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Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular:“Llevamos casi 3 mil detenciones ilegales”


Carolina Angulo sufrió el lunes un paro cardiorrespiratorio luego de recibir agua y gases lacrimógenos de carabineros en Valdivia. Si no fuera por el auxilio de su compañero, el bombero Marcos Cañuñil, la historia podría haber tenido un peor final. Hoy Carolina está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según acusan testigos y el padre de Carolina, Francisco Angulo, Fuerzas Especiales en vez de ayudarle en el episodio crítico, la atacaron cuando ella estaba en el suelo.

La historia de maltratos y detenciones se repite a diario en las movilizaciones estudiantiles de estos días. A un alumno de la Universidad de Chile carabineros le sacó con un alicate los piercing que tenía en el rostro arriba de una camioneta policial; otro grupo de escolares con no más de 14 años fueron obligados a estar de pie por 5 horas bajo la lluvia en el patio de una comisaría de Ñuñoa. Para hacer frente a estas prácticas que cada vez se repiten más, el abogado Rodrigo Román junto a otros 12 abogados y un grupo de estudiantes de derecho de las universidades de Chile, ARCIS y Bolivariana formaron una defensoría popular que pondrá atención a lo que se está convirtiendo en algo cotidiano.

Rodrigo lleva la primera querella presentada por el Colegio de Profesores Metropolitano, la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (AMDEPA) por violencia policial. La acción ya fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Otra querella similar fue presentada en San Antonio por la Confederación de Pescadores Artesanales, .

¿Por qué nace esta Defensoría Popular?

– Por la necesidad de los movimientos sociales de tener una adecuada defensa de la brutalidad policial que vemos por estos días y la persecución penal por parte del Estado, expresada a través del Ministerio Público. Hemos acompañado en el último tiempo a distintos actores sociales como los deudores habitacionales, los mapuche y ahora último a los estudiantes. La asistencia jurídica la haremos tanto en la comisaría como ante el Ministerio Público. Los luchadores sociales con la protesta social no hacen más que ejercer en forma libre los derechos garantizados en la constitución, como son el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de tránsito y de presentar peticiones a la autoridad.

Las últimas marchas que han querido realizar los estudiantes en Santiago no han sido autorizadas por la Intendencia ¿Tiene potestad tiene la autoridad a impedir la libre expresión?

– Es algo que queremos desentrañar a la brevedad posible. Existe el Decreto Supremo 1086 que regula las reuniones públicas. Este decreto trata en específico la garantía constitucional establecida en el Artículo 19, Número 13. Allí se señala que la constitución garantiza a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. En 1983, plena dictadura, se crea este decreto supremo que hoy está ocupando al pie de la letra el gobierno de Bachelet, que exige la obligatoriedad de pedir permiso a la Intendencia para manifestarse. Pide definir ante ella quienes van a marchar, cuántos, por dónde, quién va a hablar y qué va a decir. Es un decreto digno de una sociedad orweliana de control. Creo que es inconstitucional.

Ha ocurrido no pocas veces que cuando se ha querido marchar por la Alameda y la Intendencia ha negado el permiso, los manifestantes han querido pasar por la vereda y los carabineros han impedido el paso ¿es eso legítimo?

– Se está violando allí la libertad de tránsito, porque cualquier persona se puede desplazar libremente por el territorio de la República. Este decreto supremo es abiertamente inconstitucional. Es un primer escollo que los movimientos sociales necesitamos urgente resolver. Lo paradójico es que una norma del Código Penal, el Artículo 158 Nº 3, tipifica la “prohibición o la negación de una reunión o manifestación pacífica…” y que justamente lo cometen los funcionarios públicos.

ORDEN PÚBLICO

Los funcionarios de gobierno argumentan para suspender estos derechos la violación del ‘orden público’. Tal concepto parece ser la argumentación final de cualquier abuso de poder y justifica muchas intervenciones.

– El concepto de ‘orden público’ no está conceptualizado como tal en ningún cuerpo legal. Es un concepto antojadizo regulado por los que se definen como autoridad. En el Código Penal se establece el delito de desórdenes públicos graves en el Artículo 269. Dice que ‘el que turbare gravemente la tranquilidad pública con el propósito de cuasar injuria o cualquier otro mal a persona particular será condenado a..’ y establece determinada pena De partida, los luchadores sociales no tiene el propósito de causar injurias o ningún otro mal, sino que ejercen de forma libre los derechos garantizados en la constitución. Esta pretensión de imputar el orden público como constitutivo de delito la hemos derrotado cada vez que lo ha intentado hacer el Ministerio Público.

En el Congreso existe un proyecto de ley que sube el castigo a quienes insulten o agredan a alguna autoridad. Bajo tal cuerpo legal esa señora que le dijo a Bachelet que se corriera para que pudiese trabajar la retroexcavadora luego de un derrumbe en Concepción podría ser procesada ¿No asistimos con esto a un blindaje de los administradores del modelo económico en momentos en que cada vez hay más disenso ciudadano?

– Sin  duda que asistimos a la criminalización de la protesta social, expresado en la Ley de control de armas y explosivos 17.798, o en la agenda corta antidelincuencia que reformó el Código Procesal Penal para ampliar las facultades de la policía y del Ministerio Público. Es una respuesta desesperada de los gobernantes que ven como a lo largo del territorio hay más explosiones sociales respecto al estado de cosas. Si históricamente en las sociedades civilizadas la protesta social es el arma de los débiles para manifestar sus intereses.

Esto también se apoya en la mediación que hacen los medios de comunicación a la hora de cubrir las noticias de protestas sociales que terminan por configurar un guión propicio para ampliar los límites de la intervención policial.

– Sin duda. Me atrevería a decir que hay una colusión de los medios, los poderosos y el gobierno para criminalizar las prácticas sociales de protesta. Invito a leer el Informe de Amnistía 2008, en donde la organización hace ver su preocupación porque en Chile asistimos a una brutalidad policial cada vez mayor. Acá se debe entender que las policías no tiene derecho a pegarle un palo en la cabeza a nadie, ni someter a vejaciones a los detenidos. Esas son prácticas que creíamos superadas en la historia, porque lisa y llanamente es tortura.

QUERELLA CONTRA CARABINEROS

Ustedes interpusieron una querella contra carabineros por los abusos cometidos durante las últimas jornadas de movilización de los estudiantes. Nos puedes dar detalles de la presentación.

– El 10 de Junio interpusimos una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía por los delitos de detención ilegal, lesiones, abuso contra particulares, apremios ilegítimos e impedir el ejercicio de ciertos derechos garantizados en la constitución. Dirigimos la querella contra el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma; el subsecretario, Felipe Harboe; y el intendente de Santiago, Álvaro Erazo, porque el diseño de represión es mandatado por ellos. Si no fuera así, tendríamos que suponer que las policías se mandan solas y eso no creo que ocurra, porque según la ley las policías son obedientes, disciplinadas y no beligerantes. También va dirigida contra los actores materiales de estas detenciones ilegales, que son la policía y los fiscales del Ministerio Público.

¿Por qué justo ahora la querella?

– Porque han ocurrido miles de detenciones ilegales en los últimos días, particularmente en las movilizaciones estudiantiles. En las marchas y desalojos ha habido harta violencia de parte de la policía. A los chicos los desalojan de las escuelas y el Ministerio Público les imputa el delito de usurpación, que es una figura como el robo respecto de los bienes inmuebles. O sea, se acusa a los estudiantes que se están robando los colegios, con ánimo de señor y dueño respecto de los establecimientos educacionales. Eso es exagerado. Incluso hay instructivos de los sostenedores circulando para responder a estas acciones de los estudiantes. Han ocurrido en las últimas semanas casi 3 mil detenciones ilegales y los chicos acusan que en muchas de ellas han sido apremiados ilegítimamente, han sido vejados injustamente, lo que configura el delito de torturas contra particulares.

¿Hay algún caso que pueda señalar que de cuenta de la brutalidad empleada por la policía?

– Las detenciones ocurrida en el Colegio Barros Borgoña y el Benjamín Vicuña Mackenna de La Florida han sido ilegales. Se les ha imputado el delito de usurpación a los chicos, luego de ser vejados al interior de las comisarías. El 7 de junio un estudiante de la Universidad de Chile fue detenido ilegítimamente a la salida de Liceo Javiera Carrera, fue subido a un carro policial y al interior de éste les sacaron los piercing con alicates los carabineros. Eso es tortura, es un crimen internacional.

¿Están abiertos a futuras denuncias?

– La defensoría popular quiere ampliar la querella, que ya fue admitida, a todo lo ocurrido desde la primera semana de junio a la fecha. Han detenido chicos enfermos y viejos asmáticos, se ha lesionado a menores de edad. Invitamos a todos quienes hayan sido víctimas de este tipo de apremios a sumarse a esta querella.

ANTE AMENAZA DE DETENCIÓN

¿Qué argumentos confiere la ley al policía para poder detener a alguien?

– Que sea un delito flagrante o por un orden judicial. No existe otro motivo por el cual se pueda detener a alguien. Ni por estar en la calle, ni por andar vestido de escolar, ni por nada más.

Pero ocurre que muchas veces se ha detenido a estudiantes por el simple hecho de estar parados afuera de sus colegios ¿es legal ese tipo de detenciones?

– Podemos recomendar a la gente que sufra eso que tienen derecho a guardar silencio, es decir, no están obligados a hablar ni con la policía ni con los fiscales. Luego acudir a una institución como la nuestra para procurar defensa. Pese a que muchos prefieren olvidar el mal rato, todos esos delitos por parte de la policía deben ser denunciados y perseguidos.

¿Qué acciones en concreto está preparando la Defensoría Popular?

– Estamos preparando junto a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile un manual antirepresivo, en el que se detalla cual es la actitud que se debe tener frente a las policías y los fiscales. Pronto estará disponible en la web.


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