Acuerdo SQM-Codelco: Directorio de la estatal deberá responder con su patrimonio si el pacto es perjudicial para Chile

El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en los estatutos de la empresa. De acuerdo al Artículo 49 de la Ley N° 19.705, Orgánica Constitucional de Codelco.

El Ciudadano

23/10/2025 11:30am

La recientemente aprobada alianza entre Codelco y SQM para explotar litio hasta 2060 no solo marca un hito en la industria minera, sino que también activa un mecanismo legal de alta responsabilidad para los nueve miembros del directorio de la corporación estatal. De probarse que el acuerdo ha genera daños económicos para Codelco, los directores podrían ver afectado su patrimonio personal.

El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en los estatutos de la empresa. De acuerdo al Artículo 49 de la Ley N° 19.705, Orgánica Constitucional de Codelco, los directores responden civilmente ante la empresa por los daños y perjuicios que causen por dolo, culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Esta norma no es una mera formalidad, sino una garantía de que las decisiones estratégicas se tomen con la máxima diligencia.

“El directorio, así, responde ante la ley y con su propio patrimonio por los daños que pueda ocasionar a la empresa”, se afirma en el análisis de la gobernanza de la compañía.

Si en la documentación solicitada por la Contralora general de la República Dorothy Pérez, a Máximo Pacheco, respecto al “oculto” contrato de la estatal con JP Morgan , se descubre por ejemplo, que ésta tendría incentivos de celebrarse el acuerdo, o que los montos cobrados y compensaciones para la Estatal obtenidos por el hecho cerrar con SQM un trato para su continuidad hasta el 2060 en Salar de Atacama son perjudiciales económicamente para el Estado, el directorio de la Estatal, podría estar en problemas.

Según ha trascendido la votación del directorio de Codelco aprobatoria del acuerdo se habría tomado sin toda la información necesaria y pese al informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que es concluyente respecto al perjuicio económico, la decisión no se ha revertido.

La conformación legal de la responsabilidad en el directorio es la que, según expertos, hace “muy difícil retrotraer el acuerdo” una vez que ha sido aprobado por unanimidad, como ocurrió en este caso.

Un blindaje casi total

La alianza fue aprobada por la totalidad del directorio y, según las reglas que rigen a Codelco, solo puede deshacerse con la mayoría de cinco votos de los nueve disponibles.

El hecho de que los directores respondan con su patrimonio actúa como un poderoso disuasivo interno para revertir el pacto. Fuentes conocedoras del proceso han señalado que las potenciales pérdidas económicas por deshacer el «joint venture» serían “enormes”, derivadas de multas, litigios y cláusulas penales presentes en el contrato con JP Morgan.

Pero de materializarse el acuerdo los costos aún podría ser mayores para la Estatal.

A juicio de conocedores de las responsabilidades de los directorios de empresas en este tipo de toma de decisiones señalan “ El directorio está en una camisa de once varas, lo que podrían hacer para no poner en riesgo su propio patrimonio es dar cuenta a Contraloría de las condiciones en que se obtuvo su voto”.

La cuenta regresiva: aprobación de China

Mientras tanto, en Codelco se avanza hacia la concreción final del negocio. Desde la empresa esperaban que el proceso para cerrar el «joint venture» con SQM estubiese listo en septiembre, lo que no courrió.

Una de las «condiciones de cierre del acuerdo» más importantes, es la aprobación de la autoridad de libre competencia de China, la que actualmente se encuentra analizando los antecedentes del acuerdo dentro de sus marcos institucionales.

La decisión de Pekín será, por lo tanto, el último gran escollo antes de que una de las alianzas mineras más significativas de la historia de Chile quede oficialmente sellada, bajo una responsabilidad patrimonial sin precedentes para sus aprobadores.

Dada la fechas de nombramientos del directorio actual, sólo hasta el 2027 el acuerdo podría ser revertido en el Directorio, pensando los actuales tienen la presión de responder con su patrimonio si se comprueba existe perjuicio para el Estado por sus decisiones tomadas.

El Ciudadano