, apertura comercial y un conjunto de trabajadores bien preparados, que puedan adaptarse rápidamente a un entorno muy cambiante. La última etapa es conducida por la innovación, que requiere sofisticación empresarial y capacidad de creación. Por cierto, todos estos factores están interrelacionados, y en cada etapa sólo cambia el peso relativo de cada uno de ellos.

Según dicho informe, Chile se encontraría en transición entre la segunda y la tercera etapa, y presentaría algunas debilidades importantes para consolidar este paso. Por ejemplo, las competencias de su capital humano, en particular el dominio de matemáticas y ciencias de sus estudiantes y trabajadores, la capacidad de innovar, la calidad de sus instituciones de investigación científica y la oportunidad para abrir y cerrar negocios, entre otros rasgos, están muy rezagados. Superar estas deficiencias requiere voluntad política y enfrentar con decisión a diversos grupos que impiden que las reformas necesarias se concreten.

Incoherencias en el modelo estatal de educación

El nuevo paro en la educación estatal muestra la inconveniencia de que sigan existiendo negociaciones centralizadas entre el Gobierno y el Colegio de Profesores, sobre todo porque la responsabilidad de la gestión de esta educación está en los municipios. Urge modificar la institucionalidad actual, en particular el Estatuto Docente, para asegurar que las negociaciones se produzcan descentralizadamente -con los municipios, los sostenedores locales de educación u otras instancias descentralizadas que puedan surgir en el futuro-. En ese marco, es razonable consagrar el derecho a huelga, pero son injustificables los paros nacionales por discrepancias con el gobierno central, cuando los empleadores son las autoridades locales. Si se estima inconveniente que las relaciones laborales entre sostenedores estatales y docentes se rija sólo por el Código del Trabajo, se podría combinar un cambio en este aspecto con una carrera docente descentralizada. Con tal enfoque, esa carrera podría seguir criterios generales definidos por la autoridad central, siempre que se dejen espacios suficientes para la gestión de los sostenedores locales.

Pero el marco actual es insostenible, tanto más si se considera que el financiamiento es por estudiante, esto es, a la demanda y no a la oferta. Eso exige que los sostenedores tengan control sobre sus costos, pero éste es en la actualidad muy limitado, al definirse centralizadamente las condiciones laborales de los docentes. Esta situación tiene un efecto muy perverso sobre la eficiencia educacional. Muchas veces se desconoce esta situación, sobre la base de que los establecimientos particulares subvencionados, a pesar de estar liberados de gran parte de las restricciones del Estatuto Docente, no tienen desempeños superiores a las escuelas y liceos municipales. Si bien estudios empíricos iniciales respaldan este aserto, los más recientes lo ponen en duda, y se va consolidando la idea de que los particulares subvencionados tienen, en promedio, mejor desempeño que los municipales en las pruebas estandarizadas.

Pero aun si se fuere escéptico de esa última evidencia, otros indicadores sugieren que un peso invertido en establecimientos particulares subvencionados es más productivo que uno invertido en el mundo municipal. Y esto, pese a que hasta ahora tanto los establecimientos particulares subvencionados como los municipales han tenido pocos incentivos para mejorar su desempeño. La única exigencia real es la que pueden imponer los padres mediante la elección de establecimientos, pero la información con que cuentan es demasiado imperfecta como para eliminar las asimetrías al respecto. Además, un buen desempeño académico no siempre es la variable más relevante en su decisión.

Parte II: Nuestros comentarios publicados y limitados cada uno a 350 palabras.

Primer comentario de Orlando Caputo

La Deuda Histórica del Estado con los Profesores debe ser reparada como ya han sido reparados muchos de los daños ocasionados por la Dictadura de Pinochet. Se debe recordar que varios de duros ministros del actual Gabinete fueron muy críticos del gobierno de Salvador Allende y apoyaron a Pinochet.

El ministro de Hacienda, con mucha publicidad y soberbia señaló que el reajuste a los profesores desde 1990 a la fecha había sido de 200%. Él, está acostumbrado a usar en forma deshonesta las estadísticas. A grosso modo, la situación de la Deuda Histórica, es la siguiente a través de un ejemplo sencillo.

Si la remuneración inicial en la época de la Dictadura era $1.000, fue disminuyendo en un período de años, hasta llegar a una disminución real de 75%, los 1.000 iniciales se transformaron en $250. Lo anterior es difícil de creer, pero en Dictadura sucedieron estas y otras situaciones horribles.

Ahora, aceptando lo que señala el ministro Velasco, de un aumento en un 200%, las remuneraciones suben sólo a $750 del ejemplo anterior.

Los profesores están lejos de recuperar sus remuneraciones reales previo a la Dictadura.

Este sencillo ejemplo refleja la realidad. Por eso, otros ministros, el Parlamento y la mayoría de los políticos han promovido la reparación de esta Deuda Histórica.

Se señala que no hay recursos, que son cantidades muy grandes. Pero esto Es falso. Andrés Velasco, el Banco Central y las autoridades de gobierno saben que las grandes mineras mundiales que explotan el cobre chileno han llevado 81.000.000.000 de dólares, sólo por utilidades e intereses entre 2004 y 2008 y si se corrigen por otras formas de ocultar ganancias por falsos aumentos de costos y precios de venta inferiores a los de Bolsa de Metales de Londres, depreciaciones aceleradas, este monto sube a 100.000.000.000 de dólares.

La reparación de la Deuda Histórica sólo representa menos del 2% de las ganancias señaladas del cobre que ha sido expropiado inconstitucionalmente por las grandes mineras mundiales. La Constitución establece que “El Estado tiene el Dominio Absoluto, Exclusivo, Inalienable e Imprescriptible de Todas las Minas”

Segundo comentario de Orlando Caputo Leiva

El ministro Velasco, está  aceptando que los costos de las grandes mineras que explotan el cobre chileno hayan aumentado en cerca de 200%, sólo entre 2003 y 2008. Muy diferente al período publicitado por él en relación al reajuste de las remuneraciones de los Profesores de 200% desde 1990 a la fecha. En la nota anterior, señalamos la falta de ética en el manejo de las estadísticas.

Los ingresos por ventas de cobre aumentan en forma extraordinaria y proporcional al aumento de los precios. Los costos pueden aumentar, pero no en una forma tan extraordinaria como han aumentado los precios. Más aún, entre 2004 y 2008, los ingresos por venta de cobre aumentaron en 99,5% en tanto los costos aumentaron en 110%.

Con el aumento de costos disminuyen las utilidades y la tributación en Chile. Aquí hay una fuente de recursos, siempre que las autoridades no sean cómplices de estos robos.

A vía de ejemplo. Los costos de Administración y Ventas de Minera Escondida en 2004 fueron 29 millones de dólares; en 2007, fueron 112 millones de dólares; y, en 2008, sube a 802 millones de dólares.

Este aumento es difícil de explicar como Gastos de Administración. Debe estar ligado a Operaciones de Venta. Equivale a 3 o 4 veces el Davilazo en Codelco.

Este incremento de Gastos en Administración y Ventas en 2008, equivale a 10 veces el valor total del Bono de 14 millones de pesos por los 2.523 trabajadores

Este gran incremento de los Costos de Administración y Ventas, y otros incrementos de costos, le permiten a Minera Escondida disminuir drásticamente los impuestos que pagan en Chile.

Si el Gobierno de Michelle Bachelet y las instituciones del Estado, así como los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales y los presidenciables no denuncian y piden una profunda investigación, son cómplices del incremento del robo a Chile, como lo ha sido de la desnacionalización del cobre que nacionalizó Salvador Allende.

Tercer comentario de Graciela Galarce

La Editorial que ataca a los Profesores es también una justificación sin fundamentos sólidos del actual sistema educacional.

Chile necesita una educación pública gratuita, de calidad a todos los niveles y una educación privada para quienes opten y puedan financiarla.

Chile necesita una revolución en la educación que recoja creativamente los fundamentos del sistema educacional en Finlandia.

La mayoría de los Programas Presidenciales y las Editoriales del Mercurio, insisten en mejorar la calidad del sistema actual.

La síntesis de la mala educación y de la mala economía en Chile, se refleja en la elevada desocupación de técnicos y profesionales jóvenes, -más del 25%-, tres veces los altos niveles de desocupación global previo a la actual crisis.

A nivel mundial, el sistema educacional finlandés ha sido reconocido como el mejor.

Es un sistema radicalmente opuesto al chileno, en el que es fundamental y principal la formación de los profesores y su reconocimiento por la sociedad, sociedad comprometida e involucrada en el sistema educacional como un todo y en sus manifestaciones locales y familiares.

En investigaciones, seminarios y artículos de prensa se ha confirmado que el sistema educativo finlandés es el que cuenta con los mejores resultados en el mundo. Es un sistema público a nivel nacional, con gran financiamiento estatal. A él entran los niños recién a los 7 años y no pagan ni un peso hasta que terminan la universidad. Cada profesor atiende a cerca de 30 alumnos por sala. Sus sueldos promedio son de alrededor de 2.000 euros mensuales, equivalentes a un millón y medio de pesos chilenos. Tienen como todo finlandés una serie de garantías para una vida saludable, de desarrollo físico y espiritual.

Cuarto comentario de Graciela Galarce

Sin el pago de la Deuda Histórica y el actual sistema educacional, los problemas educacionales chilenos, subsistirán por décadas.

Los expertos de la Universidad de Helsinki Pertti Kansanen y Juhani Hytönen, – quienes participaron en un seminario en Chile-señalaron que en Finlandia la necesidad de una relación armoniosa entre economía, sociedad y naturaleza, los llevó a basar su sistema educacional para crear una sociedad del conocimiento en base a investigaciones y educación permanente.

Estas políticas de largo plazo, fueron implementadas en forma paralela a una estructura económica y social que se orientó a crear una sociedad relativamente homogénea en que las diferencias económicas, sociales y culturales no son significativas.

El sostén principal del sistema es la excelente formación y preparación de los profesores. Además de las remuneraciones relativamente buenas, son los que tienen, lejos, el mayor prestigio. El prestigio de los profesores es tan elevado que el interés que las postulaciones son masivas, pero sólo el 12% de los jóvenes que postulan a las facultades de educación logran entrar. Confianza total en los profesores y no es necesaria su evaluación. Además, solo ellos evalúan a los estudiantes.

Además de entregar los conocimientos generales, el sistema concentra la atención en la investigación e innovación permanente por parte de los alumnos y profesores, para profundizar la sociedad finlandesa como sociedad del conocimiento. Es decir, se enseña a pensar, a enfrentar los problemas y a resolverlos.

En Chile, la educación reproduce e incrementa las desigualdades sociales. En Finlandia, se promueve la homogeneidad social.

La revolución de la educación en Chile apoyada fundamentalmente en un sistema público de educación gratuita, puede ser financiada con creces con una parte pequeña de los recursos de la nacionalización del cobre, que ahora son expropiados por las grandes mineras mundiales con la complicidad, no sólo de los políticos de derecha y de la concertación, sino que también por muchos economistas y cientistas sociales chilenos, tanto de las universidades tradicionales, como de instituciones académicas privadas.

por Orlando Caputo y Graciela Galarce