Activista Melissa Vértiz: Este 2019 no hubo una disminución de la migración a EE. UU.

La portavoz del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria señala que a pesar de las restricciones el proceso migratorio de mexicanos y centroamericanos hacia norteamerica no ha descendido aún y cuando se ha vuelto más intrincado y peligroso

Por Sofia Belandria

26/12/2019

Publicado en

Entrevistas

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Las caravanas de migrantes centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza en sus países cesaron desde que en junio del año que termina México acordó con EE.UU. erigir una suerte de muro de contención en su frontera sur, pero a costa de mayores detenciones y deportaciones.

En los estados del sureste mexicano «la situación es de marginación, pobreza, falta de acceso a derechos y servicios que se agudizó entre la población migrante contenida por el muro de la Guardia Nacional acordada con el Gobierno de Donald Trump», dijo la secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Melissa Vértiz.

Esta red de una veintena de organizaciones y especialistas en derechos de migrantes y asilo fundada hace una década lanzó una misión de observación de más de medio centenar de activistas que recogió información de refugios de organismos civiles, albergues de las iglesias estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración.

Luego de recorrer incluso rutas clandestinas de migrantes durante la segunda mitad de este año, el 23 de noviembre se presentó el Informe de Hallazgos en la Frontera Sur.

La misión encontró que «las rutas migratorias son cada vez más peligrosas, se incrementaron los delitos de secuestro y extorsión en contra de personas migrantes; se elevaron los costos que deben pagar a los traficantes de personas».

También se detectó «el incremento en las condiciones de inseguridad para las personas defensoras de derechos humanos y albergues», dice la investigación.

En otras palabras, apuntó Vértiz, «el Gobierno de México acepta que Trump extienda en los hechos las fronteras estadounidenses al territorio mexicano, y celebra que disminuyeron hasta 70% las detenciones de indocumentados que practica la Patrulla Migratoria de EE.UU., pero la situación en este país empeoró para esas poblaciones vulnerables, detenidas y deportadas».

La explicación es que «no han cambiado las causas estructurales» por las cuales los migrantes y solicitantes de protección internacional deciden salir de sus países de origen a jugarse la vida.

Esas causas que persisten son «la pobreza, marginación, violencias sistemáticas y sistémicas, la corrupción y la impunidad, falta de acceso a la justicia y la garantía de derechos», enumeró.

La contención

Las consecuencias de esa política enfocada en la seguridad nacional y no en la seguridad humana se pueden observar en las propias cifras oficiales de México.

Vértiz mencionó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se vio desbordada, con rezago institucional «y más de 66.000 casos de solicitantes de protección internacional».

Esa cantidad de personas que esperan una respuesta de auxilio preocupa a los defensores de migrantes porque «tampoco existen las condiciones apropiadas para que puedan esperar a entregar su solicitud».

Además de las personas desesperadas por recibir una respuesta definitiva que no llega, hay miles para quienes no hay una política real de integración que garantice derechos fundamentales, como la vivienda, la salud, y la educación que el Gobierno mexicano prometió antes del acuerdo con EE.UU., según Vértiz.

Las cifras de la Unidad de Política Migratoria «nos hablan de que las personas presentadas ante la autoridad migratoria en 10 meses de 2019 son casi 170.000«, citó la especialista.

Si se compara con los 10 primeros meses de 2018, cuando fueron detenidas poco más de 113.000, se observa un crecimiento de 50%.

«No hay una disminución de la migración, el hecho de que la Comar tenga pendientes las solicitudes de asilo y protección desde enero a noviembre de este año, muestra una necesidad urgente de atender el flujo migratorio con otro enfoque», dijo la portavoz.

En los estados del sureste mexicano los datos confirman esa realidad: en Chiapas, el número de migrantes detenidos se incrementó un 45,3% en 10 meses, comparado con el año pasado, y las deportaciones sumaron 111.073 en el mismo lapso de 10 meses.

«No hay caravanas pero siguen llegando, porque no han cambiado las condiciones en sus lugares de origen, en Centroamérica persisten la violencia y la marginación», subrayó Vértiz.

Las detenciones hablan de que México está ejecutando la política de contención «como policía migratoria de EEUU», denunció.

«Alrededor de 60% de detenidos en estaciones migratorias a la espera de una visa humanitaria terminan deportados a sus países, al sur del río Suchiate», frontera natural con Guatemala, dijo Vértiz, citando datos oficiales.

Desesperación en la frontera norte

Otra investigación se llevó a cabo para entender el llamado Protocolo Quédate en México, aplicado en EEUU para los indocumentados que solicitan asilo y son enviados a esperar su resolución en territorio mexicano.

El resultado es que, desde que ese protocolo se comenzó aplicar con consentimiento de México, de diciembre de 2018 hasta el 15 octubre de 2019 fueron devueltas a territorio mexicano 51.407 personas, según cifras de la Secretaría de Gobernación.

Son personas de diversas nacionalidades y las que más destacan proceden de Honduras, Guatemala, El Salvador y Cuba.

Las organizaciones especializadas consideran que EEUU no deberían regresar a personas con mayores condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, y tampoco a mexicanos que piden asilo, por miedo fundado y amenazas a sus vidas en este país.

«Han sido devueltos a sus países de origen sin condiciones mínimas, donde pueden ser expuestos al crimen organizado», denunció la activista.

Un monitoreo de 70 publicaciones indica que cientos de personas que logran llegar en los autobuses a la frontera norte están en la calle «y muchas son secuestradas por el crimen organizado, que se frota las manos», dijo.

Incluso quienes están en un albergue para pernoctar, en el momento en que salen de día a solicitar empleo, son secuestrados, según Vértiz.

El Departamento de Seguridad Interior de EEUU informó que en los primeros 10 meses de este año fueron deportadas a México 55.000 personas, de las cuales 20.000 están en albergues y las 35.000 restantes están viviendo en la calles de las ciudades mexicanas en la frontera norte de este país.

Cortesía de Sputnik

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