Abogado Alberto Espinoza: «La persecución, represión y privación de libertad de Héctor Llaitul tiene un carácter político»

Alberto Espinoza, quien patrocinó la demanda por torturas cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar contra el vocero de la CAM infligidas en 1988, se refiere a las verdaderas razones que según él hay detrás de la última detención de Héctor LLaitul, a la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, y a cómo los convenios internacionales ratificados por Chile son letra muerta.

Alberto Espinoza

Fotografía: A la derecha, abogado Alberto Espinoza

El pasado sábado llegaron más de 100 integrantes de comunidades mapuche de la zona de Arauco, Malleco y Cautín hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bio-Bio para apoyar a los presos políticos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), encarcelados hace casi un mes en ese penal. Los comuneros acusan una persecución política en contra de sus weichafes, al igual que el abogado Alberto Espinoza, quien en entrevista con El Ciudadano, coincide con lo que sostienen comunidades y familiares respecto a razones políticas detrás del encarcelamiento de los comuneros de la CAM, y en particular por la invocación a la Ley de Seguridad en el caso de Héctor Llaitul.

EC: En su opinión, ¿por qué existirían motivaciones ideológicas en la detención de Héctor Llaitul y los demás comuneros de la CAM?

-Porque, en primer lugar, la lucha del pueblo Mapuche es una lucha política por la recuperación de un territorio usurpado, por el reconocimiento como pueblo Nación y todo lo que ello significa desde el punto de vista económico, social, cultural, desde la perspectiva del derecho a la autodeterminación. La invocación de la Ley de Seguridad del Estado, ley sucesora de la denominada ley maldita, es un instrumento jurídico que se articula desde la institucionalidad y el modelo económico para fortalecer la dominación nacional del Estado de Chile.

En segundo lugar, la persecución y criminalización del planteamiento discursivo e ideológico anticapitalista de Héctor Llaitul, se enmarca en el contexto de lo que ha sido la política histórica y sistemática del Estado de Chile de perseguir, reprimir, enajenar y sojuzgar al pueblo Nación Mapuche.

EC: ¿Eso significa, en sus palabras, que estaríamos frente a una persecución política, más que estrictamente penal?

-Es muy evidente que la persecución, represión y privación de libertad de Héctor Llaitul tiene un carácter político, se le detuvo mientras almorzaba tranquilamente en una fuente de soda, ha estado bajo vigilancia permanente y continua, de agentes de la PDI y Carabineros, desde hace mucho tiempo, el seguimiento de sus pasos no ha tenido pausa en los últimos años. Su libertad permanentemente ha estado amenazada, la Operación Huracán es una manifestación elocuente de lo que estoy diciendo.

Todos sus teléfonos están intervenidos, todas sus conversaciones están grabadas, todos sus pasos están filmados y fotografiados, incluso las reuniones y conversaciones privadas con sus abogados, de manera que no se explica cómo, de la noche a la mañana se construye una atribución penal como si se tratara del enemigo público número uno. Es una persecución política al servicio de intereses económicos.

EC: En este contexto, ¿cómo interpreta la prisión preventiva decretada en contra de Héctor Llaitul, por la que la defensa interpuso un recurso de amparo?

-La prisión preventiva adoptada por el juzgado de garantía es una manifestación evidente de una coordinación institucional para reprimir el discurso y el pensamiento de Héctor Llaitul y reprimir la reivindicación de un territorio ocupado por empresas forestales depredadores del medio ambiente, subordinándose el Estado de Chile, a través de los tribunales de justicia, a los intereses de una oligarquía ambiciosa, acumuladora de riqueza en desmedro de los legítimos y comunes intereses del pueblo nación Mapuche.

Los tribunales reproducen los dichos del Ministerio Público sin ningún aporte jurisdiccional, en la práctica los jueces son meros reproductores de la atribución que hace la Fiscalía a través de la formalización de la investigación.

EC: ¿Qué opina que nuevamente sea cierta prensa la primera en tener y entregar las resoluciones judiciales en este caso?

-La prensa ejerce un derecho fundamental mediatizado editorialmente por los propietarios de los medios, y eso tiene un efecto muy dañino para la formación de la opinión pública y el derecho a la información. La difusión de las noticias referidas a la situación del Wallmapu, responde a los mismos intereses de la oligarquía que ha dominado este país desde hace mucho tiempo, podemos decir desde siempre, porque esos grupos económicos son también, los propietarios de los medios de comunicación. Es muy curioso que la pauta de la agenda y de las decisiones políticas se conozcan a través de El Mercurio o La Tercera.

EC: Respecto a el rechazo del amparo en la Corte Suprema donde se solicitaba la revocación de su prisión preventiva o de lo contrario su cumplimento en el módulo de comuneros mapuche, en Temuco, ¿qué señal dan los tribunales respecto a los convenios internacionales firmados por Chile?

-Héctor Llaitul tiene un discurso que molesta al establishment, es además, la voz de la conciencia para muchos que sienten el peso opresor del modelo económico capitalista y de la institucionalidad jurídica, aún vigente, de la dictadura de Pinochet. Para Héctor Llaitul y los comuneros mapuches encarcelados, el Convenio 169 es como si no tuviera vigencia, como que no existiera, es letra muerta.

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