Informe de comisión investigadora sobre acuerdo SQM-Codelco es concluyente: el acuerdo está lleno de vicios

El informe final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que examinó el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, no deja espacio para ambigüedades: el pacto está plagado de irregularidades, falta de transparencia y decisiones sin sustento técnico-administrativo. El acuerdo, presentado como una oportunidad estratégica para el país, ha sido duramente cuestionado por múltiples actores, incluyendo parlamentarios, expertos y comunidades indígenas.

10 de 11 parlamentarios integrantes de la Comisión votaron por dejar «sin efecto el acuerdo SQM-Codelco».

Por Bruno Sommer

Negociación sin licitación y sin sustento legal

El proceso que llevó a la firma del Memorándum de Entendimiento (diciembre de 2023) y del Acuerdo de Asociación (mayo de 2024) se realizó, según el informe, «sin un acto administrativo formal ni acuerdo previo de los respectivos directorios» de CORFO o CODELCO. A través de un simple intercambio de cartas entre ambas entidades, se delegó a Codelco la calidad de “único representante del Estado” en una negociación que compromete la mayor reserva mundial de litio hasta el año 2060.

«No se ha presentado […] ningún antecedente en cuanto a que haya existido un análisis y ponderación efectivo entre la opción de licitar o realizar un trato directo», advierte el documento.

Acuerdo firmado a espaldas del Congreso y sin transparencia pública concluye el Informe de comisión investigadora sobre acuerdo SQM-Codelco

Tanto el contenido como las condiciones del acuerdo fueron ocultados al Congreso Nacional. Ni las comisiones de Minería ni la ciudadanía fueron informadas de los términos ni de los criterios técnicos y económicos usados para justificar el acuerdo. Además, partes del contrato fueron remitidas a la Comisión con información tarjada, lo que impidió una revisión completa y oportuna.

Pese a las excusas del cuestionado líder de la negociación por parte del Estado, Máximo Pacheco, señalando que el ha asistido todas las veces que la Comisión lo ha requerido, su asistencia fue siempre para dar excusas, repetir los argumentos de SQM y de paso negar información clave.

Se estableció un esquema societario que, lejos de fortalecer el rol del Estado, lo debilita. A pesar de que Codelco posee el 50% más una acción de la nueva sociedad, no ejercerá control efectivo sino hasta el 2031. Mientras tanto, SQM conservará el control operativo y el poder de veto en las decisiones clave.

Distribución desigual de beneficios

Del total proyectado de 990.000 toneladas de litio que se explotarán entre 2025 y 2060, Codelco solo recibirá utilidades por 201.000 toneladas (un 20%). Incluso en una cuota adicional de 300.000 toneladas, el 77% de las utilidades quedará en manos de SQM. Este reparto desproporcionado ha sido calificado como injustificable, más aún considerando que no existen antecedentes públicos que respalden supuestas inversiones mayores de SQM.

El perjuicio económico para el Estado: más de 10 mil millones de dólares en juego

Según el informe, las condiciones pactadas entre Codelco y SQM implican una pérdida potencial de más de 10.000 millones de dólares para el Estado chileno. Esta cifra se explica por varios factores:

• Distribución de utilidades desfavorable: De las 990.000 toneladas proyectadas, solo el 20% generará beneficios directos para CODELCO. Incluso con la ampliación de la cuota de producción (300.000 toneladas adicionales), el Estado solo accederá al 23% de esas utilidades.
  
• Proyección de ingresos inflada: El acuerdo se basó en un precio estimado de USD 25.000 por tonelada de litio. Sin embargo, informes de Morgan Stanley y COCHILCO indican que el precio real podría estabilizarse entre USD 15.000 y 18.000, lo que implica un desajuste millonario en las proyecciones fiscales.
  
• Control operativo de SQM hasta 2030: Durante los años de mayor rentabilidad, Codelco no tendrá control real ni capacidad de fiscalización efectiva.
  
• Cálculos sobre supuestos irreales: el precio del litio cae y pone en duda las proyecciones fiscales: Uno de los pilares sobre los que se construyó la negociación entre CODELCO y SQM fue la proyección del precio del litio. El acuerdo fue estructurado bajo el supuesto de que el valor del carbonato de litio se mantendría en torno a los 25.000 dólares por tonelada, cifra que justificaba la urgencia de cerrar un trato directo sin pasar por licitación pública, según afirmaron autoridades de gobierno y ejecutivos de CODELCO. Sin embargo, esa proyección ya se encuentra fuera de la realidad del mercado. Hoy, el precio internacional del litio ha sufrido una caída drástica, situándose muy por debajo del valor base con que se calculó el acuerdo. Distintos análisis, como los de Morgan Stanley y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), advierten que el precio podría estabilizarse en un rango de 15.000 a 18.000 dólares por tonelada —e incluso menos en el corto plazo, según la tendencia actual.
  
• Impuesto específico no pagado: SQM mantiene una disputa con el Servicio de Impuestos Internos por una deuda de aproximadamente 1.000 millones de dólares por impuesto a la minería, lo que se suma al perjuicio estatal acumulado.

Falta de consulta indígena y riesgos ambientales concluye Informe de comisión investigadora sobre acuerdo SQM-Codelco

Las comunidades indígenas del Salar de Atacama y Maricunga denunciaron que no se realizó una consulta previa, libre e informada, en conformidad con el Convenio 169 de la OIT. “Nos preocupa profundamente que las decisiones que afectan directamente a nuestros territorios […] se tomen sin consulta”, denunció Lady Sandon Orellana, de la comunidad de Coyo.

A su vez, se criticó la implementación de tecnologías de extracción de litio que, según el informe, podrían no ser tan eficientes ni sostenibles como se ha comunicado públicamente, y que podrían agravar la presión sobre los frágiles ecosistemas hídricos del desierto de Atacama.

Vicios del acuerdo: un resumen de las principales irregularidades

1. Falta de acto administrativo formal: El encargo de CORFO a Codelco se hizo por carta, sin resolución oficial ni respaldo jurídico.
   
2. Ausencia de licitación pública: No se consideraron otras opciones ni se justificó adecuadamente el trato directo con SQM.
   
3. Información incompleta y confidencialidad excesiva: CODELCO se negó a entregar antecedentes clave, amparándose en cláusulas de confidencialidad contractuales.
   
4. Desequilibrio en la distribución de utilidades: SQM obtiene la mayoría de las ganancias sin aportar proporcionalmente.
   
5. Falta de control efectivo del Estado: Codelco no tendrá control operativo hasta 2031, pese a tener la mayoría accionaria.
   
6. Omisión de consulta indígena vinculante: No se respetó el derecho de las comunidades a ser consultadas de manera efectiva.
   
7. Riesgo de daño fiscal: Se estima que el Estado podría perder más de 10 mil millones de dólares por este acuerdo.
   
8. Inexistencia de estudios técnicos o comparativos públicos: No hay informes que respalden que esta era la mejor opción para Chile.
   
9. SQM con historial judicial y tributario pendiente: La empresa mantiene deudas tributarias y antecedentes de corrupción.
   
10. Cambio de figura societaria a SpA: Esto reduce los estándares de transparencia y fiscalización pública.
11. Calculo económico con precio del litio que cambió: Todas las proyecciones económicas del acuerdo fueron hechas con un precio del litio que hoy no es tal.
    

10 de 11 parlamentarios integrantes de la Comisión votaron por dejar «sin efecto el acuerdo SQM-Codelco».

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ha emitido contundente informe y ha votado mayoritariamente para que el acuerdo que entrega el litio al yerno de Pinochet quede nulo. Si se aprueba, el Presidente de Chile Gabriel Boric será el responsable de visar todas las irregularidades documentadas.

El trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del acuerdo SQM-Codelco será remitido a la Contraloría General de la República, y llama a establecer mecanismos que aseguren que los recursos estratégicos del país se administren con transparencia, equidad y soberanía. Lejos de representar un modelo ejemplar de asociación público-privada, el acuerdo Codelco-SQM aparece como una advertencia sobre cómo no se deben administrar los bienes comunes de la nación.

Por Bruno Sommer

El Ciudadano