Usuarios pagan sus propias compensaciones: CNE confirma a CIPER que boletas de luz incluyen cobro oculto por cortes

Desde junio de 2024 las cuentas de luz en Chile incluyen un cobro adicional para que los usuarios financien, sin saberlo, las compensaciones que reciben tras cortes de electricidad.

Así lo reveló una investigación publicada por CIPER, que identificó que 21 de 26 empresas distribuidoras están cobrando dos cargos que suman el 0,52% del total mensual de las boletas de luz, pero que no aparecen desglosados.

El medio citado detalló que en mayo de este año la Comisión Nacional les confirmó que en la nueva tarifa por el servicio de distribución –que tiene un costo fijo del 17% en la cuenta mensual de cada usuario–, se incluye el financiamiento de las futuras compensaciones.

Según indicó ese organismo, “el efecto en cuenta tipo es marginal”, sin especificar el valor. Tras una nueva consulta, un mes después, la CNE explicó que se trata de dos cargos que actualmente “representarían un 0,46% y 0,06% de la cuenta tipo”. Ambos cargos suman 0,52%, un monto que cada mes pagan los clientes, no se encuentra detallado en la facturación.

De esta manera, si una familia paga una cuenta de luz de $100 mil mensuales, $520 de ese monto se destinan a financiar las compensaciones que las empresas distribuidoras deben entregar a los usuarios en caso de que se produzcan cortes de electricidad.

«En síntesis, son los propios consumidores los que financian las compensaciones a las que tienen derecho, por ley, cuando se les corta la luz», señaló CIPER.

El mecanismo surgió tras el reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2020-2024. Originalmente, las empresas debían absorber las compensaciones por cortes, pero el proceso se retrasó 42 meses por desacuerdos entre la CNE y las distribuidoras, ya que no lograban determinar cuánto debía incrementarse la tarifa de distribución.

Las empresas exigían mayores tarifas para invertir en infraestructura, mientras la CNE insistió en incluir las compensaciones como gasto operacional.

La solución que encontraron fue traspasar el financiamiento de las compensaciones, que por leu las empresas deben pagar obligatoriamente tras los cortes de luz un corte de luz, a los propios consumidores.

Según la investigación de CIPER, casi siete millones de clientes residenciales pagan cada mes esta tarifa, que es aplicada en 9 de las 12 Áreas Típicas de Distribución (ATD) a nivel nacional –zonas de distribución de electricidad–. Entre las empresas que implementan el cobro figuran Enel, CGE, Chilquinta y Saesa.

En una respuesta enviada a este medio digital, la CNE indicó que la decisión de incluir el cobro de las compensaciones en el VAD de las cuentas ya que se evitó una “sobre renta artificial” para las empresas, sin ningún efecto en la calidad de servicio a los usuarios. Planteó que de otro modo “podría generar incentivos naturales a no invertir, siendo una estrategia de menor costo para las distribuidoras reales solo pagar las compensaciones”.

Cambios regulatorios y cuestionamientos

Al traspaso del financiamiento de las compensaciones a los clientes se suma el hecho de que en 2024, la CNE modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicio, argumentando que una “redacción equívoca” en los «estándares individuales» de cumplimiento de calidad del servicio generó “disímiles interpretaciones” de la normativa y una “actitud oportunista de algunas empresas“.

Entre los cambios, se redujo el tiempo máximo acumulado de cortes anuales de 12 a nueve horas.

También se ajustó el tiempo máximo para asistir presencialmente a solucionar un corte de luz. En las zonas urbanas quedó en dos horas, como estaba estipulado en el reglamento anterior, mientras que en los sectores rurales se elevó a seis horas.

«Esa modificación no es congruente con el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, que indica que el plazo en zonas rurales no puede sobrepasar las cuatro horas», señaló CIPER.

Asimismo, destacó que el Panel de Expertos cuestionó en 2023 que los clientes asuman estos costos establecidos en la Norma Técnica. En un dictamen sobre una discrepancia de Chilquinta, señaló que “el Panel estima inadecuado el criterio empleado por la CNE en orden a incorporar, en la tarificación basada en la empresa modelo, un monto por concepto de compensaciones a clientes por interrupción o suspensión de suministro”.

Cobros adicionales para los clientes y deudas

Tras un temporal en agosto de 2024 que afectó a nueve regiones del centro y sur del país y dejó a 2,4 millones de clientes sin suministro, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que casi todas las distribuidoras aplicaron compensaciones. Solo Enel se resistió al pago, al discrepar de la calificación de “Fuerza Mayor”.

En su reportaje CIPER señaló que los usuarios enfrentan otros cobros adicionales y señaló que tras su promulgación en abril de 2024, la Ley 21.667 de Estabilización Tarifaria, creada para cubrir una deuda de US$6.000 millones de clientes con generadoras, ocasionó un período –del 1 de julio al 31 de agosto de ese año– sin cubrir por el decreto que descongeló el precio de las tarifas, generando una nueva deuda de US$91 millones.

La CNE confirmó que este costo se traspasará a los usuarios mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Además, persiste una deuda por el retraso en el VAD, estimada en US$1.000 millones. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) admitió a CIPER que aún no cuentan con una noción exacta de su totalidad, ni de la manera cómo será pagada por las distribuidoras y usuarios.

¿Qué dice la CNE?

Desde la CNE respondieron al reportaje de CIPER defendiendo el alza en las cuentas de electricidad y descartando que parte del porcentaje se destine a compensaciones.

“Las tarifas eléctricas no incluyen ningún cargo destinado a financiar compensaciones que las empresas distribuidoras deben pagar a los consumidores por incumplimientos en la calidad de servicio. Tampoco existe un fondo destinado a financiar compensaciones futuras que las empresas deben pagar a los consumidores”, señalaron en una declaración pública,

Asimismo, detallaron que “la información entregada a CIPER corresponde a la estimación de un parámetro técnico utilizado en el diseño de la empresa modelo teórica que sirve de base para determinar las tarifas de distribución. Es incorrecto interpretar que algún criterio técnico utilizado para definir costos eficientes de la empresa modelo tenga vinculación directa con los costos reales de las distribuidoras o con las compensaciones efectivamente pagadas a los usuarios“.

Desde el organismo se refirieron a la metodología usada para definir las tarifas de distribución y plantearon que “la solución técnica adoptada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), y ratificada en Panel de Expertos, permitió evitar un alza muy significativa de las tarifas eléctricas promovida por algunas empresas“.

De tal modo, argumentaron que “de haber acogido la alternativa planteada por estas empresas, los clientes podrían haber sufrido un alza real de hasta un 37% adicional en sus tarifas de distribución, cifra que, al considerar la inflación acumulada desde 2020, podría haber llegado a cerca de un 80%”.

En ese sentido, desde la Comisión Nacional de Energía acotaron que “en resumen, el criterio técnico adoptado por la CNE evitó que los clientes o consumidores pagaran sobrerentas por aproximadamente US$1000 millones adicionales a las empresas eléctricas, montos que habrían debido sumarse a las reliquidaciones pendientes por inflación acumulada“.