Dos meses en paro por no pago de sueldos: Colegio de Profesores protesta por docentes de San Fernando

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. A su izquierda, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda. Foto: El Ciudadano

Más de 500 profesoras y profesores suman dos meses de paro indefinido por el no pago de sus salarios, imposiciones, seguros de salud y otros en la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins. Acusan al municipio a cargo de «corrupto», además de «negligente», según declaró en conferencia de prensa este miércoles el presidente del magisterio, Mario Aguilar.

Los problemas datan de octubre de 2016, bajo la administración del militante del partido oficialista Izquierda Ciudadana, Luis Berwart. El municipio tiene al día las planillas solo hasta mediados de junio. Y este es un problema que toca, además, a otros 600 funcionarios de la comuna.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, declaró que «hay sobredotación, se sigue contratando gente que no se necesita, y con sobresueldos».

Recogiendo las demandas de la movilización de los profesores en San Fernando, Aguilar señaló que según las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Educación, la representante de la cartera, Adriana Delpiano, se habría comprometido a que sería el Mineduc quien realizaría el pago directo de salarios adeudados. Además, un veedor se haría cargo de asegurarlo.

«Ahora, la subsecretaria relativiza el acuerdo», denunció el dirigente.

Tal afirmación fue respaldada por la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien señaló que «a 48 horas de realizada la reunión que tuvimos con la ministra y la subsecretaria (Valentina Quiroga), los compromisos no se han cumplido. Se han tergiversado». Y respaldó la afirmación diciendo que «todas las conversaciones han sido grabadas».

Acogiendo las solicitudes de la instancia regional del Colegio de Profesores, Aguilar llamó a «que el ministerio intervenga y no se lave las manos». Señaló que no se puede dejar «al gato cuidando la carne», aclarando que «no hay confianza en que sea el propio municipio el responsable de pagar».

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