Sergio Grez, historiador: «Esta vez el poder se siente realmente amenazado»

Por Daniel Labbé Yáñez

¿Cómo se explica lo que está ocurriendo a partir del viernes 18 de octubre? ¿Qué factores son los que a su juicio llevaron a ello?

El estallido social de octubre de 2019 quedará en la Historia como uno de los mayores ocurridos en Chile, comparable únicamente con la primera huelga general que se produjo en julio de 1890 en las provincias salitreras de Tarapacá y Antofagasta, además de Valparaíso y Viña del Mar, con algunas repercusiones menores en otros puntos del país. No obstante, observamos que en aquella ocasión solo una pequeña parte del territorio nacional fue afectada por dicho movimiento, a diferencia del actual que abarca prácticamente a todo el país. Y si bien durante las jornadas del 2 y 3 de abril de 1957 la violencia fue mayor que ahora, puesto que decenas de personas fueron ultimadas por la policía y el Ejército, dicho levantamiento popular tampoco se extendió al resto del país.

La espontánea revuelta popular en curso responde a causas profundas, estructurales. Se trata de un descontento sordo, acumulado a lo largo de más de cuatro décadas de aplicación a rajatabla del modelo neoliberal más extremista del planeta, descontento que aún no logra tener proyección política. La nuestra ha sido una larga época de atropellos, violación sistemática de derechos esenciales de la mayoría de la población, represión brutal durante y después de la dictadura, latrocinios de todo tipo de grandes empresarios y de políticos profesionales, destrucción de la naturaleza, avasallamiento de los pueblos originarios, entrega del país a las transnacionales y negación de la soberanía popular.

La protesta por el alza del transporte público a través de evasiones masivas del pago del pasaje en el Metro de Santiago, iniciada por los estudiantes del Instituto Nacional, prendió como reguero de pólvora, sumándose rápidamente otros liceos y numerosas personas de distintas edades y condiciones sociales. Rápidamente, el rechazo del alza de la tarifa del transporte público se transformó en una protesta global contra la profunda desigualdad social, los salarios y pensiones miserables, los malos servicios de transporte, educación y salud a los que tiene acceso la mayoría de la población, los aumentos de tarifas de servicios esenciales, la colusión de empresarios para subir artificialmente los precios, el endeudamiento a tasas usureras inducido por instituciones financieras y comerciales, las violencias y los abusos policiales, el desparpajo, la corrupción y privilegios de políticos profesionales, militares y policías, además de un sinfín de males sociales que aquejan a la mayoría del país.

Lo que está ocurriendo es el resultado de una larga acumulación, a lo que se sumó el torpe y prepotente manejo del gobierno de Piñera, imbuido de la tradicional y despreciativa actitud patronal en el trato a las clases populares. Las condiciones estaban listas, una sola chispa podía incendiar toda la pradera. Fue exactamente lo que sucedió.

¿Por qué cree que un fenómeno así, que comienza por algo puntal en Santiago, pero se expande a regiones, no se había dado antes durante la democracia con otras demandas, como por ejemplo el fin de las AFP?  

Porque todo tiene su tiempo. Para que se produjera una explosión de estas características era necesaria una gran acumulación de dolencias, de pérdida de expectativas y de ilusiones, además de una coyuntura favorable, que en este caso ha sido, paradojalmente, la anomia política en que se encuentra gran parte de la población, especialmente los sectores populares. La carencia de sólidos lazos con las instituciones que tradicionalmente habían oficiado de intermediarios entre la ciudadanía y la institucionalidad estatal (los partidos políticos), redundó en un accionar más autónomo y espontáneo de estudiantes a los que, prontamente, se unieron trabajadores, pobladores y una gran variedad de “ciudadanos de a pie”, que convocados por las redes sociales -sin tutores ni auspiciadores- expresaron su indignación recurriendo a viejos y nuevos repertorios de lucha, destacando entre estos últimos la evasión masiva del pago de la entrada al Metro, alentado por grupos organizados que mantuvieron durante varios días una agitación en las principales estaciones de este servicio.

El efecto dominó en la población santiaguina, primero, y en la del resto del país, enseguida, desconcertó a las autoridades y fuerzas represivas que tuvieron que acudir simultáneamente a decenas de lugares distintos, mostrando su incapacidad en aplastar estos actos de rebeldía. Ya no se trataba de inocuas, rutinarias y desgastadas marchas, sino de un repertorio de lucha descentralizado que mostró su eficiencia al crear una sensación de debilidad del poder. El rey estaba desnudo. El ejemplo cundió en la población, transformándose en una espontánea revuelta social que, a partir del viernes 18 de octubre, sumó otros repertorios que incluyeron manifestaciones callejeras descentralizadas, “cacerolazos”, ataques y saqueos a las estaciones del Metro, autobuses y otros blancos altamente simbólicos, como bancos, farmacias, supermercados, locales de Isapres y AFPs. El anuncio gubernamental de declaración de estado de emergencia y la decisión de sacar a los militares a la calle fue el encendedor que hizo explotar el material altamente inflamable de los padecimientos, frustraciones y resentimiento de grandes sectores de la población.

Por sus características de espontaneidad y descentralización, este movimiento es mucho más difícil de contener que el movimiento estudiantil de 2011-2012 o el movimiento No+AFP. Este último, por ejemplo, si bien ha logrado instalar su demanda en vastos sectores de la población mediante respetuosas peticiones, propuestas de reforma, diálogo con autoridades, plebiscitos y pacíficas marchas familiares, no ha podido, al cabo de años de movilizaciones, arrancar concesiones significativas a los gobiernos de variado signo que se han manifestado intratables esperando su desgaste. Esta vez, en cambio, el poder se siente realmente amenazado.

Hay un sector de la sociedad que, si bien apoya las manifestaciones, rechaza las acciones de violencia. ¿Es posible dar una explicación más profunda a estos hechos, distinta a la criminalización que realiza la prensa tradicional?

Los hechos de violencia que involucran a una pequeña parte de quienes están saliendo a manifestar contra este sistema, se explican por la rabia acumulada durante décadas, por el provocador manejo del Gobierno y por la brutal represión de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se trata de violencia social que suele estar presente en ciertos movimientos de protesta, como lo demuestra la experiencia nacional e internacional.

En todo caso, la violencia popular no puede compararse a la del Estado y sus aparatos armados. La del pueblo es, por ahora, una violencia de baja intensidad, de personas desarmadas que, con gran valentía se están enfrentando a miles de uniformados armados, reforzados por tanques, tanquetas y helicópteros fuertemente artillados. Como suele ocurrir, los muertos y heridos los ha colocado el pueblo, lo que es un indicio claro de la disparidad en el ejercicio de la violencia. Además, los blancos de la violencia popular son, de preferencia, bienes materiales, y los ataques a los uniformados han sido, en la mayoría aplastante de los casos, el resultado de acciones de autodefensa ante las agresiones militares y policiales. Los abundantes videos que circulan en las redes sociales son prueba palpable de esto.

¿En qué posición queda la clase política luego de que haya sido gracias a protestas como las que hemos visto que el Presidente se ve obligado a echar pie atrás en una decisión como la del alza del pasaje del Metro, y no por la intervención de quienes tienen en teoría el deber de representarnos?

La casta política vive en otro mundo, un mundo muy diferente al de la inmensa mayoría de la población. Por sus altos ingresos, sus privilegiadas condiciones de vida, la sensación de impunidad, su compromiso con la administración del modelo económico neoliberal y sus múltiples vínculos con el gran empresariado que financia de manera transversal e ilegal sus campañas electorales (cuando no también el funcionamiento regular de sus partidos), está muy lejos de poder entender a cabalidad el malestar social y hacerse intérprete fiel de las demandas populares. Fue tomada de sorpresa y su reacción ha sido, por regla general, bastante torpe.

La derecha tradicional ha cerrado filas en torno al Gobierno en base al discurso del miedo y de condena de los saqueos y de la violencia popular. El otro actor del duopolio que se ha alternado en el poder durante los últimos treinta años, la así llamada “oposición”, especialmente la de vieja cepa concertacionista, ha insinuado leves críticas al Gobierno, aunque en algunos casos apoyando la política de “mano dura”, como lo han hecho personajes como José Miguel Insulza. Algunos opositores, algo más “radicales”, están intentando obtener futuros dividendos electorales mediante la formulación de críticas más severas, llegando hasta reactivar de manera artificial la exigencia de una Asamblea Constituyente, luego de haber anulado la posibilidad de hacerla realidad mediante su apoyo al anodino show constituyente impulsado por el segundo gobierno de Bachelet. La verdad, sea dicha, estas maniobras de salón no tienen relación alguna con lo que está pasando en las calles, son una muestra más del profundo divorcio del personal político institucionalizado con el país real. De esta manera, siguen acumulando material altamente inflamable para futuros estallidos.

Entrevista publicada en la edición n° 237 de la revista El Ciudadano, octubre-noviembre 2019