El conflicto en ARCIS y el déficit público de MINEDUC

Este problema tiene que ver con los modelos de universidad que son posibles -o no- en el contexto de una sociedad que ha mantenido las bases del mercado como único regulador de la vida social -“racionalidad” impuesta por el régimen militar-, y que al mismo tiempo no ha sido capaz de discutir el modelo de educación que desea, haciéndose cargo no solo de lo que la “calle” ha enunciado (educación pública, gratuita, de calidad), sino que asegurando su soberanía para participar de la creación del espacio público sin considerarlo solo de manera instrumental, y para unos pocos privilegiados.

A riesgo de ser esquemático y binario, la contradicción que se vive al interior de ARCIS tiene que ver -sin desmerecer la nefasta gestión reciente-, con cuál será el modelo de universidad que permite dar cuenta de su proyecto educativo y en definitiva de su aporte al desarrollo del país y su población. Por un lado, están las fuerzas político-académicas que quieren perdurar en el modelo neoliberal impuesto a las universidades, que las “entienden” iguales a organizaciones con fines productivos comerciales, reproduciendo la lógica de la propiedad privada. Es decir, con grupos de control que invierten y buscan recuperar la inversión con tasas de ganancia, y que en coherencia con ello, pueden “hacer y deshacer” en tanto se acerquen a su objetivo. Este modelo nada tiene que ver con redistribuir los excedentes en la misma actividad productiva buscando el desarrollo de su comunidad -ni material, ni simbólicamente-, ni menos establecer mecanismos de discusión con la comunidad educativa. En este modelo el propietario es “dueño de vender” educación, y es “exitoso” cuando logra vender con altos precios. Es decir produce conocimiento para ser vendido, usado y desechado, por lo que su valor está sometido a indicadores de rentabilidad, como sinónimo de calidad.

Asimismo existe dentro de ARCIS, la fuerza político académica que se opone al modelo privatizador. Este cree en la democratización, en la vocación pública, en la producción de conocimiento como contribución a la cultura del país y a la generación de un pensamiento crítico y solidario. Valores que por supuesto no son vendibles en ningún mercado. Este modelo cree que todos los estamentos pueden ser corresponsables de los medios y los fines de la generación de un conocimiento que ponga el desarrollo de todos como objetivo, y no la ganancia económica. Este modelo busca la triestamentalidad, y el debate político plural y abierto como necesario en la construcción de universidad. Aquí la calidad es entendida como logro de objetivos de manera integral, orientada por procesos de complejidad mayor que se resisten a ser “contabilizados” en indicadores de rentabilidad comercial, por lo que solo puede quedar fuera de un modelo que premia la rentabilidad por sobre todo lo demás.

Estos dos modelos son irreconciliables, y por razones históricas conviven en ARCIS. Si bien desde su fundación el modelo privatizador permitió que un grupo de intelectuales y artistas pudieran, paradojalmente, construir un espacio de llegada desde los exilios de lo público, hoy y ayer, ese modelo no permite que aquello público de origen se exprese en coherencia con el ideario de ARCIS y por el cual es reconocido. Esta contradicción histórica de una vocación pública con herramientas privadas, la ha llevado al debacle actual. Pero, y acá mi punto, no solo a ARCIS, sino a todo proyecto de educación que intente ser un aporte a la sociedad ya que su “valor” debe ser medido en términos monetarios de rentabilidad individual y no con indicadores de beneficio social, por lo que en el Chile de hoy todos los proyectos que no están destinados al beneficio personal como único indicador, deben convivir con estas dos “almas”.

El problema de la falta de definiciones del MINEDUC.

La sociedad chilena no debe en estos momentos elegir uno u otro modelo, porque de hecho ya tiene uno en funcionamiento, y sabemos perfectamente las consecuencias del mismo. El problema es cuando los proyectos educativos que no pueden ser medidos por la lógica neoliberal quieren legítimamente buscar su coherencia, y necesitan contar con las herramientas para poder avanzar a ese modelo público que se ha “gritado en las calles” y que parece haber adoptado el gobierno de la Nueva Mayoría. Y digo parece, por que además de los evidentes problemas para explicar la reforma educacional desde el MINEDUC, lo que se impone cuando se establecen conversaciones con ellos es que no hay ninguna forma de facilitar este tránsito necesario de instituciones hacia lo público.

En ese tránsito como medio de resolución de la crisis (de gobierno y económica) se encuentra ARCIS, con el compromiso de todos los estamentos y el directorio de la corporación, aunque suene paradójico. A pesar de que el Directorio junto a la Coordinadora Triestamental estén de acuerdo, -quizá el único acuerdo- de avanzar a lo público, en el Ministerio dicen que eso no está contemplado, es decir no tienen ningún itinerario o metodología para las instituciones que deseen ser públicas, o incluso estatales. Curiosa respuesta de un sector que ha dicho que la educación pública es su objetivo. Es decir, frente a una oportunidad de ampliar la matricula, profundizarla en sectores vulnerabilizados, densificar su oferta, etc., la respuesta es “ajústense” a mecanismos neoliberales de salvataje.

La ley de Administrador Provisional (AP), que ya pronto estará operativa, solo contempla en el estado actual, que se administre una universidad que es “autosustentable”. El AP opera cuando por razones graves, como serios problemas de gestión o administración pero no con dificultades económicas, pueda ser objeto de “salvataje” por parte del Estado, es decir salvar el negocio de malos administradores. Asimismo en el caso que una universidad no tenga problemas de orden académico, o de gestión, pero que si tenga problemas financieros está destinada al cierre. Entonces se cierra porque es un mal negocio. En ambos casos en el fondo, el AP asume que lo importante es salvar la provisión de un bien de consumo, algo así como un SERNAC de la educación, por lo que solo se trata de que los estudiantes accedan a ese servicio, en desmedro de trabajadores, y de académicos, pero por sobre todo sin valorar el aporte social, cultural y público de las instituciones de educación, reduciéndolas a ser un proveedor más de un producto.

El caso de ARCIS, sin embargo, no se ajusta ningún caso anterior, ya que es la comunidad la que ha solicitado la intervención del gobierno, entendida como un tránsito a lo público que se transforme en resolución de su crisis y permita ser coherente con su ideario, es decir no caer en soluciones que solo contemplen la “fortaleza” del negocio. El Ministerio no tiene respuestas cuando es la comunidad la que desea hacer de su trabajo un aporte a lo público ya que este no puede ser medido por razones mercantiles. El gobierno se escuda en que no está contemplada en el ordenamiento actual, es decir falta la ley, o para decirlo de manera cruda, no hay voluntad política. Para instituciones como ARCIS entonces solo se permite que pertenezca a “lo público”, si sigue siendo una universidad privada que opere con las reglas de orden neoliberal.

La comunidad de ARCIS pone en jaque al gobierno, ya que no está pidiendo que salven el negocio a un sector (que no hizo nada por solidificar la universidad). La comunidad de ARCIS necesita que con reglas claras y de respeto por el proyecto educativo, se le permita avanzar a lo público de manera legítima, de la mano de su comunidad triestamental.

El interés de resolver la contradicción en ARCIS –no solo para su comunidad-, pasa por que en su resolución se juega el modelo de universidad que será posible en un escenario de mediano plazo cuando al fin se pueda ver el proyecto de la Nueva Mayoría en educación, es decir, si se puede continuar con las reglas del juego neoliberales únicamente, o se avanza a un modelo de institución pública de verdad. Hasta el momento lo público en educación pareciera definirse desde el gobierno como un conjunto de proveedores de servicios que mejoran el “estándar” de vida de manera individual, y no instituciones que cumplen un papel en el desarrollo del país, en la creación colectiva de cultura, de pensamiento crítico, de conocimiento que apunte a la justicia social, de vocación por el desarrollo de los sectores vulnerabilizados, etc. Así, lo público desde el MINEDUC es mera continuidad del mercado, dejando sin opción a las comunidades educativas sumarse a los esfuerzos por construir un país más justo para todos y de todos.