Brasil: el Banco Mundial recomienda eliminar la universidad gratuita

El Banco Mundial recomendó al gobierno de Michel Temer eliminar la gratuidad de la universidad pública en Brasil.

También aconsejó reducir los salarios de los empleados públicos y acelerar la reforma previsional en Brasil, entre otras sugerencias para reducir el gasto.

A pedido del gobierno de Brasil, el Banco Mundial elaboró el informe llamado “Un Ajuste Justo” en el cual afirma que el estado brasileño gasta mal sus recursos beneficiando a la parte más privilegiada de la población, sin lograr reducir con éxito la desigualdad y la pobreza.

“El concepto de derechos adquiridos debe ser revisado”, aseguró el informe.

Entre el recetario recomendado al gobierno de Brasil, la medida que causó más impacto es la que promueve privatizar la educación pública superior, reveló el informe publicado por la agencia de noticias privada Estado.

La idea, según el informe del Banco Mundial, es que el 40% de los estudiantes más pobres que acuden a las universidades públicas sean subsidiados por sus compañeros que conforman el 60% más rico.

Los estudiantes de ingresos medios y altos de acuerdo al Banco Mundial deberían tomar créditos durante sus años de estudio en las facultades públicas y comenzar a pagarlos una vez graduados, como un financiamiento bancario.

“La gratuidad puede estar perpetuando la desigualdad”, apuntó el informe, que contabilizó 2 millones de alumnos en casas de altos estudios públicas y 8 millones en privadas.

El informe sostiene que cada alumno en una facultad privada cuesta unos 4.500 dólares por año, contra los 13.000 dólares calculados por el Banco Mundial que cuesta “mantener” un alumno universitario para el presupuesto educativo.

Asimismo, el informe aclaró que “este gasto es muy superior al de países como España e Italia” y que crecen al 7% al año, lo cual conforma un “gasto ineficiente y regresivo”.

También el informe “Un Ajuste Justo” alertó sobre la necesidad de cerrar hospitales medianos y fortalecer a las unidades básicas de salud y los hospitales grandes.

El informe fue pedido por el gobierno para 2018, año en el cual entra en vigor la reforma constitucional del techo del gasto público, una iniciativa inédita a nivel global que congela por 20 años, apenas actualizando por la inflación, el presupuesto federal.