La mayoría de los funcionarios fueron cargos políticos

Más de 250 trabajadores catalanes despedidos por el Gobierno español

Las áreas más afectadas fueron las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, el Consejo de Diplomacia Pública y el Departamento de Economía y Hacienda. La presidenta de ServidorsCAT, Yolanda Hernández, denunció que muchos trabajadores se autocensuraron por temor a represalias, y que el Estado español vetó la selección de personal

Por Nelytza Lara

18/05/2018

Publicado en

Cataluña Libre / Política

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trabajadores

El Gobierno español despidió al menos a 259 trabajadores de la administración catalana desde su intervención el 27 de octubre de 2017, inmediatamente después de la proclamación de independencia del Parlamento de Cataluña.

La mayoría de los funcionarios destituidos fueron cargos políticos, informa este viernes la cadena de radio RAC1 citando un informe de la organización ServidorsCAT al que tuvo acceso el medio.

Las áreas más afectadas fueron las delegaciones de la Generalitat (Gobierno catalán) en el extranjero, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y el Departamento de Economía y Hacienda.

ServidorsCAT entregará el informe al presidente catalán, Quim Torra, quien en su discurso durante el debate de investidura planteó la creación de una comisión para cuantificar las consecuencias económicas de la intervención de la administración catalana.

La presidenta de ServidorsCAT, Yolanda Hernández, denunció a RAC1 que muchos trabajadores se autocensuraran por temor a represalias, y que el Estado español vetó la selección de personal para cubrir vacantes o reforzar áreas.

También lamentó que Madrid no les haya proporcionado acceso a información pública para elaborar su informe, realizado a partir de fuentes internas, material público e informaciones aparecidas en los medios.

Hernández también criticó que la intervención de la administración catalana supuso la paralización de unas 70 iniciativas legislativas, entre ellas algunas de marcado carácter social, como la propuesta de ley sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, la de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda o contra la violencia doméstica. (Sputnik)

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