El contrato entre la empresa estatal Codelco y la minera privada SQM, suscrito el 31 de mayo de 2024, busca ampliar la explotación de litio en el Salar de Maricunga, territorio ancestral de la comunidad. La demanda fue presentada ante el 3° Juzgado Civil de Santiago y se fundamenta en la falta de cumplimiento de formalidades legales esenciales, como es la consulta libre, previa e informada.
“Para nosotros, el Salar de Maricunga no es solo tierra: es parte de nuestra vida, espiritualidad, cultura y subsistencia. No se puede decidir sobre nuestro territorio sin preguntarnos ni considerarnos”, señaló Ercilia Araya, Presidenta de la comunidad.
El contrato considera el traspaso de 300 concesiones de propiedad de SQM a Codelco en el Salar de Maricunga, buscando expandir el llamado Proyecto Blanco, adquirido por Codelco, que operará mediante evaporación de agua en el desierto más árido del mundo. Esto pone en grave riesgo el equilibrio ecológico de la zona y el Salar de Maricunga, incluidos los sitios Ramsar y el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, y amenaza directamente las fuentes de agua de la comunidad, sus prácticas de ganadería trashumante y la vida de miles de seres vivos.
La comunidad solicita que se respete el derecho a la consulta y a vivir en su territorio sin amenazas a su cultura y formas de vida, y hacen un llamado a los organismos del Estado, a la sociedad civil y a los medios de comunicación a visibilizar esta situación y respaldar la demanda por la defensa de sus derechos y por la protección de uno de los ecosistemas más frágiles del país.
Ariel León, asesor de la Comunidad Pai Ote, señaló que “La comunidad no busca boicotear el desarrollo de Chile. Hemos aceptado la extracción de litio en los salares de Atacama, pero debe ser realizada en condiciones de equilibrio entre las empresas, y garantizando la forma de vida de las comunidades, la indemnidad del territorio, y que no se destruyan los salares, que son las fuentes de agua de la región. La comunidad paralizó la licitación de litio de Sebastian Piñera, y además anuló la resolución de calificación ambiental de la empresa Simco en Maricunga. Imagino que a esta altura nadie duda de las capacidades de la comunidad y de la seriedad de nuestros argumentos y demandas judiciales”.
La demanda busca que el contrato sea dejado sin efecto en virtud de que Codelco omitió las formalidades habilitantes que ordena la ley para emitir su consentimiento en el contrato. Ercilia Araya detalla que: “Codelco es una empresa del Estado, y por lo tanto, como todo organismo estatal, está obligado a consultar a las comunidades cuando afecta a sus derechos con alguna de sus decisiones. Este contrato ha transado territorio indígena sin siquiera habernos comunicado esta decisión, menos consultado. Como siempre, pese a tener canales de comunicación abiertos con Codelco, nos enteramos por la prensa. Aún no entendemos porque el Estado pone dificultades a los proyectos que proyectan tecnologías limpias, mientras que Codelco, que va a explotar litio evaporando agua en el Salar de Maricunga, marcha sin obstáculos hacia una eventual destrucción de los salares”.
A su vez, Ariel León señaló que “ya presentamos denuncias ante el mecanismo nacional del Tratado de Escazú, radicado en el Ministerio de Justicia. Sabemos los peligros que implica esta demanda. Aclaramos desde ya que ningún miembro de la comunidad, ni su asesor, tienen ánimos de suicidarse o de desaparecer. Hacemos responsable al Estado y a las empresas de cualquier perjuicio que podamos sufrir en el futuro”.
El Ciudadano
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