Directora de Amnistía Internacional Argentina por represión al Pueblo Mapuche: “Nos preocupa que lleguemos a lo mismo que Chile»

Mariela Belski es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Argentina, organización que ha realizado un mapeo de los conflictos con comunidades indígenas al otro lado de la Cordillera de Los Andes. En tres años, han logrado identificar 200 casos en todo el país.

“Los conflictos que relevamos, en general, se dividen en distintas características, pero la que cruza a todos es el conflicto por la tierra y en todos vemos un enfrentamiento de distintas comunidades con empresarios o el propio estado provincial”, comenta en conversación con El Ciudadano.

En esta entrevista, la abogada presenta sus reparos a la forma como el Estado argentino aborda las reivindicaciones mapuche, al punto de cuestionar el tratamiento comunicacional que el gobierno de Mauricio Macri ha realizado, buscando criminalizar el activismo en favor del pueblo preexistente, por medio de la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Desconocemos qué es la RAM. Le hemos hecho un pedido de información al Estado, para que nos explique a nosotros qué es la RAM; para nosotros son mapuche. Creo que en Argentina mucha gente se pregunta qué es la RAM, no desconfiando de los mapuche, todo lo contrario, desconfiando de que es una invención del Estado para perseguir a una comunidad determinada, porque justamente pelea en territorios donde hay muchos intereses del Estado en términos de inversión petrolífera y minera”, afirma.

Pero también objeta la represión policial, cuyas expresiones más notorias han coincidido con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el reciente asesinato del joven Rafael Nahuel. “Tenemos a una comunidad con recursos muy limitados, luchando con piedras, y al otro lado tenemos balas. Entonces, nos parece que hay un uso desmedido de la fuerza, de parte de las fuerzas de seguridad”, estima la representante de AI Argentina.

¿Cómo describiría el momento actual del conflicto entre el Estado argentino y el Pueblo Mapuche?

En general, son comunidades muy pacíficas y dialoguistas. Lo que es cierto, es que cuando hay falta de diálogo y de canalización de la problemática, este gobierno claramente está deslegitimando la causa mapuche, a raíz de estos conflictos que ha habido, con esta idea de que la RAM –no tenemos información para poder determinar que la RAM es algo– le sirve al Estado para generar una idea social de que hay un grupo violento que usa la fuerza y la violencia para defender a un territorio que no les corresponde, que están asociados al terrorismo, a los kurdos, al ISIS, a las FARC… unas cosas que desde AI nos preocupa muchísimo porque no entendemos cómo pueden probar esas afirmaciones.

Nos parece que hay una creación comunicacional de deslegitimación de la comunidad mapuche, que está haciendo mucho daño a su causa legítima de lucha. Hay una escalada de demonización, no solo de las comunidades mapuche, también de organizaciones de derechos humanos que defienden a estas comunidades.

Hay una fuerte estrategia comunicacional del Gobierno de deslegitimar las luchas de estos pueblos y lo están logrando. Para empezar, los mapuche no son una sola cosa. Hay distintas familias con distintos reclamos e intereses. No todos pelean por lo mismo, ni tienen las mismas luchas. Lo que sí comparten es esta lucha territorial y sí vemos que hay una idea de que los mapuche son el enemigo. La idea que queda hoy en la ciudadanía en general es que son terroristas y en Amnistía nos preocupa que pase lo que pasó en Chile, que se sancione una ley antiterrorista con las características que tiene Chile y que termine siendo ese el argumento de todo este armado.

¿Observan similitudes entre los tratamientos que han realizado los estados chileno y argentino respecto de la situación mapuche? Pensemos en la militarización, la represión, el racismo institucional…

Tenemos una ley antiterrorista, pero no tiene las características de la chilena. Vemos como “el camino hacia”, nos preocupa que lleguemos a lo mismo. Nos preocupa que Argentina vaya hacia la ley chilena. En ese contexto creemos que en la reunión que tuvo Bachelet con Macri de esto se conversó. Creemos que hay conversaciones con Chile respecto de esto y, obviamente, de acuerdo a quién termine ganando las elecciones de Chile nos preocupa mucho, porque obviamente si gana Piñera es una ley que se va a aplicar.

Nos preocupa que el andar del Gobierno, de lo que está queriendo construir, vaya hacia Chile; y en ese contexto, Amnistía se opone a un tratamiento del conflicto indígena con la ley antiterrorista que tiene Chile.

Dirigentes mapuche a este lado de la Cordillera han denunciado que una de las posiciones discursivas del Estado ha sido ubicarlos dentro del marco de lo que se conoce como el «enemigo interno», con el fin de justificar su represión. ¿Ocurre una operación similar en Argentina?

Se está construyendo la idea de que sí, de que es un enemigo interno, que quiere tomar el Estado argentino, que es anarquista, que quieren crear el Estado mapuche y eso no es cierto.

Dentro de la comunidad mapuche se dividen en distintas agrupaciones y cuando hablas con los líderes de las distintas agrupaciones, nada que ver, ni cerca de esto. Son muy pacíficos. Yo creo que hay un grupo en el sur, que el gobierno denominó RAM, que por ahí tiene un accionar más diferente a otros mapuche. No todos reaccionan de la misma manera.

En vista de esta suerte de campaña de desinformación que describía anteriormente, ¿cuánto apoyo concita la causa mapuche en la opinión pública argentina?

Con esta campaña de desinformación yo creo que el Estado concita mucha opinión pública a favor. El país está dividido en dos, una parte apoya a este gobierno y la otra mitad del país, un poquito menos, no apoya a este gobierno.

Los que no apoyan a este gobierno están más cerca de la causa indígena. Algunos que apoyan a este gobierno también entienden lo que es la causa indígena y la apoyan, pero la gran parte está convencida de lo que el gobierno generó, de la idea de que hay un Estado mapuche que desconoce al Estado argentino y que está ligado al ISIS y que son terroristas. Yo creo que el Estado logró penetrar ese discurso, muy fuertemente.

Cuando yo salgo hablando de estas cosas, como lo hago ahora, soy muy criticada por defender a las comunidades y a los indígenas, en general. En ese contexto, las organizaciones de derechos humanos estamos siendo muy demonizadas. Todo lo que es contrario a lo que el gobierno piensa, se demoniza.

No es que el gobierno kirchnerista haya sido muchísimo mejor. Por ahí, a los indígenas los ignoraron de cuajo, no creas que hicieron un gran trabajo. La diferencia con este gobierno es que acá está habiendo un uso indebido de la fuerza y una intervención del Ministerio de Seguridad en un espacio donde no queda claro que debería intervenir.

Respecto de la “demonización” de las posturas disidentes al gobierno de Macri, ¿qué evaluación realiza sobre la forma como los medios de comunicación han tratado estos temas?

Cuando el gobierno de Macri asume, uno decía “basta de grieta”, pero no. Al gobierno le sirvió mucho ampliar la grieta, porque eso le sirvió para ganar las elecciones. Eso mismo se da mucho en el periodismo argentino. Hay gente que está muy en el medio, como Amnistía, siendo críticos con este gobierno y con el anterior. Hay mucho periodismo convencido de que todo lo que hace el PRO (partido de Mauricio Macri) es maravilloso y fantástico, y no le ven absolutamente ninguna crítica, y hay periodistas del otro lado, que todo lo que hace el PRO es un desastre, que son la dictadura.

Ninguno de los extremos es bueno. Este gobierno no es una dictadura, es un gobierno elegido absolutamente bajo la democracia, que tiene políticas de centroderecha, es el gobierno que nos tocó y tenemos que lidiar con esto. Este es un gobierno en que la agenda de derechos humanos no es relevante, no la tienen en cuenta y si uno mira los grandes errores del gobierno de Macri, están vinculados a temas de derechos humanos: Milagro Sala, la desaparición de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel…

Ellos tienen tan postergada la agenda de derechos humanos, que todos estos temas no los pueden administrar y reaccionan tarde y puede tener que ver con que para el gobierno anterior, la agenda de derechos humanos fue muy relevante y hasta se hizo un uso del discurso de derechos humanos exagerado y a veces excesivo, porque se usaba el discurso, mientras no se hacía nada por los indígenas.

Otra denuncia de dirigentes mapuche apunta al racismo institucional de parte de órganos estatales argentinos y chilenos. ¿Qué valoración realizan sobre el papel del sistema judicial, la policía y el gobierno, considerando algunas situaciones puntuales, como la detención del lonko Facundo Jones Huala, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel?

Con respecto a la detención de Facundo, no hemos relevado ese caso, con lo cual no sería responsable de mi parte hablar de ese caso, porque no lo conozco.

Respecto de la muerte de Santiago Maldonado, creemos que esa muerte se da en el contexto de una represión ilegal y que tenemos que saber qué pasó. Sabemos que murió y que se ahogó, pero no sabemos cómo llegó a darse. Necesitamos saber quiénes son los responsables de que ese chico se haya ahogado y, claramente, las fuerzas de seguridad tienen mucho para decir, porque toda esa comunidad corre para defenderse de las balas y el único lugar que tenías para caerte era el río que cruza toda la comunidad, con lo cual desde Amnistía estamos peleando porque se sepa la verdad, porque haya justicia y estamos apoyando a la familia en ese sentido.

En el caso de Rafael Nahuel hemos pedido información al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y al Ministerio de Seguridad, por la entrada de la Prefectura, que ni siquiera corresponde, y hemos pedido al Congreso que intervenga, porque como organismo de monitoreo del exceso del Poder Ejecutivo, tiene que intervenir y nosotros creemos que hubo un exceso de parte del Poder Ejecutivo.

De izquierda a derecha: Facundo Jones Huala, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Respecto del Poder Judicial, lo que vemos en el caso de Santiago Maldonado es que el juez (Guido) Otranto, el primero que interviene, claramente quería un apartamiento de la causa, y eso está claro porque una juez no puede dar una nota a un medio de comunicación, como es La Nación, adelantando sin haber probado nada de lo que sucedió. Claramente, ese juez quería que lo cortaran y dicho y hecho, eso pasó. Dio la nota y se pidió cambiarlo.

El juez que está llevando actualmente la causa, (Gustavo) Lleral, se le notó bastante operante en un inicio. Como acompañante de la familia, ellos sienten que hubo un buen inicio y ahora está muy lento todo. Mañana hay un rastrillaje en Esquel, donde desapareció Santiago.

En el caso de (Gustavo) Villanueva, que es el juez del caso de Rafael Nahuel, no terminamos de entender esta entrada de la Prefectura: en qué contexto, quién la pide, qué fue lo que pasó. Lo que falta a toda esta historia es que tenemos que aprender que tenemos fuerzas de seguridad que no están preparadas para trabajar este tipo de casos, porque entran a los tiros y claramente no es la manera. No están preparadas para disolver una protesta social.

El Ministerio de Seguridad tiene que pensar cómo va a capacitar a sus fuerzas de seguridad para trabajar con este tipo de comunidades y problemáticas. El Poder Judicial tampoco está preparado para trabajar con este tipo de problemáticas, no pueden ni contener a una víctima, ordenan que intervengan fuerzas que no están preparadas, no está claro de quién es el rol para administrar este tipo de situaciones.

No estamos viendo un gobierno que se acerca a soluciones estructurales a un problema que parece serio. No nos podemos quedar en ver quién tiene la culpa, tenemos que resolver el problema y eso significa capacitar a las fuerzas de seguridad, ver el rol del Poder Judicial, generar mesas de diálogo con las comunidades, en donde esté involucrado el Poder Legislativo, que tiene un rol que jugar.

En el contexto de su reivindicación territorial, las comunidades mapuche al sur de Chile mantienen una disputa con las empresas forestales. A su vez, el Pu Lof en Resistencia de Cushamen reclama la porción de un terreno bajo la propiedad de la trasnacional Benetton. ¿Cómo observan esta tensión entre el modelo económico de un país y la tradición ancestral de los pueblos indígenas?

Los gobiernos suelen utilizar los discursos de desarrollo para instalar esta idea de que hay ciertos grupos que están impidiendo el desarrollo de un país. Es muy fuerte, porque la realidad es que estas comunidades existen ancestralmente, tienen una cosmovisión y una cultura totalmente distintas.

Nuestra Constitución reconoce a los pueblos ancestrales y les reconoce derecho a su tierra, entonces hay un conflicto entre lo que está constitucionalmente reconocido y el interés del Estado por generar desarrollo y emprendimientos rentables para el país. De alguna manera, se tiene que compatibilizar, no se puede ponderar uno por sobre el otro.

Es claro que hay desarrollarse, por supuesto, y hay que producir emprendimientos que generen desarrollo, pero en el derecho internacional está prevista la consulta previa, libre e informada, o está prevista la ley de tierras comunitarias. Bueno, esa es una solución, discutamos una ley de tierra comunitaria y cuando hagamos emprendimientos que afectan la vida de las comunidades mapuche, tiene que haber un consentimiento, un involucramiento, que ellos puedan opinar y llegar a acuerdos que conformen a todas las partes.