Educar sin jubilación: la tragedia previsional de $19.600 millones que el “intocable” Carlos Gómez dejó a los docentes de Chiloé

Los docentes del Archipiélago de Chiloé son víctimas de una grave tragedia previsional, en la cual las deudas millonarias en cotizaciones previsionales impagas afectan al menos a cuatro comunas; Achao, Queilen, Quellón y Ancud, siendo esta última la que presenta el cuadro más crítico, ya que la administración del acalde Carlos Gómez Miranda acumula una deuda total de $19.600 millones.

En la comuna de Quellón, la deuda acumulada por concepto de cotizaciones impagas asciende a más de $4.000 millones afectando a un gran número de trabajadores y trabajadoras de la educación.

Frente a esta vulneración sostenida de derechos, los docentes han interpuesto una querella ante la Fiscalía, local en contra del ex alcalde, Cristián Ojeda, ex secretario de la corporación Luisa paredes y ex jefe de finanzas de la corporación Claudio Limarie por posibles responsabilidades en la administración de los recursos previsionales por apropiación indebida, estafa residual y malversación de fondos.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otros casos dentro del archipiélago, la causa permanece estancada, sin presentar avances visibles, lo que profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de garantizar justicia.

En la comuna de Quinchao, la deuda previsional alcanza los $1.500 millones de pesos, lo cual ha generado una crisis que ha tenido consecuencias directas sobre la salud y dignidad de los trabajadores de la educación.

Producto del incumplimiento sostenido del sostenedor municipal en el pago de cotizaciones, diversos funcionarios comenzaron a ser desafiliados por las Isapres, quedando sin cobertura médica en plena relación laboral.

Ante esta vulneración grave de derechos fundamentales, el Colegio de Profesoras y Profesores interpuso recursos de protección, con el objetivo de detener estos actos arbitrarios y exigir el restablecimiento de las garantías básicas de salud para los docentes afectados.

La situación previsional en la comuna de Queilen, también refleja el abandono sistemático al que han sido sometidas sus comunidades educativas y la deuda por concepto de cotizaciones impagas supera los $285 millones, afectando a los docentes que, en promedio, mantienen nueve a once cotizaciones previsionales adeudadas, lo que constituye no solo una vulneración a los derechos laborales esenciales, sino también las condiciones mínimas de seguridad social de quienes han sostenido la educación pública en el territorio.

Deuda previsional de $19.600 millones en Ancud

La crisis previsional que se registra en la comuna de Ancud es de magnitudes alarmantes, ya que desde el año 2016, los trabajadores de la educación han denunciado deudas previsionales impagas por parte del municipio y su exalcalde, Carlos Gómez Miranda (Ind) que acumula, a la fecha, un promedio de 60 cotizaciones adeudadas por trabajador, lo que equivale a una deuda total de $19.600 millones.

«Esta crisis financiera llevó a que en el año 2023 se nos pagaran nuestros salarios de manera parcelada. En efecto, la crisis de financiera de la corporación municipal de Ancud llevó a que se dejarán de pagar los sueldos, por ende los trabajadores no retornamos a las escuelas y miles de estudiantes quedaron sin clases por meses por la negligencia y corrupción del municipio y su presidente el ex alcalde Carlos Gómez Miranda, indicó, Pamela Carrasco, presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud, a través de un comunicado.

*Informe con datos de la Superintendencia de educación al año 2023

Durante estos casi 10 años, los trabajadores de la educación de Ancud han agotado todas las instancias que los faculta la ley para exigir el pago de sus derechos previsionales.

«Hemos recurrido a los tribunales de justicia, la Inspección del Trabajo, además de distintas acciones con diferentes actores políticos: alcalde, gobierno regional, ministerios, parlamentarios, llegando hasta el mismo presidente de la República don Gabriel Boric», señaló Carrasco.

Los docentes han interpuestos reclamaciones judiciales que no han prosperado e incluso, pese a haber ganado demandas civiles, el municipio de Ancud no ha cancelado las deudas.

*Reclamación presentada ante el Juzgado de Letras de Ancud.

«Esas victorias quedaron solo en el papel, porque en la práctica los trabajadores no hemos visto ni un solo peso en nuestros bolsillos de dichas demandas que están en cobranza y el municipio de Ancud se niega a pagar», explicó la dirigenta.

A la par, las y los profesores presentaron denuncias ante la Inspección del Trabajo, las cuales han sido archivadas e incluso presentaron una denuncia por apropiación indebida ante la Fiscalía, al considerar que no han sido víctimas de una deuda previsional, sino de un acto de despojo y abuso flagrante.

«Esas causas duermen en los escritorios de los fiscales, abandonadas, ignoradas, sin que exista la más mínima voluntad de avanzar en su resolución. Ante esta cadena de omisiones, cabe preguntarse: ¿A quién están protegiendo? ¿Quiénes son los barones que protegen a Carlos Gómez Miranda? ¿Existe un círculo de poder que protege a quienes permitieron que esta crisis se profundizará?», cuestionó Pamela Carrasco, en el comunicado.

Abandono institucional

Esta situación, además de evidenciar el impacto concreto de la deuda previsional en la vida cotidiana de los trabajadores, refleja el abandono institucional en que se encuentran las comunidades educativas en territorios insulares.

Los docentes de Ancud han elevado la problemática que los afecta ante el Ejecutivo y el Ministerio de Educación, obteniendo a través de los años, la misma respuesta; la deuda previsional no les compete, pues es responsabilidad del municipio.

*Respuesta de la Subsecretaría de Educación a la Solicitud de Acceso a Información Pública.

La presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud, planteó que aunque jurídicamente esto es cierto, en la práctica, esta respuesta «ha derivado en una situación de abandono institucional, donde ninguna autoridad asume un rol activo en la resolución de una crisis que afecta gravemente a miles de trabajadores».

«El Estado, como garante último del sistema previsional y de la estabilidad laboral en el sector público, no puede limitarse a señalar responsabilidades sin ofrecer una solución efectiva, permitiendo que esta deuda continúe creciendo sin mecanismos claros para su pago. En este sentido, constituye una grave omisión en el cumplimiento de sus deberes fundamentales», afirmó.

Carrasco recordó que Chile ha suscrito múltiples tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, comprometiéndose a garantizar la protección de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores, entre los que figuran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen con claridad la obligación de los Estados de asegurar condiciones dignas de trabajo y un acceso efectivo a la seguridad social.

¿Quién protege a Carlos Gómez Miranda?

Em agosto de 2023, la Superintendencia de Educación designó a Omar Baquedano San José como Administrador Provisional en Ancud con el fin de que se retomara “lo antes posible el normal desarrollo del año escolar y se resguarde el derecho a la educación de los y las estudiantes de la provincia de Chiloé”.

Esta acción permitió regularizar el pago de los sueldos íntegros y garantizar la continuidad del servicio educativo en el municipio.

Carrasco recordó que esta decisión respondió a la urgencia del momento y fue un paso necesario, el cual fue valorado en su justa medida por los docentes. Sin embargo, la deuda previsional no fue salada con la llegada de Baquedano

«Miles de trabajadores siguen acumulando lagunas previsionales, perdiendo diariamente los recursos que deberían garantizarles una jubilación digna, mientras el aparato estatal posterga indefinidamente una solución definitiva», acusó.

«La ley 20529, que establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y su fiscalización dispone en su artículo 87 que, al designarse un Administrador Provisional, este tiene la responsabilidad en conjunto a la Superintendencia de Educación de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República contra el ex sostenedor, en este caso el ex alcalde Carlos Gómez Miranda por eventuales irregularidades que hayan llevado a esta crisis financiera»., explicó.

«Sin embargo hasta la fecha, desconocemos, si tales procedimientos han sido efectivamente iniciados, lo que nos preocupa sobre el real compromiso de las autoridades en esta materia. La pregunta inevitable es ¿Quién protege a Carlos Gómez Miranda?, ¿Qué hace que un simple alcalde de pueblo se transforme en un personaje intocable en las estructuras de poder?, ¿Es Carlos Gómez el delfín de alguien más?», cuestionó la dirigenta.

Limbo administrativo

Los trabajadores de la educación de Chiloé fueron traspasados al Servicio de Educación Pública, tal como lo estipula la Ley N° 21.040 que crea el nuevo sistema de educación pública.

Sin embargo, para los docentes dela archipiélago esta medida contribuyó a alcanzar una solución integral a la dramática situación previsional que arrastran desde hace una década.

«El artículo 34° T de dicha ley establece con claridad que para efectos del traspaso debía elaborarse un informe financiero que identificara las deudas y obligaciones del sostenedor saliente, en este caso, la Municipalidad de Ancud. No obstante, a la fecha, ese informe financiero no existe. La Municipalidad afirma que la responsabilidad es del Administrador Provisional; el Administrador Provisional, por su parte, señala que no tiene ninguna obligación pendiente con los trabajadores; y el Ministro de Educación simplemente no responde a nuestras solicitudes formales, dejándonos sistemáticamente en visto. En una de nuestras últimas gestiones, solicitamos expresamente al ministro que realizara un seguimiento a este punto crítico del proceso, y hasta hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta institucional», explicó Pamela Carrasco en su comunicado.

Actualmente, los educadores se encuentran a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el cual confían «pueda arrojar algo de luz en medio de tanta oscuridad administrativa».

Sin embargo, denuncian que las autoridades competentes, desde el municipio hasta el ministerio, han optado por no desarrollar el informe financiero, lo cual catalogan de «una inacción sistemática, irresponsable e inaceptable».

*Respuesta a la Solicitud de Información Pública sobre informe financiero.

«La ausencia del informe financiero, lejos de ser un tecnicismo, es hoy el principal obstáculo para que podamos acceder a lo que por derecho nos corresponde: nuestras cotizaciones previsionales», explicó la presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud.

«En suma, nos tienen en un verdadero limbo administrativo, sin respuestas, sin avances concretos y con una deuda que sigue creciendo día a día. La sensación generalizada entre los trabajadores es clara: las autoridades se burlan del profesorado. Nos pasean de oficina en oficina, de institución en institución, sin que nadie se haga cargo del bendito informe financiero que la ley exige. Y mientras tanto, se dilata, se posterga, se olvida y nadie paga», afirmó.

A continuación el comunicado íntegro de Pamela Carrasco: