Juez Solís : Por delitos de lesa humanidad la defensa no puede solicitar amnistía

«Ustedes son Sacerdotes y tienen el lujo de ser misericordiosos, yo soy soldado y el Presidente de toda la nación chilena. El pueblo fue atacado por el bacilo del comunismo y hay que extirparlos; a los marxistas y comunistas hay que torturarlos porque de otra manera no cantan”. Así reaccionaba Augusto Pinochet ante los requerimientos del obispo de la iglesia evangélica luterana, Helmut Frenz, y su similar católico, Fernando Ariztía, quienes se reunían con él en la segunda mitad de 1974 para presentarle un dossier exhaustivo respecto de la tortura sistemática que entonces se verificaba en Chile.

Este testimonio, junto a numerosas otras pruebas tienen al otrora dictador en el frontispicio de la condena. Esto, en la causa Rol 2182-1998 “Villa Grimaldi”, en la que acaba de ser procesado por el ministro instructor Alejandro Solís. En el auto de procesamiento, del 27 de octubre pasado, se le acusa de ser autor de 26 secuestros calificados en los que los detenidos tienen calidad de desaparecidos; de los “delitos reiterados de torturas” cometidos a 23 personas, la mayoría de las cuales son sobrevivientes del centro de detención y tortura Villa Grimaldi; y del homicidio calificado de Alejandro Ávalos Davidson. Por lo anterior y debido a que el juez instructor consideró que “es un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido el número de delitos que se le atribuyen”, Pinochet quedó en calidad de detenido el pasado lunes 30 de octubre. Sin embargo, considerando su avanzada edad, se le otorgó el beneficio de arresto domiciliario, el que cumple en su mansión del acomodado barrio de La Dehesa, en los contrafuertes cordilleranos de Santiago.
Según la resolución adoptada por el ministro Solís, que es titular de la Corte de Apelaciones de Santiago, la responsabilidad penal de Pinochet radica en que todos los afectados en el proceso fueron secuestrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y en el hecho que éste organismo dependía directamente de él. Entre las pruebas que sostienen ésta convicción inculpatoria, el juez cita las declaraciones del exdirector de la DINA, Manuel Contreras. Este afirmó que diariamente le informaba a Pinochet sobre las actividades de la DINA, “para lo cual concurría personalmente a buscarle a su domicilio y le trasladaba hasta el edificio Diego Portales (entonces sede de Gobierno). Tomábamos desayuno y manteníamos una conversación, cuya duración era promedio de una media hora a una hora y a veces mucho más”. Y agregó: “nunca tuve independencia y autonomía en mi actuar, lo que hizo la DINA fue conforme a las instrucciones impartidas por el general Augusto Pinochet”.
Solís sostiene en su fallo que la DINA fue una “organización criminal”, cuyo objetivo era “reprimir y eliminar”, de acuerdo a las órdenes emanadas por Pinochet, a “aquellos que consideraba enemigos políticos”. Y tiene la convicción de que esta agencia estatal ocupó la tortura “como una forma institucionalizada de interrogar”.

RELEVANCIA DEL FALLO
En entrevista con El Ciudadano, el reconocido magistrado comentó su fallo: “Es relevante por ser la primera vez que se procesa a un ex presidente de la república como es Augusto Pinochet, por un caso de torturas. Él antes tenía autos de procesamiento por secuestro calificado de personas. Pero en el caso de Villa Grimaldi lo tengo (procesado), además del secuestro de unas 25 personas (sic); por un homicidio calificado y por 23 actos de tortura contra detenidos”. Y añade con voz segura y profunda: “Es importante también porque, tratándose de delitos de lesa humanidad, la defensa no puede invocar ni la amnistía ni la prescripción”.
El procesamiento a Pinochet por Villa Grimaldi es grandemente deudor del derecho internacional humanitario: “Conviene recordar –dice el dictamen- que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado (en la sentencia del caso Barrios Altos, Marzo 2001) que ‘son inadmisibles las disposiciones de amnistía, (…) prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos; tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Cabe tener presente que en Chile no existía jurisprudencia respecto del delito de torturas. Y para lograr probar este ilícito en el caso Villa Grimaldi, Solís recurrió a declaraciones de afectados, careos, entrevistas a testigos y consultas a médicos legistas. Estos últimos aportaron importantes elementos de prueba, como la constatación de lesiones y la existencia de stress post traumáticos.
Por la causa Villa Grimaldi, además de Pinochet, se encuentran procesados los generales Manuel Contreras, Hernán Ramírez Hald y César Manríquez; los brigadieres Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani; los coroneles Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich; el capitán Manuel Carevic y el suboficial Basclay Zapata. Todos oficiales en retiro del Ejército.
Solís se muestra confiado en que su procesamiento será ratificado en instancias superiores: “Esta es una resolución de primera instancia susceptible, por lo tanto, de ser apelada y revisada por la Corte de Apelaciones o eventualmente por la Corte Suprema. Pero tengo la ventaja que yo tengo ingresado y cumpliendo condena a la cúpula de la DINA en el caso Miguel Sandoval (secuestrado y desaparecido en 1975), en el que se invocó ante la Corte Suprema la amnistía y la prescripción. Y, tanto yo, en mi fallo de primera instancia, como la Corte de Apelaciones en segunda instancia, y la Corte Suprema al conocer el recurso de casación, desecha(mos) la aplicación de la amnistía y la prescripción”. En dicha ocasión la Justicia chilena estimó que el secuestro es un delito permanente que se sigue cometiendo mientras no aparezca el cuerpo del ultrajado. Y que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, por lo que la aplicación de justicia sería ineludible.
En el proceso por la desaparición de Sandoval, Manuel Contreras cumple pena de doce años de prisión. Además de él, purgan culpas por este delito: Miguel Krassnoff (10 años), Marcelo Moren (11), Fernando Laureani (5) y Gerardo Godoy (5).

NO ESTÁ LOCO
El juez Solís, horas antes de emitir su procesamiento, desestimó sobreseer a Pinochet. Explicó las razones a El Ciudadano: “La defensa me pidió que lo sobreseyera por estimar que no estaba mentalmente en condiciones de afrontar un juicio. Y yo contesté en un documento de diez páginas (…) que en el episodio Colombo, por ejemplo, se le hicieron exámenes mentales y neurológicos y la mayoría de los peritos consideró que estaba apto para ejecutar un juicio. Y agregué que en las declaraciones de unas 20 ó 30 personas que lo
rodean, o sea la vía doméstica, (como) el secretario, el custodio y los guardias de su casa, todos manifiestan que lee cuatro diarios al día, lee revistas, va a comprar sus propios libros, hace gestiones bancarias, todo lo cual demostraba que no era una persona inhábil”. Solís continúa: “Agregué que cuando lo interrogué, le mencioné unas declaraciones de un teniente de carabineros (policía) que lo inculpa, al señalar que Pinochet le habría preguntado respecto del avance en la búsqueda de unas dirigentes de izquierda”
Y el dictador le contestó sobresaltado aludiendo al policía:
-¡Ese es un mentiroso! Y se lo dije en su cara.
-Usted está aludiendo a un careo que hubo en octubre del año pasado.
– Exactamente.- Afirmó Pinochet.
“O sea, se acordaba de lo sucedido un año atrás”, cuenta Solís. “Y después le digo: le voy a leer los dichos del obispo luterano Helmut Frenz…”, “¡Ahhh, Nooo! No me diga nada”, le interrumpió Pinochet. “O sea –dice Solís-, quiere decir que sabía de lo que le iba a hablar (…) Y resulta que me refería a una entrevista que ocurrió en 1974. Entonces es una persona que se domina en el tiempo y el espacio, por tanto, no puede considerarse que está enajenado mental en los términos que no puede seguir un proceso”, concluyó el ministro.
El 1º de julio de 2002, Pinochet fue sobreseído en el proceso “Caravana de la muerte”, por tener “demencia vascular moderada”, como expresó en su fallo la Corte Suprema. Pero tres años más tarde, el 16 de noviembre de 2005, es declarado mentalmente apto para enfrentar el juicio que se le sigue por los secuestros y homicidios realizados en el contexto de la Operación Colombo. Este fue un montaje que tuvo como propósito ocultar el secuestro y desaparición de 119 militantes de izquierda chilenos, cuyas muertes se intentó vincular con disputas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El proceso por los crímenes cometidos en Villa Grimaldi se está convirtiendo en la más importante causa de derechos humanos que se sustancia en Chile. En primer lugar porque se estima que, dada la celeridad y prolijidad con que actúa el ministro Solís y considerando lo avanzado de la causa y lo contundente de las pruebas inculpadoras , será el primer caso en que Pinochet será condenado. Diversas fuentes consultadas por El Ciudadano coinciden en estimar que la condena en primera instancia se produciría en los próximos cuatro meses. Y que la sentencia definitiva se realizaría en el curso del segundo semestre del próximo año. La defensa, encabezada por el abogado Pablo Rodríguez Grez, en la convicción que las razones procesales no están de su lado, está apelando a maniobras dilatorias, con el aparente objetivo de que la muerte del general llegue antes que su sentencia.

VILLA GRIMALDI: CENTRO DE TORTURAS
El procesamiento de Pinochet y de la cúpula de la DINA está poniendo en el centro de las miradas la temática de la tortura y lo ocurrido en los centros de detención. Esto, debido que diversas estimaciones señalan que al menos cien mil personas fueron martirizadas en la época dictatorial y que sus consecuencias perviven no sólo en los individuos afectados, sino en el conjunto de la nación. En la comentada resolución de Villa Grimaldi, el juez Solís -citando el Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura (Noviembre de 2004)- expresa: “Quienes estuvieron en Villa Grimaldi siempre estuvieron vendados y sometidos a interrogatorios y torturas (…) Sufrieron golpes de pies y puños, como también con objetos contundentes; aplicación de electricidad, en ocasiones utilizando “la parrilla” (…) consistente en una mesa metálica sobre la que se tumba a la víctima desnuda y atada por las extremidades y se le comienzan a aplicar descargas eléctricas en labios, genitales, heridas o prótesis metálicas; también se situaban a dos personas, parientes o amigos, en dos cajones metálicos superpuestos de modo que cuando se torturaba al de arriba el otro percibía el impacto sicológico (…); (los prisioneros) fueron incomunicados por largo tiempo, (se les realizó) simulacros de fusilamiento, ‘pau de arara’ (colgamiento de pies o manos), submarinos secos (cuasiasfixiamientos con bolsas), submarinos húmedos (sumergimientos de la cabeza en recipientes con excrementos)… vejaciones y violación sexual, en ocasiones con animales; extracción de las uñas, el “teléfono” (golpes repetidos con ambas manos sobre los oídos), amenazas y manipulación sicológica”.
Angela Jeria, declaró lo que sigue respecto de su estadía en Villa Grimaldi –donde estuvo con su hija la presidenta Michelle Bachelet: “Un día vi (a) unos veinte hombres, jóvenes y viejos. Los llevaban engrillados por los pies, sucios hasta el punto de que no se
sabía de qué color era la ropa. Quedaron de espaldas a mí y los amenazaban con las metralletas ‘¿Quieren pasar al water (baño)?’ les dijeron. ‘Bien, pero primero los vamos a entretener’. Los obligaron a ponerse en fila, de a tres o cuatro, y a que cada uno metiera el dedo en el ano del preso que tenía delante, mientras el de adelante masturbaba al que tenía a su espalda. Los hicieron bajarse los pantalones y los obligaron. ‘¡Más rápido!’, les gritaban, y se reían… Después los dejaron pasar al water y, de ahí, a recoger el plato de comida y un pan”, contó la señora Jeria.
Se estima que por Villa Grimaldi pasaron cinco mil personas. A 142 de ellas se les vio por última vez allí.
Las antiguas construcciones que constituían la Villa -algunas de las cuales fueron demolidas en las postrimerías de la dictadura-, fueron sede de importantes acontecimientos de la historia chilena. Allí se redactaron dos constituciones políticas decimonónicas a cargo de los juristas liberales Juan y Mariano Egaña. En las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo, el lugar fue un acogedor restaurante y centro de esparcimiento frecuentado por la intelectualidad de izquierda.
Hoy es un memorial de derechos humanos llamado Parque por la Paz Villa Grimaldi. Al abrir sus puertas puede divisarse la justicia.
Al cierre de esta edición, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió, de forma unánime, otorgar la libertad provisional al ex dictador, por el caso analizado en este reportaje.
El tribunal de alzada capitalino, que estuvo conformado por los ministros Jorge Dahm y Manuel Valderrama y el abogado integrante Luis Orlandini, estableció una fianza de $500.000 para que el ex uniformado acceda al beneficio.

Francisco Marín