Max Quitral y posición de gobierno chileno por Venezuela: «Avala a la derecha venezolana que permanentemente busca desestabilizar la democracia»

En los tres meses que precedieron la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro salió a las calles con una estrategia de movilización que buscaba presionar por el adelantamiento de las elecciones presidenciales, primero, y, luego, por la no realización de las votaciones de este 30 de julio.

Las movilizaciones que partieron masivas y pacíficas, devinieron en violencia y en el endurecimiento del discurso de la oposición respecto del gobierno chavista, terminando con el desconocimiento de los resultados de las votaciones, junto con el llamado a recrudecer las protestas en las calles. Esto ha elevado la tensión política y el aumento de los niveles de violencia.

En este marco es que el gobierno de Michelle Bachelet ha tomado posición respecto de este punto, avalando la tesis de la oposición venezolana y pasando al enfrentamiento con el gobierno caribeño. De esta forma, se une al coro conformado por Argentina, Brasil, Colombia, España y Estados Unidos que presionan internacionalmente a Venezuela.

En conversación con El Ciudadano, el analista internacional y académico de la Universidad de Chile, Max Quitral, sostiene sobre esta situación que “el gobierno chileno se limita a controlar las posibles críticas de la derecha chilena, sobre todo con un proceso electoral en ciernes”.

Al mismo tiempo, agrega que “siempre se ha tratado de vender una imagen de que las instituciones funcionan, de que estamos blindados frente a la corrupción, lo que es un discurso hacia afuera porque gran parte de la institucionalidad chilena está pasando por problemas de legitimidad”.

¿Cómo se puede entender la reacción del gobierno chileno de desconocer los resultados de la reciente elección en Venezuela? 

La verdad de las cosas es que a mí no me extraña mucho la posición del canciller (Heraldo) Muñoz y la presidenta Bachelet en este sentido, ya que se alinea con otras potencias internacionales como Estados Unidos, que vienen cuestionando los caminos que el presidente Maduro ha llevado adelante para darle estabilidad económica al país. La posición de Chile está alineada con la oposición venezolana, por lo tanto, no es de extrañar que el Canciller deba seguir con las críticas que el concierto internacional ha llevado adelante en contra de Maduro.

¿La posición chilena refuerza el posicionamiento ideológico que ha tomado el continente en los

Max Quitral

últimos años?

Hace mucho rato que hay una ofensiva conservadora en Latinoamérica que busca instalar gobiernos de derecha en el continente para tratar de borrar algunos procesos  de la izquierda latinoamericana. En ese escenario, Chile ha tomado una posición cercana a la de Estados Unidos, lo que a la larga responde a un hecho histórico. Yo agregaría que el Estado chileno se limita a controlar las posibles críticas de la derecha chilena, sobre todo con un proceso electoral en ciernes.

La vinculación del Estado chileno ha estado con la oposición venezolana, recordemos que en 2002 se reconoció como gobierno legítimo al golpista Pedro Carmona

Claro, y esto bajo el argumento del que llaman «respeto del orden democrático», lo que es bien curioso, porque en Venezuela se está haciendo una consulta a las bases y al pueblo venezolano respecto de que si quieren seguir con un proyecto político determinado. Llama la atención que el Estado chileno avale la posición de la derecha venezolana, que permanentemente busca desestabilizar la democracia.

Ahora, se da el caso que Chile -tanto la política como sus autoridades- están deslegitimadas, ya sea por sus actos o los bajos niveles de votación que tienen; cosa diferente a lo que pasa en Venezuela, donde los niveles de votación son mayores

Siempre se ha tratado de vender una imagen de que las instituciones funcionan, de que estamos blindados frente a la corrupción, lo que es un discurso hacia afuera, porque gran parte de la institucionalidad chilena está pasando por problemas de legitimidad. Varios elementos la han erosionado y eso afecta a la democracia. La clase política no lo quiere reconocer, ya que eso es una identidad cuestionada en la región.