El movimiento estudiantil y el Gobierno de Bachelet

Pese a las luchas estudiantiles recientes el panorama de la educación superior en Chile no ha variado ni un ápice. Al punto que algunos analistas políticos hablan de un movimiento estudiantil «derrotado». Expresémonos más bien en términos de reflujo normal que, eso sí, sin una ofensiva bien preparada en aras de obtener sus históricos objetivos puede/podría, saldarse con una batalla perdida más. Los tecnócratas de la Nueva Mayoría están prestos a maniobrar con asesores recién contratados y salidos de las mismas filas del movimiento estudiantil para acomodar las demandas en el sistema neoliberal de educación que funciona a full. Pese al triunfo innegable que significó al comienzo el retiro de la denominación de la DC Claudia Peirano como subsecretaria de Educación. Porque lo que ella nombraba sigue vigente: salvar el sistema que permite que clanes capitalistas privados, vinculados a sectores políticos representados por la Nueva Mayoría, se enriquezcan con la producción de educación y títulos.

Así es, el pago de matrículas y aranceles siderales y el consiguiente endeudamiento de las clases medias asalariadas sigue como si nada. Es extraño que a ningún dirigente estudiantil o al CONFECH no se le haya ocurrido plantear una huelga de pago de aranceles y una moratoria en el pago de la deuda crediticia. Lo peor de la paradoja: las universidades públicas chilenas son tan caras como las privadas. Y la ciudadanía que vive de un salario aguanta y aguanta.

No obstante que las pruebas de que éste es un sistema basado en la circulación de capitales en busca de ganancias llueven. En el marco del diseño neoliberal del sistema educativo chileno la mentada prohibición legal al lucro debe leerse como una pura declaración formal. El Mercurio (editorial del 25/02/2014) le echa la culpa a «la falta de herramientas apropiadas para cautelar el cumplimiento de prohibición del lucro». El Mercurio justifica en sus páginas a la multinacional «educativa» estadounidense Laureate cuando ésta persevera en hacer jugosos negocios lucrativos en Chile con laUniversidad de las Américas, de la cual es propietaria (sostenedora se dice). Y si Laureate lo hace es porque los vericuetos de la normativa lo permiten.

La situación fue denunciada por Víctor Pérez, rector de laUniversidad de Chile. Este criticó en su momento a la ex ministra Schmidt y sostuvo que “es inaceptable que no se investiguen con rigor y, a tiempo, todos los antecedentes que hay sobre la forma en que el grupo Laureate ingresó y opera en Chile”. Cosa que la Concertación nunca hizo ni la Nueva Mayoría hará, a menos de masivas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas.

Los enormes montos de dinero del y con aval Estado que circulan para que funcione el dispositivo mercantil privado de educación y satisfacer la demanda han generado enriquecimiento privado y su corolario: la formación orgánica de poderosos intereses económicos y políticos activos. Estos se esconden detrás del discurso ampuloso y tecnicista de los expertos que, pese a los floreos y escarbando un poco, en el fondo, siempre terminan por defender una concepción mercantil de la educación y un sistema de producir conocimiento ajustado a los parámetros de la libre circulación global de capitales prestos a invertirse donde haya posibilidades de ganancia.

El ministro PPD de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, promotor del CAE en tiempos de Lagos, empleado del grupo económico Luksic y ex alto funcionario del Fondo Monetario Internacional —una de las instituciones clave en el  «buen» funcionamiento del capitalismo neoliberal planetario e impulsor en los ochenta del Consenso de Washington— sabe de más como funciona el sistema. En otras palabras, como hacer ajustes estructurales a todo nivel para que el capital privado nacional y global se expanda. Y sobre todo a proceder con tacto a reformas «adaptativas» (el término es de R. Lagos) tan necesarias para preservar un sistema cuestionado por sus rigideces neoliberales. No es posible que el mercado y el capital manden siempre y en cada espacio social logren ahogar las iniciativas de emancipación social y creatividad cultural, se dicen los ciudadanos críticos. El silencio de Eyzaguirre con respecto al tema de Laureate dice más acerca de sus convicciones que las desleales declaraciones sobre sus antiguos compañeros de colegio y de adolescencia.

Las cosas por su nombre  

El escándalo del negociado educativo del consorcio

norteamericano fue rápidamente sacado de la escena pública mediática. Opinólogos,  jóvenes políticos de «izquierda» incapaces de tomar distancia crítica con el democratismo formal de moda (Gabriel Boric) y comentaristas de la derecha y de la NM se dedicaron a darle crédito democrático a la conspiración destituyente derechista-imperialista contra el Gobierno del Presidente Maduro de Venezuela. Así se barría y metía debajo de la alfombra un informe de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este comprobó que el 24% de las operaciones de la Universidad de las Américas correspondían a transferencias al grupo empresarial Laureate. En el documento oficial del organismo regulador se puede leer: “Los pagos a empresas controladoras representan un 12% de los costos operacionales totales anuales en el período 2006-2012 y corresponden a servicios de apoyo educacional, administrativos y derechos de propiedad intelectual”. Forma de obtener ganancias pese a la prohibición de lucro.

Hay que cotejar el discurso con la realidad, es decir, con el conjunto de prácticas, intereses, mecanismos, modus operandi y principios ideológicos basados en la «libertad» de los mercados y en una visión de la educación destinada a formar mano de obra asalariada preparada bajo el calificativo abominable de  «capital humano». Estos son postulados con los cuales Eyzaguirre está completamente de acuerdo en el fondo, pero, bien sabemos, su tarea será, precisamente, embolinarle la perdiz al movimiento estudiantil.

Saltó Peirano (defendida hasta el final por Bachelet, Eyzaguirre y Peñailillo), el fusible, y quedó su esencia bajo la forma Eyzaguirre, el «buena onda». El «converso» Eyzaguirre no es, como dice el rector Peña de la UDP, un «converso» al estilo Paulo de Tarso, sino uno al estilo de los marranos (forzados a la conversión) o judíos españoles que para salvar sus vidas de la represión desatada por la Inquisición (XV) debieron aparentar una conversión a la fe católica, pero sin renunciar a sus profundas convicciones y prácticas rituales judaicas. Con razón. En el caso de Eyzaguirre, que es un economista neoliberal y lo seguirá siendo, no hay una conversión a posturas socialdemócratas o keynesianas. Lo que se juega, en el caso del ministro designado no es la vida, sino el poder, el prestigio y su incondicional adhesión al clan de los poderosos que en determinados momentos consienten en hacer un «proceso de reformas» para preservar lo esencial (concentración y acaparamiento de la riqueza: propiedad privada de medios de producción, capitales, infraestructuras inmobiliarias y rentas).

La única manera de demostrar su fe en la educación pública concebida como un derecho social y un bien público gratuito sería anunciar la creación en regiones de al menos una universidad pública y gratuita por año con fondos del Estado. Lo que implica la construcción de una estructura institucional ad-hoc. Imitar prestos en este aspecto las políticas públicas universitarias de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. No por algo esta política, que significa gasto público y alza de impuestos a ese grupo social del 1 al 10% de ricos con altos ingresos y a las ganaias de las empresas, es tan odiada por el FMI (el Alma mater del ministro de Educación de Bachelet) que ha demostrado ser un guardián de la austeridad y de políticas que favorecen al capital en detrimento de los trabajadores.

La realidad es que los enormes montos de dinero del y con aval Estado que circulan en el modelo educativo chileno han generado poderosos intereses económico-políticos que asoman en el discurso de los intelectuales orgánicos de los empresarios educativos: los Brunner, Aylwin, Oliva, Matte, Peirano, Schmidt y Cía. Los llamados «expertos» defienden una concepción mercantil de la educación, un sistema de producir conocimiento sujeto a los parámetros de la circulación de capitales prestos a invertirse donde haya posibilidades de ganancia y, también, una mentalidad o subjetividad meritocrática; léase: individualismo competitivo. La esencia de la filosofía neoliberal.

El caso Laureate y sus vínculos con la derecha y el Estado, por intermedio de la ex ministra Schmidt y de su esposo Gonzalo Molina, abogado del bufete que asesora al grupo norteamericano, es un ejemplo entre otros de las poderosas redes de intereses políticos y económicos que se despliegan en el lucrativo negocio de la educación.  El otro caso, no menos significativo, esta vez en la Nueva Mayoría, es el de las ramificaciones del empresario de la educación secundaria y dirigente DC Walter Oliva, financista de la ex senadora Ximena Rincón y actual ministra del Gabinete Bachelet, por lo tanto, una real influencia en el flamante gobierno.

Estamos frente a una endogamia clánica en un capitalismo concentrador de la riqueza social. Y ante una Nueva Mayoría dedicada a aceitar la infraestructura del poder económico y político. La especialidad del bacheletismo es construir puentes con los poderes neoliberales. Todos los ministros y subsecretarios aseguran y preservan estrechos vínculos con los grupos económicos (bancos, AFPs, Isapres, Minero-exportador, empresariado educativo, retail, farmacias, telecomunicaciones, energéticos) que controlan de mano monopólica la economía nacional.

El mismo fenómeno político (un personal político resultado de puertas giratorias Estado-Empresa) es extensivo a todo el sistema privado de educación superior. No hay universidad privada que esté por encima de toda sospecha. Basta darse el tiempo de investigar los vínculos de los miembros de los consejo de administración de cada una para constatar el entramado transversal de intereses. Como, de la misma manera, basta con seguirle la huella curricular a cada subsecretario de Bachelet-Peñailillo para saber cual es el sector económico capitalista o de poder (FFAA) con los que se vinculan para representarlos directamente en el Estado con el fin de preservar su poder e intereses. En términos políticos: la alternancia del duopolio político en la administración del Estado asegura la hegemonía o dominio de fracciones de la clase dominante que coinciden hoy en proceder a pequeñas reformas que ni siquiera corresponden a un proyecto socialdemócrata sino que se enmarcan en la misma racionalidad capitalista-neoliberal del modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar.

Si la dirigencia estudiantil no enfrentó política ni discursivamente al triunvirato Bachelet-Eyzaguirre-Peñailillo(*), en las próximas semanas tendrá que hacerlo en el terreno de la intervención pública con propuestas y argumentos claros y contundentes  y, por sobre todo, con el trabajo de construcción de una relación favorable de fuerzas con despliegue asambleístico y movilizador desde abajo y con un discurso y prácticas articuladoras y solidarias con las expresiones del movimiento de trabajadores. Fiel a la clave del éxito de la política transformadora. Unica manera de galvanizar al movimiento estudiantil en pos de masivas movilizaciones y de reconquistar el apoyo ciudadano. Pero esto es sólo el comienzo. También tendrán que dedicarse, en algún momento, a pensar acerca de los contenidos y programas de enseñanza universitaria. Lo contrario sería dejarle todo el poder a la lógica neoliberal y sus contenidos para pensar y actuar en el mundo. Porque la capacidad de adaptación —en su afán y dinámica propia de alienar las consciencias, explotar el trabajo humano, concentrar la riqueza social en pocas manos y depredar la naturaleza— del capitalismo es inmensa.

Por Leopoldo Lavín Mujica

El Ciudadano

————–

(*) Habrá que repetirlo. Fueron las movilizaciones sociales las que plantearon y empujaron hacia la necesidad de cambios urgentes y no las elites concertacionistas. Estas «recuperaron» las demandas sociales envolviéndolas de un manto de ambigüedad. De esa maniobra salieron los tres ejes programáticos. No fue, ni es al revés. No fueron las elites políticas las que osaron plantear los cambios estructurales. Timoratas, éstas van a la rastra del movimiento social. Entregarle todo el poder de decisión al gobierno y a las elites de la NM significará un retroceso social y político. El nuevo ciclo está marcado por luchas sociales democráticas, antineoliberales y anticapitalistas. Aquél no es producto de la iniciativa de las elites «progresistas» de la Concertación+PC. Plantear que el movimiento social debe supeditarse hoy a la conducción de Bachelet-Peñailillo-Eyzaguirre y hacer correr el rumor de que la fracción «conservadora» de la NM busca que caiga Peñailillo es querer detener el ímpetu del movimiento social. Actitud ésta que fue la de Bachelet al referirse de manera irónica a la Marcha de Todas las Marchas, al negarle de hecho autonomía e iniciativa al movimiento social. El llamado «diálogo social» de la NM no es más que la tentativa por domesticar a los movimientos sociales. El caso de los asesores (Roco y Crispi), reclutados por Eyzaguirre, muestra cuál es la táctica para hacerlo. De hecho, habrán tiempos de disputa implacable por la conducción en todos los movimientos sociales. El Estado, por arriba con sus operadores y ayudado por los medios del duopolio impreso y los canales de TV (CNN, TVN, CHvisión, etc) y, la militancia activa de los MS que resistirá por abajo.  Es la política. La de la construcción de relaciones de fuerza.