Médico Javier Padilla: «Hemos visto cómo desde el año 2010 ha habido una infrafinanciación crónica del sistema sanitario [español]»

Los trabajadores sanitarios en España son considerados como héroes por enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Sin embargo, hay quienes piensan que más que aplausos y halagos, se merecen condiciones dignas de trabajo.

El Sistema Nacional de Salud español enfrenta un inmenso desafío: hacerle frente a la peor pandemia que haya vivido Europa y el mundo en los últimos 100 años. Médicos y enfermeras se mantienen en la primera línea de fuego para combatir a un enemigo invisible y poco conocido que ya se ha cobrado la vida de más de 9.000 personas y ha contagiado a otras 100.000.

Después de casi un mes de batalla, los trabajadores sanitarios confiesan estar desbordados, trabajando al límite, afectados psicológica y físicamente, y es que, de acuerdo a datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, del total de contagiados, un 13% son trabajadores sanitarios. A esta difícil realidad se suma la inestabilidad y precariedad laboral que enfrentan desde hace más de una década.

Cinco meses antes de explotar esta emergencia sanitaria en España, el médico de familia Javier Padilla alertaba en su libro ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitán Swing, 2019) que el Sistema Nacional de Salud arrastraba una «fatiga crónica».

Padilla explica el diagnóstico que hace del Sistema Nacional de Salud de su país y el tratamiento que le recetaría.

«¿A quién vamos a dejar morir?», es el título de su más reciente libro, publicado apenas cinco meses antes de llegar el coronavirus a España. Ese título pareciera premonitorio porque muchos médicos que ahora están en la primera línea de combate, lamentablemente, deben decidir a quién poner el respirador, a quién priorizar. ¿Por qué tituló su libro así?

—El título del libro, en principio, hace referencia a cómo todas las políticas que se llevan a cabo, no solo las políticas en materia sanitaria, sino en materia de empleo, educación, igualdad y renta acaban influyendo en la vida de las personas.

Lo que ocurre es que con la llegada del COVID-19 y el aumento repentino de la demanda de servicios sanitarios y la incapacidad de los servicios de salud de dar respuestas a este aumento de demanda, nos hemos encontrado con una situación en la que la frase cobra una nueva dimensión y se dirige más hacia esa pregunta de ¿vamos a tener que llevar a cabo elecciones de priorización y racionamiento de recursos de forma que haya gente que se quede fuera? Ese significado dual del título, desde luego que ahora queda muy patente, porque se representa no solo a la hora de ver cómo se tienen que priorizar los recursos o respiradores en las Unidades de Cuidados Intensivos, sino que también se ve a quién vamos a dejar morir cuando vemos sobre dónde se están poniendo las atenciones. Por ejemplo, vemos cómo las personas mayores en las residencias de ancianos están muriendo por una falta de asistencia total y absoluta cuando eso también es una decisión política, por decirlo de alguna forma, y una decisión de priorización de recursos. 

¿Estaba el Sistema Nacional de Salud español preparado para enfrentar una pandemia de esta magnitud? ¿Era previsible su colapso en una situación así?

—Ningún sistema sanitario estaba preparado para esto, ninguno. Los únicos que tenían una mayor capacidad de respuesta, como se ha visto, eran los países que ya habían sufrido situaciones parecidas con el MERS o con el SARS, que eran los países del este de Asia. Ahora bien, una cosa es que ningún sistema estuviera preparado y otra es que el sistema de salud en España podría estar mejor preparado.

Nosotros hemos visto cómo desde el año 2010, desde el inicio de la crisis económica, ha habido una infrafinanciación crónica del sistema sanitario y sobre todo una pérdida de capacidad para hacerle frente a cualquier imprevisto. Nos encontramos con que antes teníamos un sistema que cada vez se veía más fortalecido, pero a partir del año 2010 cambió la tendencia. A partir de ahí disminuyó el gasto sanitario, el número de profesionales y se adelgazaron aquellas partes fundamentales a la hora de predecir, prever, controlar y diagnosticar una situación epidémica. Entonces, lo que sí podemos afirmar es que el sistema sanitario español está ahora menos preparado para una situación como esta de lo que estaba hace 10 años.

En esta crisis sanitaria aflora también el debate político-ideológico. El Partido Popular acusa al Gobierno Nacional de mala gestión y desde partidos de izquierda denuncian al PP por haber dejado una pesada herencia ¿Quién tiene la razón?

—A nivel estatal, durante la gestión del PP se produjo una caída del 20% en lo sanitario, y esos son datos que están en la estadística de gasto sanitario público. Sí que es cierto que se puede jugar viendo cuándo pone uno el límite de la fecha. La caída fue generalizada desde 2010. En el año 2011 hubo el cambio de Gobierno, dejó de gobernar Rodríguez Zapatero, y pasó al de Mariano Rajoy. Entonces, la defensa de ausencia de recortes solo se puede hacer intentando trastocar cuáles son los años para ver si de alguna manera nos cuadran mejor de forma artificial.

Durante la época de la crisis ocurrió lo que ocurrió, pero no solo eso, sino que además, el Partido Popular ha defendido durante muchos años que el gasto sanitario tenía que ser muy contenido y la disminución de los impuestos, que es la forma más fundamental de la financiación del gasto sanitario público en España.

Pero, además, los recortes presupuestarios no han sido el único problema, también la forma cómo se distribuyen los presupuestos, en cómo se incrementó el gasto en lo privado y se disminuyó la inversión en recursos humanos. Los datos son los que son.

Sin embargo, el PP se defiende, pone como ejemplo a la Comunidad de Madrid y recuerda que fueron ellos quienes abrieron siete hospitales, los que hoy están atendiendo a víctimas del COVID-19.

—Sí, en Madrid se abrieron siete hospitales, pero el número de camas que tenía la población seguía siendo el mismo ¿por qué? porque optaron por un modelo de colaboración público-privada que básicamente se fundamentaba en hipotecar al sistema público.

Para no incurrir en un incremento del déficit, la pública contrataba con la privada. Acordaron que la privada construía el hospital y luego lo gestionaba durante 20 o 30 años. En cambio la pública le daba a la privada un dinero cada mes por paciente que estuviera dentro de su jurisdicción. De ese modo lo público pretendía aumentar el número de infraestructuras sin aumentar el déficit, que era una imposición que desde la Unión Europea llegaba. Entonces, el problema es que en Madrid no se aumentó el número de camas. Se ha visto que en hospitales, como en el Infanta Sofía, hay alas completas que llevan cerradas desde hace una década porque no se hizo una inversión para que el aumento de infraestructura redundara en un aumento de la capacidad real de dar respuesta.

¿Y por qué pasó con los centros sanitarios de colaboración público-privada?

—Lo que ocurrió es que los centros del llamado modelo hipoteca se beneficiaron del blindaje de financiación del sistema a 20 años. Ese modo de financiación establecía incrementar anualmente el IPC, la variación interanual, más dos puntos. De forma que cada año lo que se paga a ese centro tiene que aumentarse el IPC más dos puntos. ¿Qué ocurrió? que cuando llegó el 2010, con la caída del gasto presupuestario sanitario y la necesidad de realizar recortes, los centros públicos tuvieron que asumir los recortes que les tocaba, pero también los recortes que le tocaban a los centros privados, porque los de gestión privada no se podían recortar porque por contrato estaba blindado su modelo de financiación. De tal forma que la implementación de este tipo de centros de gestión privada ha supuesto, al fin y al cabo, un debilitamiento en la financiación de centros de gestión pública.

¿Qué papel están jugando las clínicas privadas en esta emergencia sanitaria?

—En teoría, al día de hoy, están puestas al mando de ministerio de Sanidad, lo que pasa es que parece ser que el nivel de ocupación en las privadas no está siendo el mismo que en la pública. Sí que es cierto que ahora mismo la mayor necesidad se encuentra en el número de respiradores y en el número de personas que manejan los respiradores.

Estamos hablando que ahora mismo las necesidades son de un alto nivel de complejidad técnica y la sanidad privada en España no responde a altos niveles de complejidad y tecnificación. La principal tarea de la sanidad privada en España es de complemento de patologías menos graves y para gente de clase alta. Entonces, la capacidad que tiene para ayudar es limitada, aunque nada desdeñable y me parece muy bien que el ministerio Sanidad tomara las riendas y pusiera los recursos de la privada al servicio de la pública, pero ahora mismo es limitada.

¿Cómo se entiende que en medio de esta emergencia sanitaria sin precedentes algunas clínicas privadas hayan reducido sus plantillas, hayan pedido a su personal pedir vacaciones no pagadas o incluso algunas de ellas hayan dicho que cerrarían?

—Esto solo se entiende pensando en que los servicios sanitarios privados no son lugares que velen por el bien común, sino que velan por sus intereses, por la cuenta de resultados de los accionistas que lo sostienen. No podemos esperar de la sanidad privada ningún tipo de sacrificio voluntario para mejorar la salud colectiva, por más que estemos en una situación de pandemia.

En su libro, usted cita los ejemplos del Reino Unido, Italia y España para hablar de desmantelamiento del Estado ¿Qué similitudes encuentra ahora entre estos tres países seriamente golpeados por el COVID-19?

—Reino Unido, Italia y España son tres países que tienen una tradición que han basado su sistema de protección social en la universalidad. Es por eso que el mayor riesgo al que se han enfrentado estos sistemas a la hora de sobrellevar la crisis económica ha sido perder el concepto de universalidad.

Ese es el verdadero riesgo de desmantelamiento que tienen este tipo de sistemas, más allá de desaparecer, su verdadero riesgo es dejar de ofrecer una cobertura a toda la población. El lugar más dramático lo podemos observar en el Reino Unido porque siempre ha sido el espejo en el que todos nos mirábamos. Cuando se creó el National Health Service, se vio como ejemplar porque era un modelo sanitario basado en la atención primaria con unos niveles de efectividad altamente elevados y con unos niveles eficiencia y control del gasto muy llamativos, además, de forma equitativa. Sin embargo, los recortes a los que se ha visto sometido en la última década ha hecho que sea ahora incapaz de gestionar una situación como la actual.

¿Y en Italia? 

—En Italia el proceso de privatización ha sido más llamativo, especialmente en las regiones del norte del país, especialmente en los años pre-crisis.

Eso habrá que analizar posteriormente cómo se relacionan el incremento de privatización de centros sanitarios con la capacidad de ahora dar respuesta a una emergencia como la del Covid-19 y la tasa de mortalidad que se ha registrado en esas zonas del norte, justo donde la privatización había atacado de una forma más llamativa. Eso habrá que estudiarlo luego con números para que no sea solo una percepción, sino para ver si existe una correlación al respecto. 

Muchas veces se ha denunciado que gran parte de los médicos españoles trabaja con contratos temporales ¿cuál es la realidad de los sanitarios hoy día?

—La temporalidad es uno de los problemas más graves en el sistema sanitario de España. Estamos hablando de contratos temporales entre los médicos en un 40% y muy superior en el ámbito de la enfermería. Así no se puede llevar a cabo ningún tipo de planificación ni de práctica sanitaria de calidad.

Nos encontramos con unos profesionales con contratos mensuales, cada dos meses, por días sueltos. En estos días nos encontramos con médicos que, hasta este 31 de marzo, terminaban sus contratos y no sabían si les contratarían de nuevo o no. Estamos hablando de gente que está trabajando días gratis, está haciendo horas extras, está en una situación de tremendo estrés y de tremenda presión física, psíquica y emocional, y que además, no tiene estabilidad laboral, sin saber si mañana tendrá un contrato de trabajo.

Usted recuerda en la primera parte de su libro que en 2012 muchos balcones de Madrid lucían sábanas blancas como forma de manifestar su defensa a la sanidad pública porque unos meses antes el Gobierno del Partido Popular manifestó su intención de otorgar la gestión de seis hospitales a empresas privadas. Hoy, los balcones vuelven a ser protagonistas y a diario se aplaude la labor de los sanitarios ¿Bastarán estas manifestaciones para saldar la deuda con el Sistema Nacional de Salud y sus trabajadores?

—Yo creo que las manifestaciones de los balcones son el reflejo de que hay una mayoría social que considera que la sanidad pública de la colectividad es uno de los mayores beneficios que podemos darnos entre todos y todas. Pero, esto no vale solo con los aplausos. Esto tiene que ser convertido. Vaticino que cuando esto termine va a abrirse un período de conflictividad laboral entre las instituciones y los trabajadores sanitarios.

Yo creo que se está exprimiendo mucho a los sanitarios, con unas condiciones bastante lamentables a nivel de protección y seguridad a la hora de llevar a cabo su trabajo, y cuando esto pase se iniciará esa etapa d conflictividad. Ahí, seguramente se busque que esos aplausos se traduzcan en un apoyo a quienes están pidiendo que el sistema público de salud tenga un refuerzo y una mejoría. Yo espero que se logre hacer un clic de conversión entre los aplausos a movilizaciones masivas.

Cortesía de Karen Méndez Loffredo Sputnik