Subdeclarando valor de minerales

Abogado acusa a SQM de exportación ilegal

Desde hace más de 21 años, el Salar de Atacama es explotado de forma abusiva por la minera no metálica de Julio Ponce Lerou. El ex yerno de Pinochet aterrizó allí en 1993, cuando la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) celebró un contrato de arrendamiento con SQM Salar que ha sido quebrantado, según afirma el abogado Mauricio Daza.

Por Matías Rojas

20/06/2015

Publicado en

Chile / Entrevistas / Portada

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MauricioDaza

La filial de SQM que liga al recaudador de fondos de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, con boletas ideológicamente falsas emitidas por su empresa Asesoría y Negocios Spa, enfrenta ahora una demanda por incumplimiento de contratos con el Estado de Chile.

Un acuerdo suscrito durante el primer gobierno de la Concertación otorgó derechos exclusivos a la firma de Julio Ponce Lerou en un área que abarca 140.000 hectáreas del Salar de Atacama, una de las reservas más importantes del país en términos ambientales y mineros, para extraer salmueras con altas concentraciones de potasio, boro, magnesio y litio.

El abogado penalista Mauricio Daza, querellante en el caso Penta-SQM desde la Fundación Ciudadano Inteligente, conversó con El Ciudadano sobre las graves violaciones al contrato firmado entre la minera y Corfo, que de continuar vigente hasta 2030 – señala – va a convertir el Salar en un “verdadero chicle”.

¿En qué consistían los contratos que SQM celebró con el gobierno de Patricio Aylwin?

Lo que ocurre es que Corfo tiene pertenencias mineras en todo el Salar de Atacama. Para efectos de explotarlas se estableció un acuerdo en el que SQM, a través de una filial llamada SQM Salar, iba a hacer esta explotación teniendo derechos exclusivos y excluyentes para ello. A cambio, SQM pagaba una renta de arrendamiento a Corfo por más de 28 mil pertenencias mineras y a esas rentas se les sumaba el pago de determinados valores que se calculan a partir del monto de exportación del litio y otras sales potásicas.

¿Eso se cumplió?

Una de las condiciones del contrato es que SQM Salar tenía que ejecutar todos los actos necesarios para la protección de la propiedad minera de Corfo. Sin embargo, lo que hizo fue inscribir a nombre propio las pertenencias mineras que rodean todas las pertenencias de Corfo y sobremensuró, es decir, inscribió a nombre propio, pertenencias en lugares que estaban por sobre las que corresponden a pertenencias arrendadas a Corfo.

¿Ocurrió algo similar con los derechos de agua?

Sí, la minera inscribió a nombre propio todos los derechos de agua correspondientes al Salar de Atacama. La minería no metálica requiere por esencia de agua para poder desarrollarse. Lo que SQM hizo fue, lejos de resguardar la propiedad minera de Corfo, afectarla gravemente, acaparando todos los derechos de agua y también ambientales. En la práctica, SQM tiene copados todos los derechos de agua del Salar de Atacama, impidiendo de esa forma que cualquier otro pueda hacer una explotación en esa zona.

¿Quién debía fiscalizar eso?

Lo debía fiscalizar Corfo y no lo hizo. Por lo menos hasta la actual administración, que finalmente demandó. Antes sencillamente miraron para otro lado. También se descubrió otra cosa, que SQM subdeclaraba sus exportaciones. Lo que ellos hacían era mandar las salmueras en bruto al extranjero. Tú agarras una salmuera y haces un proceso químico para extraer el litio, el yodo y el potasio. Ellos mandaban todo sin procesar y por esa vía declaraban una aproximación de cuánto mineral había en la salmuera, lo cual era absolutamente arbitrario, nadie lo podía controlar y obviamente todo indica que las estimaciones eran intencionalmente bajas con tal de garantizar que ellos no pagaran lo que realmente debían pagar.

¿Cuándo se pone la alerta sobre esta situación?

A finales de la administración anterior. Ya era conocida la forma a lo menos oscura con que SQM Salar estaba incumpliendo las obligaciones de los contratos. Se empezó a indagar y finalmente se decide colocar una acción civil frente a un juez árbitro, con la finalidad de solicitar el pago de aquellos valores que se adeudan, ya que SQM tampoco transparentó de manera completa la información relativa a las ventas de las sustancias sacadas del Salar. Por otro lado, se solicitó a Corfo que pusiese término anticipado al contrato que está vigente hasta 2030. Esto es importante, porque la política nacional del litio propuesta a partir de una Comisión Especial que designó la presidenta Michelle Bachelet, y cuyas conclusiones son bastante pertinentes, en la práctica no se pueden llevar a cabo de manera plena hasta el año 2030, porque hasta esa fecha se le regaló el Salar a SQM, en plena transición.

En estas circunstancias, ¿piensa que SQM va a ser la única empresa con la facultad de explotar el Salar en 2030?

Exacto, porque lejos de cumplir con la obligación de amparar de manera efectiva lo que son las pertenencias mineras del Estado correspondientes a Corfo, las atacaron. Acá no solamente se le entregó el Salar en condiciones absolutamente desventajosas para el Fisco, sino también está la falta de fiscalización de Corfo. Esto obviamente fue pensado, es una estrategia.

¿Existe un vínculo entre la no observancia de Corfo con los casos de posible financiamiento ilegal de la política que involucran a SQM?

Tengo la convicción de que Julio Ponce Lerou armó una red de corrupción al interior del aparato público que le permitió facilitar la operación de SQM, la que pudo controlar a partir de un proceso de privatización y saqueo realizado en plena dictadura, donde quien gobernaba era su suegro. Dicho esto, acá ha habido una responsabilidad inmensa de ciertos personeros de la Concertación. Estamos hablando de personas que construyeron una carrera política atacando a la dictadura de Augusto Pinochet, pero no tuvieron ningún problema al momento de solicitar u obtener dineros de parte del ex yerno del dictador, sacados de una empresa privatizada, o más bien saqueada, en dictadura. Es una hipocresía inaceptable.

¿Algunos de esos personeros terminaron trabajando para SQM?

Hay que recordar que los grandes defensores de Julio Ponce son Enrique Correa y Osvaldo Puccio, quienes precisamente estuvieron en importantes puestos durante el primer gobierno de la vuelta a la democracia. Fue en ese momento que se entregó en bandeja el Salar de Atacama a SQM. Hoy, esa explotación representa una parte sustantiva de las utilidades que obtiene Julio Ponce. No hay que olvidar que posteriormente, Puccio integró directorio en empresas “cascada” y Correa fue contratado como el lobbista de SQM. Hay que decir que toda esta situación le pone un contexto mucho más grave a lo que eran los viajes de Patricio Contesse junto a importantes personeros políticos al Salar de Atacama, donde finalmente estaban saqueando al Estado de Chile.

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