El mito de la guerra a las drogas

Un recorrido por los noticiarios y el discurso de los políticos da cuenta de que tienen un enemigo de temer:»la droga». ¡ La droga! ¡Dios mio! Llamen al Papa o al Chapulin que el flagelo social avanza.

Cuando el 2003 se presentó la Estrategia Nacional Sobre Drogas, el Ministro del Interior de Lagos, José Miguel Insulza, señaló que el combate a las drogas «trata de conciliar el proceso de globalización y liberalización comercial, con regulaciones que permitan prevenir el consumo, rehabilitar a los adictos y controlar el tráfico de estupefacientes». Extraña esta relación entre objetos inanimados, como son las drogas, y la aplicación del modelo neoliberal, relación sobre la que han hecho especial hincapié Paz Ciudadana y el Conace, que acusan a las substancias prohibidas de ser la principal causa de delincuencia en Chile.
A los delirantes discursos del senador UDI, Jaime Orpis, se han sumado las huestes concertacionistas. Es así como durante las protestas estudiantiles del año pasado la diputada PPD, María Antonieta Saa, acusaba a «la droga» de ser «la responsable de que los jóvenes se exalten»; o que el diputado DC, Jorge Burgos, llamara a una «guerra interna» en la discusión de la actual ley de drogas. «Se trata justamente de una guerra y, en tal caso, la sociedad está en peligro. Por tanto hay que llevar a cabo una guerra interna… hay que combatir al enemigo, y todos los que están vinculados a la droga son enemigos», dijo Burgos, cuando se discutía la actual ley 20.000.
Llamado a la cruzada, similar al enemigo configurado por Estados Unidos al terminar la Guerra Fría. La amenaza comunista se había desinflado, por lo que se necesitaba un nuevo chivo expiatorio y de cohesión social. Los nazis se habían esfumado hace rato, los chinos aceptaban con cara sonriente la inversión norteamericana y Bin Laden aún mantenía prósperos negocios con los petroleros. A ver, a ver – pensaron los administradores del miedo – mmh… sí, la droga puede resultar. Décadas atrás Nixon había balbuceado algo como la guerra a las drogas, Reagan las había deslizado ya como futuro enemigo en 1982. Ahora tomó el micrófono.
George Bush (padre, no el papas fritas de hoy) quien anunció recién instalado en la casa Blanca en 1989 que haría hincapié en el libre mercado y la guerra contra él. «Cómo conseguir una vida más justa y próspera para todos los hombres de la tierra: gracias a los mercados libres y al ejercicio de la libertad que desembarazaremos de las trabas impuestas por el Estado», señaló. Luego (¡ta taán!), configuró el enemigo de este mercado: las drogas, «el principal problema interior» y prometió que «cesará esa plaga».

DESTINO MANIFIESTO
Hace un siglo atrás las drogas hoy declaradas ilegales podían ser compradas en cualquier botica. Pero en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, surgieron ya grupos para la defensa del decoro y la sobriedad. Esta autodenominada «mayoría moral» hunde sus vínculos con el Ku Kux Klan, organizado en Tennessee hacia 1866 y centra su principal objetivo en las conductas de nativos e inmigrantes.
A juicio de Oriol Romaní, psicólogo español, la construcción de la «gran nación americana», iniciada con el genocidio de la población indígena de esos territorios, necesitaba un modelo unitario dada su heterogeneidad cultural: «Este modelo fue la clase media WASP (blanca, anglosajona y protestante), y las drogas, producto de la influencia puritana protestante, resultaron un buen chivo expiatorio y generador de exclusión». El opio se asoció a los chinos, el alcohol con los irlandeses, la cocaína con los negros y el cáñamo con los mexicanos. La fiscalización de estos productos iba en directa relación con el control y represión de tales grupos raciales.
Uno de los cruzados, el reverendo W. S. Crafts, es quien promovió el concepto de «razas pueriles e indios degenerados» para anatemizar a quienes no sean de la raza elegida blanca y su reino de sobriedad. A esta templaza se añade el miedo de los sindicalistas ante la creciente mano de obra china. Uno de ellos, S. Gompers, llegó a decir que «los chinos inducen a los niños a convertirse en diabólicos opiómanos. Es demasiado horrible imaginar los crímenes que cometen con esas inocentes víctimas los viles amarillos».
En 1902 el comité de Formación del Hábito de la Asociación Farmacéutica Americana llegó a sostener que «si el chino no puede prescindir de su dope, nosotros podemos muy bien prescindir de él». Pero quien dio especial fuerza al prohibicionismo fue H. J. Anslinger, un oscuro funcionario que llegó a ser jefe de narcóticos y permanecería al mando de la cruzada hasta 1964. Su preocupación se vio reflejada en la Marihuana Tax Act de 1937, primera ley que prohíbe el uso del cáñamo y en la exportación de la cruzada hacia el mundo entero por medio de sucesivos acuerdos en Naciones Unidas, refrendados en la Convención Única de Estupefacientes de 1961.
Anslinger llegó a decir que «apenas cabe conjeturar cuántos asesinatos, suicidios, hurtos, asaltos criminales, atracos a mano armada, robos con allanamiento de morada y actos de demencia maníaca causa la marihuana cada año, especialmente entre los jóvenes». Las leyes de drogas son la primera internacionalización de las políticas norteamericanas. La vocación redentora de Estados Unidos cumplía así con su misión de liberar al mundo de las drogas.

AMERICA LATINA
La paranoia racial norteamericana también tuvo sus seguidores en Latinoamérica. En Brasil, el uso de marihuana por los esclavos le dio a la elite social del nordeste la justificación para acrecentar sus sentimientos racistas. También ocurrió en los países andinos, cuando la ascensión social de la población indígena movió discursos de las clases dominantes que terminaron por asociar el uso de la hoja de coca como símbolo de razas inferiores. La criminóloga colombiana Rosa del Olmo comenta que «expresiones como ‘cholo coquero’ se convirtieron en un insulto». En 1959 la Comisión del Control del Opio sostenía que «la masticación de la hoja de coca es la causa principal del tráfico internacional ilícito al que también se dirige
la fabricación clandestina de cocaína».
Antonio Pagador, médico español, fue el enviado de la Sociedad de Naciones durante la década del ’20 a América Latina, para promover la política de drogas americana. En su libro Pueblos, razas y venenos hace especial hincapié en «el vicio de los coqueros andinos y el posible contagio al resto de la población».
El racismo aún persiste en las prácticas policiales. En Estados Unidos, una investigación de USA Today revelaba en 1988 que pese a que la población de raza negra en Estados Unidos forma el 12,7% de la población, ésta representa el 12% de los «consumidores habituales de drogas ilegales» y el 38% de los detenidos por droga. En la década siguiente la cifra de consumidores de esa población se mantuvo, pero la de los detenidos por simple posesión subió a un 44% y el de los detenidos por tráfico a un 57%. El mismo año, Nancy Reagan dijo en el New York Times que «todo consumidor de drogas ilícitas es cómplice de asesinato».
Romaní señala que «el problema de la droga ha sido uno de los argumentos principales para la instauración de leyes de excepción, las que en realidad están destinadas a controlar poblaciones y en especial a los jóvenes». Basta recordar que desde la derogación de la detención por sospecha, el único argumento en pie para la intervención policial en Chile es la excusa de las drogas.

PAZ CIUDADANA
Hasta el año pasado la vinculación de la droga con la delincuencia en Chile se había sostenido a partir de un estudio de Gendarmería que señalaba que del total de condenados recluidos, el 26% lo están por delitos de droga y alcohol; o con estudios con jóvenes entre 14 y 18 años que habían delinquido, los que señalaban que el 70% consumía habitualmente drogas; o a partir de encuestas a reclusos, quienes decían que en sus barrios de origen “frecuentemente (no menciona cifra), se veía a jóvenes consumiendo alcohol o drogas en la vía pública y personas vendiendo drogas”.
Con tan frágiles datos se hacía necesario un golpe de opinión que conectara la relación droga delincuencia justo en momentos en que se conocían las cifras de estudios de Naciones Unidas, que situaban a Chile como uno de los 10 países con peor distribución del ingreso del mundo.
Financiado por la Embajada de Estados Unidos, Paz Ciudadana hizo un examen de orina a 532 detenidos mayores de 18 años y 633 entrevistas a detenidos por robo, lesiones, homicidio, violación y tráfico, porte y consumo de drogas. Si bien el estudio arrojó notorias diferencias en cuanto al tipo de psicoactivo utilizado, un ejercicio de prestidigitación estadística acusaba que un 73,3% de los detenidos había consumido en las últimas 48 horas alguna droga; 87% arrojó resultados positivos de pasta base o cocaína; y 55% marihuana. Es decir, si alguien preso por robo había fumado marihuana el día anterior a su detención, inmediatamente pasaba a la lista de los que «usan la droga para delinquir».
A juicio de la criminóloga Doris Cooper, «el tema de la droga es una variable intermitente del proceso, siendo la variable de base más importante la extrema pobreza. Que sólo el 1% de gente presa sea de clase alta da cuenta de esto. La génesis de la delincuencia pasa por un asunto de sobrevivencia». Es más, a partir de la experiencia que tiene con la población penal, Cooper señala que los ladrones habituales desprecian a los traficantes, «los mismos delincuentes llaman a los narcos ‘matachoros’, al hacer a estos adictos, al ladrón en potencia».
Para el criminólogo, Paolo Scalia, «hay subyacente un enfoque comunicacional para justificar desde la comunidad una especie de autoprofecía cumplida, instalando la idea de un sujeto delincuente vinculado a la droga. Así, como sociedad, empezamos a justificar intervenciones penales y actuamos a partir de esa imagen». De más está decir que tanto Conace como el Gobierno aplaudieron el estudio de la casa de don Graf.

EL VERDADERO FLAGELO
La guerra contra las drogas, desatada hoy en Chile, esconde racismo y estigmatización de sectores marginales de igual forma como ocurría en Estados Unidos cien años atrás. Hoy se efectúan en la nación del norte 1,5 millones de arrestos al año por drogas.
En Chile, si bien no hay cifras definitivas, se sabe que la mayor parte de los ciudadanos de origen boliviano, peruano y ecuatoriano presos, lo están por narcotráfico. Scalia comenta que los 15 ecuatorianos presos en Chile están por drogas y quien portaba la mayor cantidad no alcanzaba al kilo de cocaína.
Otro grupo afectado son los jóvenes. Estimaciones del Ministerio del Interior dan cuenta de que el 2005, del total de detenidos por ley de drogas, un 38,45% tenían entre 18 y 25 años, y un 25,87% entre 26 y 34 años. Los menores detenidos promedian los 16,3 años. Por mero porte fueron detenidas 6.611 personas.
Otro grupo afectado son las mujeres. Hoy se estima que el 60% de las encarceladas cumple penas por infracción a la ley de drogas, no teniendo en su mayoría compromiso delictual anterior y siendo un 75% de ellas jefas de hogar. También hay ancianas como el caso de María Isabel Muñoz, quien a sus 81 años deberá cumplir condena por infracción a la ley de drogas hasta junio del 2007. Se estima en casi 20 las mujeres mayores de 66 años presas por drogas.
Que ancianas y jefas de hogar tengan que dedicarse a la venta minorista de drogas se explica por la aplicación del modelo neoliberal en América Latina a partir de los ’90. Unido esto al fuerte proteccionismo de Estados Unidos, ha provocado que los precios de productos que antes tenían un peso en el mercado mundial se desplomaran. Así ha ocurrido con el café, el plátano o el estaño, lo que ha obligado a importantes grupos de población y extensas zonas geográficas a recurrir al cultivo de coca, vendida a un alto precio cuando es convertida en cocaína en los países del primer mundo.
La zona andina, dentro de la producción internacional del trabajo, se ha especializado en la producción de coca. Las gestiones del Banco Mundial en el continente durante la década pasada llevaron a partes importantes de la población de nuestros países a involucrarse en la producción y comercialización de drogas ilegales, una de las pocas alternativas que quedan para asegurar la supervivencia. A juicio del cientista uruguayo Juan Fernández, «la decadencia de los ciclos productivos en materias primas condujo a un nuevo ciclo asociado a la droga. Así emergió una nueva y exitosa industria, que pese a su marginalidad se integró decisivamente al padrón latinoamericano de reproducción del capital». Ante este panorama la clase política porfía en atribuir a las drogas los males sociales y aumentar las penalidades en su combate. El presupuesto del Conace lo demuestra: si un 22% se gasta en prevención y un 11% en rehabilitación; un 67% es destinado a la represión. Así las cosas, tenemos guerra a las drogas para rato.

Mauricio Becerra