Problemas de salud mental, concentración, atención, aprendizaje, emocionales, de sueño, de impulsividad, convivencia y falta de empatía, fueron parte de los conceptos más recurrentes que dieron forma a un intenso debate en la Sala del Senado, el cual culminó con la aprobación, por amplia mayoría, de un proyecto que busca modificar la Ley General de Educación para prohibir y regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en los establecimientos educacionales
La iniciativa, que obtuvo 48 votos a favor y cumple su segundo trámite constitucional, tuvo su origen en siete mociones refundidas de distintos sectores políticos. Su objetivo central es claro: regular el uso de estos dispositivos, promover la utilización responsable de tales herramientas y precaver la interrupción del proceso de aprendizaje, para así contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media.
Tras la aprobación en general, corresponde ahora a la Comisión de Educación. El presidente de dicha instancia explicó los principales alcances de la iniciativa, entre los que destaca la propuesta de prohibir el uso de medios tecnológicos de telefonía móvil desde el nivel parvulario hasta sexto básico y establecer regulaciones para el uso adecuado para los alumnos de séptimo básico a cuarto medio.
En lo concerniente a los cursos superiores, el uso de dispositivos digitales será permitido únicamente en casos fundados, que deberán quedar registrados en los reglamentos de convivencia escolar. De acuerdo con la normativa, los establecimientos contarán con un plazo de seis meses para poder adecuar sus disposiciones internas respecto al uso de estos aparatos electrónicos.
Además, el texto contempla excepciones para situaciones específicas, como emergencias, catástrofes, condiciones de salud diagnosticadas o cuando el dispositivo sea considerado una ayuda técnica en los aprendizajes. Asimismo, se permitirá el uso de celulares en actividades curriculares que lo requieran.
Evidencia científica y una realidad alarmante
Durante el análisis del proyecto, los senadores presentes plantearon de manera unánime la necesidad de actuar frente a lo que calificaron como una problemática de urgente atención. Los argumentos se basaron en una sólida evidencia científica y en cifras nacionales preocupantes.
Los parlamentarios pusieron énfasis en que el uso indiscriminado e ilimitado de estas tecnologías genera daños en el desarrollo cerebral de niñas, niños y adolescentes; problemas de salud mental, concentración, atención, aprendizaje, emocionales, de sueño, de impulsividad y falta de empatía, entre otros.
En el debate coincidieron en que existe suficiente evidencia científica respecto de los daños que produce la exposición excesiva a dispositivos tecnológicos, la cual en el caso de las niñas y niños chilenos alcanza un promedio de 7,6 horas diarias, de las cuales una porción de 16 minutos están destinados a trabajos escolares.
Este fenómeno se vincula directamente con los resultados académicos del país. Al respecto, los senadores recordaron que el 55,7% de los adolescentes chilenos de 15 años no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora, lo que configura realidades complejas en las salas de clases, donde dispositivos que aumentan los trastornos ansiosos, problemas de salud mental infanto-juveni, se han transformado en un elemento disruptivo.
Uno de los datos más reveladores expuestos fue que un estudiante revisa su teléfono en promedio cada 12 minutos en la sala de clases, un comportamiento que no solo afecta su aprendizaje, sino también el del resto de sus compañeros. De ahí la crucial importancia de «recuperar el aula como espacio de concentración y aprendizaje más profundo».
El consenso fue claro: no se trata de estar en contra del progreso, sino de buscar un equilibrio. Los legisladores señalaron que no se trata de estar en contra de la tecnología, sino que buscar un equilibrio entre la protección y la libertad y fomentar el uso de una manera sana y acorde a la etapa educativa de los menores.
A juicio de los legisladores, que las redes sociales no están diseñadas con fines pedagógicos, sino que para tener a los menores la mayor cantidad de tiempo conectados, consignó el Mostrador.

Rol de la escuela y uso responsable de los teléfonos celulares
La senadora Yasna Provoste (DC), integrante de la Comisión de Educación y quien votó a favor del proyecto, recordó que “el debate sobre este tema no es nuevo ni exclusivo de nuestro país».
«La evidencia científica internacional muestra, con distintos matices, los riesgos que conlleva la exposición ilimitada a teléfonos móviles y plataformas digitales, principalmente expresada en redes sociales, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Estos riesgos se expresan en la convivencia escolar, en la salud mental, en las posibilidades de aprendizaje y en el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. El desarrollo neurológico de las y los estudiantes debe ser también una de nuestras prioridades2, planteó.
Destacó que la propuesta contempla un principio fundamental en la Ley General de Educación: el uso responsable de la tecnología en el proceso formativo.
«Se trata de un reconocimiento a la realidad del siglo XXI, pero con una mirada equilibrada que promueve la equidad digital, el uso consciente y la complementariedad entre actividades con y sin tecnología», explicó la legisladora por Atacama, citada por El Mostrador.
Aunque dejó en claro que el proyecto no resuelve por sí solo todas las complejidades de la convivencia digital en la escuela, anticipó que en la Comisión de Educación «presentaremos indicaciones para perfeccionar esta iniciativa, asegurando que la regulación vaya acompañada de medidas de apoyo pedagógico, formación docente y participación de las familias».
«Creemos que así el proyecto podrá cumplir mejor con su objetivo: resguardar el derecho a aprender en un entorno protegido y, al mismo tiempo, preparar a nuestros estudiantes para el mundo digital que ya es parte de sus vidas», argumentó.
Senadora Provoste: No se busca «demonizar la tecnología»
A juicio de Provoste, no se busca «demonizar la tecnología», sino promover que exista una relación equilibrada, sana y educativa con ella.
«Tenemos el convencimiento de que hasta sexto año básico estos dispositivos deben estar prohibidos, y que desde ese nivel en adelante deben estar restringidos siguiendo las normativas propias de cada establecimiento y de la autonomía de cada una de las comunidades educativas”.
Otros parlamentarios coincidieron en la necesidad de avanzar en esta regulación. El senador Fidel Espinoza (PS) planteó que la medida busca “impedir completamente su uso de primero a sexto básico y, de séptimo en adelante, permitirlo solo como herramienta pedagógica”.
Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) hizo hincapié en que el proyecto ofrece respuestas a una “necesidad evidente”, dado que el uso excesivo de dispositivos móviles genera “trastornos del sueño, problemas cognitivos y de relaciones sociales” en niñas, niños y adolescentes.