En mayo de 2024, Codelco y SQM firmaron un acuerdo para explotar en conjunto el litio del Salar de Atacama hasta 2060. El contrato estableció entre sus condiciones que la investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos sobre eventuales violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) debía estar “sustancialmente terminada”.
Hoy, esa investigación sigue abierta, aunque en pausa. Aun así, Codelco estaría dispuesta según La Tercera, a renunciar a dicha condición y avanzar en la asociación, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y la prudencia del gobierno del presidente Boric con un pacto con una empresa históricamente ligada a la corrupción.
La sombra de la SEC
SQM fue notificada en noviembre de 2023 de la indagatoria de la SEC, que solicitó información sobre operaciones comerciales, su programa de cumplimiento y posibles violaciones a leyes anticorrupción. La minera contrató bufetes de peso como Paul Hastings LLC en EE.UU. y Grupo Vial y Claro & Cía. en Chile para enfrentar el proceso.
No es la primera vez que SQM queda bajo el radar de la justicia norteamericana: en 2015 enfrentó un escándalo de financiamiento irregular a políticos chilenos, lo que derivó en millonarias multas en EE.UU. y la obligación de implementar un programa de cumplimiento.
Si bien la empresa ha señalado que el informe de Paul Hastings está en orden, nada asegura que ese informe contenga la serie de irregularidades reportadas por El Ciudadano en torno al negocio de SQM con el litio chileno.
Investigaciones suspendidas, dudas latentes
Según la propia SQM, la SEC habría suspendido su trabajo activo en este caso, lo mismo que en otras indagatorias vinculadas a la FCPA en distintos países. Algunos reportes atribuyen esta parálisis a recortes de fondos aplicados por el gobierno de Donald Trump y a órdenes ejecutivas que limitaron la aplicación de la ley anticorrupción.
Sin embargo, abogados consultados por La Tercera, han aclarado que una investigación “en pausa” no significa que esté “sustancialmente terminada”. Es decir, el riesgo de sanciones futuras sigue vigente.
En 2024, SQM reportó gastos legales y judiciales por 47 millones de dólares, casi el triple de los 17 millones de 2023. La cifra, explican analistas, se relaciona tanto con la compleja alianza con Codelco como con la defensa ante la SEC.
El acuerdo Codelco-SQM aún enfrenta tres condiciones pendientes: La investigación de la SEC, todavía no concluida. La consulta indígena en el Salar de Atacama, hoy en fase final con disconformidad de las comunidades, y Corfo con Codelco señalando, la consulta es no vinculante. Y porr último, la autorización de las autoridades antimonopolio de China, que analizan en prrofundidad el caso en medio de un despliegue de Chile y SQM en suelo sino para convencer a nación milenaria.
Riesgo reputacional para Chile
SQM insiste en que no ha detectado incumplimientos y que coopera con la SEC. Sin embargo, si Codelco renuncia a la condición de cierre de la investigación, Chile podría exponerse a un severo costo reputacional. Se trataría de un Estado asociándose con una empresa aún bajo la sombra de la FCPA, una ley diseñada precisamente para prevenir sobornos y corrupción internacional.
El litio es uno de los recursos estratégicos más importantes para el futuro de Chile. Firmar un acuerdo de largo plazo con una compañía investigada por corrupción en EE.UU., sin esperar la resolución de la SEC, es una apuesta arriesgada.
Si la SEC no se pronuncia con claridad, Codelco no debiese celebrar el acuerdo con SQM. De lo contrario, el país podría hipotecar no solo su soberanía en torno al litio, sino también su credibilidad internacional en materia de probidad y cumplimiento.
El detalle en el contrato
El mismo contrato contiene pieza clave. En el Artículo 11, SQM declara y garantiza que ni la empresa ni sus vinculados han estado involucrados en delitos de corrupción, lavado de activos o incumplimientos de normativa anticorrupción durante los últimos cinco años. Además, reconoce expresamente la obligación de cumplir con la FCPA y con la UK Bribery Act.
Esto significa que, si la SEC finalmente sanciona a SQM, Codelco podría alegar incumplimiento de estas garantías. Sin embargo, el daño reputacional ya estaría hecho y la estatal quedaría amarrada a un socio cuestionado en un contrato de largo plazo.
Los riesgos son técnicos y políticos. En lo legal: la renuncia impide que Codelco se excuse de firmar por incumplimiento de la condición, aunque sí le deja abierta la vía de reclamar por incumplimiento de garantías. En lo reputacional: firmar mientras la SEC mantiene abierta una indagatoria expone a Chile a críticas internacionales, justo cuando busca proyectar una imagen de transparencia en la industria del litio. En lo económico: si la SEC sanciona a SQM con multas millonarias, esto afectaría su flujo financiero y, en consecuencia, el rendimiento de la sociedad conjunta. En lo político: el Estado de Chile podría aparecer como avalando a una empresa bajo sospecha de corrupción internacional, debilitando su posición frente a inversionistas, gobiernos y comunidades.
El Ciudadano
RECUADRO
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
La FCPA es una ley federal de Estados Unidos, promulgada en 1977, que busca combatir la corrupción en los negocios internacionales.
Puntos principales:
- Prohíbe sobornos a funcionarios extranjeros
- Ninguna empresa, ejecutivos o agentes pueden ofrecer, pagar o prometer dinero u otros beneficios a autoridades extranjeras para obtener ventajas comerciales.
- Aplica a empresas estadounidenses y extranjeras
- Afecta a todas las compañías que cotizan en la bolsa de EE.UU., así como a sus subsidiarias y a cualquier persona o empresa que use el sistema financiero estadounidense en una transacción sospechosa.
- Exige transparencia contable
- Obliga a las empresas a llevar libros y registros contables precisos, y a mantener sistemas de control interno que eviten el ocultamiento de pagos indebidos.
- Sanciones severas
- Incluye multas millonarias para empresas y penas de cárcel para ejecutivos involucrados.
- La SEC (Securities and Exchange Commission) y el DOJ (Department of Justice) son los encargados de fiscalizar y sancionar.
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