El futuro del litio no depende del informe de JP Morgan, sino de decisiones soberanas

El reciente informe de JP Morgan revela la forma en que actores financieros internacionales intentan incidir en procesos soberanos de regulación, presionando a la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR) en torno al acuerdo Codelco-SQM.

Morgan Stanley y JP Morgan, aunque comparten un origen histórico común en la antigua J. P. Morgan & Co., han seguido trayectorias institucionales distintas dentro del sistema financiero internacional. Esta separación histórica refleja también cómo el poder financiero estadounidense ha buscado diversificarse y expandir su influencia en diferentes sectores y regiones del mundo. Sin embargo, ambas entidades comparten un patrón: intervenir o incidir en las decisiones soberanas de naciones en desarrollo, particularmente cuando estas se vinculan a sectores estratégicos como la energía, los bienes naturales o la infraestructura tecnológica.

En este contexto, JP Morgan ha adoptado una postura intervencionista frente a un asunto eminentemente técnico de la administración estatal china. Se trata de la regulación de un mercado que para China no solo es estratégico, sino que se encuentra en el centro de su proyecto de desarrollo compartido y de cooperación con el mundo: el litio. La presión ejercida desde instancias financieras extranjeras evidencia un intento por condicionar las decisiones regulatorias chinas, en su derecho soberano a diseñar políticas industriales y tecnológicas en función de sus propios intereses nacionales y colectivos.

Lo que observamos es una reiteración de la tendencia histórica de Estados Unidos. Intentar influir en los marcos regulatorios de otros países, incluso cuando estos se relacionan con cuestiones de autonomía interna y planificación industrial estratégica.

Tal actitud, más allá de su aparente preocupación por la rápida tramitación del acuerdo entre Codelco- SQM, encubre la intención de asegurar espacios de control e influencia sobre sectores críticos para el futuro económico global, como lo es la transición energética y la industrialización tecnológica.

China, por su parte, ha demostrado una capacidad clara para resguardar su autonomía y afirmar la legitimidad de sus procesos de modernización. El país sostiene que la apertura de sus mercados debe estar acompañada de un principio de equidad y respeto a su soberanía, de manera que la cooperación internacional se construya sobre bases justas y no sobre imposiciones externas. La existencia de mercados abiertos a la industrialización compartida, tal como promueve China, requiere de un marco regulatorio propio que garantice la integración de los beneficios compartidos.

En este sentido, el litio y otros minerales críticos constituyen un ejemplo emblemático. Las decisiones sobre estos bienes no puede quedar a merced de presiones financieras externas, pues son fundamentales para definir el modelo de desarrollo futuro, tanto de China como de aquellos países con los cuales establece asociaciones.

La industrialización compartida, basada en la cooperación tecnológica y productiva, es un camino alternativo al esquema de dependencia impuesto históricamente por el capital financiero internacional.

Por ello, el debate trasciende el caso particular de Morgan Stanley o JP Morgan: se trata de una discusión sobre el derecho de las naciones a conducir sus procesos de desarrollo de manera soberana, garantizando que los frutos de la transformación productiva y tecnológica se repartan equitativamente.

Frente a los intentos de injerencia, la defensa de la autonomía china se convierte en un referente para todos los países que aspiran a consolidar un horizonte de desarrollo compartido, inclusivo y sustentable, en el cual los bienes estratégicos sean gestionados como bienes al servicio del progreso colectivo y no como instrumentos de especulación financiera.

Por Dra. Marcela Vera
Economista, Universidad de Chile