Parlamentarios de oposición exigen oficialmente a Piñera remoción de general director de Carabineros

La mañana de este lunes un grupo de parlamentarios de la oposición encabezados por el independiente Raúl Soto (ex DC), entregaron una carta en La Moneda dirigida al Presidente Sebastián Piñera en la que solicitan la remoción del general director de Carabineros, Mario Rozas. Esto, por su responsabilidad en la violencia ejercida en contra de la población en el contexto de las protestas que esta jornada cumplen un mes.

Además, de ello, piden establecer responsabilidades políticas por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado. 

En la misiva, a la que adhieren también parlamentarios de la bancada PPD y los diputados Jorge Brito (RD), Maite Orsini (RD), Alexis Sepúlveda (PR) y Víctor Torres (DC), se señala que a partir del 18 de octubre pasado, «diversos hechos han puesto en tela de juicio el actuar de la policía uniformada en relación con los medios empleados para ‘restablecer el orden público'».

En ese sentido, se cita un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del pasado viernes que consigna 2.381 personas heridas, de las cuales 271 registran traumas oculares, cifra que diferentes organizaciones del área de la salud han reconocido como mundialmente inéditas. Asimismo, dicho organismo ha presentado 346 querellas, de las cuales 246 han sido por torturas y tratos crueles.

Los parlamentarios postulan en la misiva que «es deber de las autoridades de gobierno interior adoptar las medidas necesarias para compatibilizar el ejercicio del derecho de manifestarse, consustancial al régimen democrático, con la necesidad de asegurar los derechos de quienes no participan de la manifestación. Sin embargo, lo que hemos visto, y así lo han recogido también misiones de observadores internacionales, es que en Chile no existe cautela del derecho de reunión, sino una actitud predispuesta a la represión de la protesta social a partir de un empleo indiscriminado de la fuerza, sin distinción entre manifestantes pacíficos y el delito que puede infiltrarse entre las multitudes».

Añaden en ese contexto que «la policía uniformada ha sido ineficaz, tanto para cautelar el ejercicio del derecho de reunión, como para identificar y aislar adecuadamente a quienes cometen actos delictuales». «Esto se no se trata de protocolos más o protocolos menos, es una situación límite que pone en duda el aprendizaje de nuestro sistema institucional y su capacidad para promover y proteger los derechos humanos de los habitantes de la República», suman.

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Raúl Soto junto a Jorge Brito

Los congresistas plantean que «las fuerzas de orden, principalmente Carabineros de Chile, han mostrado al país y al mundo una imagen que creíamos superada en nuestra sociedad» e interpelan al Gobierno a no «desentenderse de esta realidad y actuar como si la ciudadanía no estuviera al tanto de estos graves atropellos a la dignidad humana».

Por otra parte, sostienen que las acciones vividas por estos días «podrán poner en riesgo cierto la responsabilidad internacional del Estado de Chile».

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Es en razón de lo expuesto que piden entonces la remoción del general Mario Rozas «por su responsabilidad de mando en el actuar desmedido de la fuerza policial a su cargo», el que -apuntan- «compromete gravemente la responsabilidad política de las autoridades de gobierno».

«Hablamos de vidas humanas, de personas que quedarán marcadas por la violencia estatal, de compatriotas que salen a ejercer su derecho a manifestarse sin saber si volverán a sus casas a salvo, no por la acción de civiles, sino por el peligro que hoy representa el actuar de quienes están mandatados para dar eficacia al Derecho», cierran los parlamentarios en la carta.

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