¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! La Nueva Constitución contra los intereses de clase de los dueños de Chile

Autores: Jorge Molina Araneda y Claudio Marchant Lastra

Los historiadores Julio Pinto y Gabriel Salazar afirman que, entre 1833 y 1914, por preceptos constitucionales y legales, más del 90% de los mayores de 21 años quedaron excluidos del derecho a sufragio. La Constitución de 1833, en sus artículos 8,10 y 11, excluyó a las mujeres, a los chilenos que no tenían propiedad inmueble, capital invertido ni un ingreso equivalente o superior a 200 pesos anuales (cuatro veces el ingreso medio de un peón corriente) y, a los sirvientes domésticos.

Debe recordarse -sostienen ambos investigadores- que el 90% de los chilenos adultos carecieron, durante un siglo, de derechos electorales. La discriminación cívica contra los sirvientes domésticos se extendió hasta 1925 y contra las mujeres hasta 1949. Aquellos chilenos no sólo permanecieron al margen de sus derechos de participar en la construcción del país en que vivían, sino que de todas las prácticas y procesos políticos.

Agregan Pinto y Salazar: “Lo menos que se puede decir es que la concesión del voto en Chile fue la instalación de un derecho y una práctica ‘nominales’; es decir: sin tradición cívica por detrás y sin desarrollo participativo por delante. Un mecanismo de participación política marginal e infinitesimal, yuxtapuesto a una tradición participativa privada, social y cotidiana. Una molécula de soberanía abierta, frágil, volátil, necesitada de orientación y conducción. Que hizo instalar por todas partes agencias patrocinadoras de sufragios. Mecanismos de coacción, ángeles políticos de la guardia. Algunas fueron: la Iglesia Católica, cuyo trabajo asistencial databa del periodo colonial y su acción cívica desde la encíclica Rerum Novarum ; el ejército, cuya acción educadora sobre los rotos se legitimó después de la guerra del Pacífico y se tornó implacable con las masacres del ciclo 1890-1907; la escuela, que a las disciplinas moralizantes del siglo XIX añadió, con la inspiración de Darío Salas y el poder del Estado docente, las disciplinas de la ley, la Constitución y el seguimiento a la clase política; los caciques electorales, dispuestos a pagar dinero y empanadas para obtener el voto de los más pobres y hambrientos; los partidos políticos que, mientras más se ampliaba el sufragio, más necesitaban planificar (ideológicamente y por otros medios) la conquista, compra o seducción de los votos ciudadanos, etc.”

Desde su Independencia Chile ha sido pensado y modelado siguiendo un patrón, una meta impuesta a toda su población, como la principal tarea: la del orden nacional, un orden las más de la veces autoritario, establecido y administrado por las élites nacionales.

En pocas palabras, todos estos agentes eran los encargados de domesticar y conducir a la denominada sociedad de masa. Cómo no recordar el cohecho a la sombra de la sotana de los curas de campo, cómplices de los hacendados que adoctrinaban al campesino explotado y analfabeto en sus homilías dominicales ordenadas por el patrón de la oligarquía “criolla” y explotadora. Le entregaban un zapato antes de votar por el candidato del patrón y luego recibían el otro calzado al término del acarreo electoral… Nada, en el fondo, ha cambiado.

No obstante, en casi cuatro décadas, desde 1930 en adelante, a través de múltiples caminos, los grupos históricamente postergados irrumpieron en el espacio público a fines de la década de 1960 bajo el nombre de poder popular, aplastado y dispersado luego del golpe militar de septiembre de 1973.

Según la tesis de Aylwin, la aceptación de la Constitución de 1980, para conseguir la derrota de Pinochet en las urnas, había triunfado. La de Pinochet, se pensaba, había sido una salida institucional que sellaba los cambios políticos y económicos de su régimen.

¿Por qué la Constitución de 1980 impuso tantos obstáculos a la expresión de la voluntad popular? La respuesta oficial de la dictadura –defendida hasta el día de hoy por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestra sociedad– postuló que los partidos políticos fueron incapaces de resolver sus profundas diferencias sobre el modelo de sociedad que proponían a los ciudadanos. De este modo, la causa de la crisis de 1973 radicaba en que el sistema político institucional de la Constitución de 1925 era completamente susceptible de manipulación por supuestas mayorías pasajeras. Continúa este argumento, si las reglas básicas de la comunidad política hubieran estado dotadas de mayor estabilidad, y no entregadas al arbitrio de mayorías políticas contingentes, la autodestrucción del sistema político institucional se hubiera evitado. En las sociedades verdaderamente democráticas, abiertas y pluralistas, las reglas básicas de la comunidad política que son protegidas respecto de la contingencia de la política son los derechos fundamentales. Alejados de esta concepción constitucional republicana, la dictadura chilena fue mucho más allá de los derechos fundamentales de las personas, y extendió el carácter de regla fundamental de nuestra comunidad política a un conjunto de regulaciones que tenían por objeto consagrar un régimen económico neoliberal y conservador en lo moral. Por ello, la verdadera motivación para otorgar estabilidad a estas reglas supuestamente básicas o fundamentales consistió en que la experiencia de la Unidad Popular llevó a las élites políticas y económicas a la conclusión que un régimen democrático podía conspirar contra sus intereses de clase.

Se abrió, entonces, la caja de pandora y se materializaron una serie de delitos e irregularidades cuya fuente era “la familia militar”; vinieron los pinocheques, las ventas de armas ilegales con crimen incluido, la cutufa, la compra de material de guerra, el caso milicogate, un tsunami de robos, fraudes, operaciones de inteligencia al margen de la legalidad, “agencias de viajes” de los comandantes en jefe Izurieta, Fuente-Alba,  Martínez Menanteau y familia, y su propia agencia de corretaje de propiedades de terrenos fiscales vendidos por doquier, como también lo hizo Lucía Hiriart con los terrenos de Cema Chile, entre ellos un predio del Parque O´Higgins, etcétera.

Creemos que algunas razones sustantivas y de peso para votar apruebo son:

– Paridad de Género

La paridad no es solo una cuestión numérica sino además una expresión de justicia con un género subrepresentado históricamente. Esta baja participación no obedece         necesariamente a capacidades sino más bien a un menor número de oportunidades para las mujeres, fundamentado en la construcción social del género femenino y la compatibilización de su rol familiar-profesional y social.

Por tanto, consagrar paridad tanto en la convención como en las distintas instituciones y/u organizaciones públicas del país, protege y promueve el legítimo y justo acceso de las mujeres a los distintos cargos y puestos de poder. 

-Derechos Humanos

La historia de nuestro país sabe sobre torturas, persecuciones y exterminio. Es por ello que como reivindicación de la memoria histórica y en memoria de las víctimas de masacres, huelgas o quiebres democráticos, se prohíbe en esta propuesta constitucional el exilio, la tortura y la pena de muerte. Promoviendo así la verdad, no repetición, justicia y reparación integral para las víctimas, además de condenar y perseguir incansablemente la impunidad de estas graves violaciones de Derechos Humanos. Si en nuestro país aún hay heridas sin sanar, es precisamente por la parcialización que se ha hecho en esta materia y la falta de justicia real.

-Reconocimiento Plurinacional

Es importante entender la diferencia entre Estado y Nación. Lo primero hace alusión a una organización política de un territorio mediante instituciones y leyes, mientras que el concepto “Nación” corresponde a una construcción cultural de personas que comparten tradiciones, idioma e historia. Es por ello que el reconocimiento de 11 pueblos como Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam no viene a fomentar sistemas de organización que se sobrepongan a nuestro Estado (como lo caricaturizan en la derecha) sino más bien, busca reivindicar su histórica presencia en este territorio y así fomentar, respetar y proteger su desarrollo, tanto en sus comunidades como también en nuestro sistema político.

-Estado ecológico-País oceánico-Protección animal

La conciencia ecológica es una expresión que se forma durante el desarrollo de la vida de las personas y según sus vivencias, sin embargo, que se promueva a través de un texto constitucional viene a dar importancia a un tema tremendamente urgente y vital. Garantizar ambientes sanos y ecológicamente equilibrados es concientizar a la ciudadanía a comprometerse de manera activa con la preservación, conservación y restauración de nuestro entorno; protegiendo así los ciclos naturales,  ecosistemas y biodiversidad. Así como también ocurre al hablar de país oceánico, cuya administración y gestión se centre en la preservación de ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antártico.

En este mismo sentido, la protección por parte del Estado hacia los animales reconociéndolos como seres sintientes y con derecho de vivir en paz y libre de maltrato, no sólo promueve explícitamente la protección de estas criaturas, sino además, una ciudadanía empática y respetuosa con el resto de seres vivos.

-Estado laico

A pesar de las burdas caricaturas que algunos promueven, el Estado laico no busca acabar con la Navidad. Si bien es cierto, en la Constitución de 1925 se declaró la separación Estado-Iglesia, el laicismo no ha estado consagrado bajo ninguna redacción Constitucional. Ahora, ¿cuál es su importancia? Pues, carecer de religión oficial busca precisamente impulsar y asegurar la libertad de conciencia, autodeterminación espiritual y de culto, sin discriminación entre cualquiera de ellas, además de separar las decisiones del Estado en materia religiosa, promoviendo el libre albedrío y autodeterminación de los Estados, sus ciudadanos y gobernantes.

–Niñas, niños y adolescentes-Adultos mayores

Durante el ciclo vital podemos distinguir a estos dos extremos que corresponden a los grupos más frágiles, por tanto es aquí donde mayormente se debiese invertir y a la vez proteger. La propuesta constitucional no solo viene a reivindicar los derechos de la infancia, sino además busca consagrar su desarrollo integral y la participación de los procesos de los cuales forman parte. Protegiéndolos además de maltrato, agresión, explotación y también negligencia. El reemplazo del actual sistema de protección por parte del Estado, se hace prioritario y urgente -debido a las recurrentes negligencias incurridas-. Es por ello que se busca consagrar la protección de derechos a través de esta propuesta.

En la misma línea, se busca consagrar el derecho a la vejez digna, optar a prestaciones de seguridad social, además del acceso a entorno físico, social, económico, cultural y digital. Promoviendo su autonomía, participación política y social. Además, consagra la protección en contra de maltrato y otro tipo de vulneraciones de las cuales son víctimas permanentes los adultos mayores.

-Muerte digna

El debate sobre la muerte digna es tremendamente extenso y también controversial. Incluso forma parte de aquellas iniciativas denominadas “temas valóricos” debatidos ampliamente en el Congreso -junto a otras propuestas como aborto terapéutico o matrimonio igualitario- como también en las aulas de carreras clínicas desde un enfoque bioético.

¿Podemos tener en nuestras manos la decisión de poner fin a nuestras vidas, ante una enfermedad terminal? Desde la propuesta constitucional cuyo enfoque progresista, democrático y solidario resalta a simple vista, se considera un derecho que debe consagrarse; apelando a la autonomía de las personas y su libertad de decisión e información. Paralelamente, resulta imprescindible profundizar los cuidados paliativos; haciéndolos efectivos y eficientes, ya que, para la implementación de una muerte digna, previamente todo paciente enfermo terminal debe tener derecho a la máxima atención de cuidados, decisiones informadas, alivio de dolor y acompañamiento oportuno en todo momento.

-Educación sexual integral

A pesar de ciertas caricaturas, la educación sexual integral no busca erotizar ni tampoco promover el kama-sutra en las niñas, niños y adolescentes.

Promover la educación sexual en edad temprana -por supuesto que de acuerdo al entendimiento, comprensión y madurez de cada grupo etario- busca fomentar la responsabilidad, autocuidado, autoconocimiento y autonomía, generando así espacios seguros y previniendo abusos, violaciones, acoso, violencia de género y otras situaciones de riesgo.

-Derechos sociales

La subsidiariedad no solo permite la baja participación del Estado en cuanto a actividades cotidianas y esenciales tales como educación, vivienda, salud o seguridad social, sino además incentiva el rol privado, reconocido en la Constitución actual de Pinochet. Sin embargo, los derechos básicos como los mencionados, no pueden ni deben quedar a merced del mercado; sino resguardados e impulsados por un Estado fuerte que vele por su acceso de manera justa, efectiva y sin importar las características culturales, económicas, espirituales ni sociales de las ciudadanas y ciudadanos que requieran su acceso.

La nueva Constitución consagra más derechos para vivir con dignidad. Casi un tercio de la nueva Constitución detalla los derechos sociales que beneficiarán a todas las chilenas y chilenos. El proceso constituyente en nuestro país se inicia como resultado de las movilizaciones ciudadanas de octubre de 2019 que demandaban en lo esencial garantías sociales para vivir mejor, para vivir con dignidad. La propuesta presentada responde de forma favorable a esas demandas. El nuevo texto constitucional reconoce el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a pensiones suficientes, el derecho al trabajo decente, el derecho al agua, el derecho al cuidado, el derecho a la participación democrática, el reconocimiento al trabajo doméstico, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al deporte, el derecho a un medioambiente libre de contaminación, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entre otras. Ese conjunto de derechos serán la base de nuestro nuevo pacto social, lo que sin duda reportará mejoras en la calidad de vida de todas y todos, y ayudará a poner término al hecho de qué, el lugar dónde pueden llegar las personas está determinado por el lugar en el cual nacen. Para asegurar el efectivo cumplimiento de esas disposiciones se creará la Defensoría del Pueblo en todas las regiones del país.

Siguiendo a Flavia Torrealba (2022), la propuesta constitucional contempla, además:

–Un país verde y de futuro. La nueva Constitución se hace cargo de la necesidad de proteger nuestra naturaleza para las nuevas generaciones. Otorga derechos a la naturaleza y nos convierte en el primer Estado Ecológico del mundo. Transformarnos en un Estado Ecológico es una definición no menor: se traducirá en los años que vendrán en una enorme transición verde y ecológica del modelo productivo en nuestro país, incentivando la innovación, el desarrollo y la investigación, mejorando la calidad de los empleos y las remuneraciones, instalando a Chile en la vanguardia de países que toman medidas respecto a la crisis climática que afecta al mundo y que requiere respuestas con urgencia, una de ellas es la recuperación del agua para todas y todos. El texto de nueva Constitución también reconoce derechos a los animales (artículos de referencia: del 127 al 144; y del 148 al 150).

-Más igualdad, más libertad. La nueva Constitución nos propone ser una república solidaria y organizarnos mediante una democracia paritaria. El avance en los derechos de las mujeres es nodal, asegurará que nunca más se vuelvan a tomar decisiones que nos afecten sin que exista participación directa nuestra. Reconoce el hecho de que somos el 50% de la población y nos integra, en conformidad con ello, tanto en las instituciones de representación política como en otras instancias de la administración pública y semipública. La nueva Constitución tiene especial preocupación por los grupos que histórica y estructuralmente han sufrido la desigualdad, la discriminación y se encuentran, en consecuencia, en situaciones de mayor vulnerabilidad -además de las mujeres- y reconoce a las personas mayores, a las personas neurodiversas, a las diversidades y disidencias sexuales, a las niñas, niños y adolescentes y a los pueblos originarios tejiendo una red de dispositivos e instituciones que acompañen esas trayectorias vitales y estimulen la convivencia cívica en función de construir la anhelada paz social (artículos de referencia: del 3 al 34).

-Un país descentralizado, un país de todas y todos. La nueva Constitución propone un Estado Regional. Hoy, lamentablemente, “nuestro país es un avión con 16 motores de los cuales sólo usamos 1”. No existen países del denominado “mundo desarrollado” que no estén efectivamente descentralizados y regionalizados. El Estado Regional es una salida intermedia en relación al Estado centralizado en el cual hoy nos encontramos y a la organización federal. El Estado Regional acercará las decisiones a las escalas subnacionales, es decir, a las “bases”, buscando hacer más efectiva la participación democrática. También, posibilitará la generación de estrategias regionales de desarrollo con competencias y facultades administrativas más amplias de las hoy existentes, y permitirá la existencia de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, más allá de la condición de administraciones “locales” de un poder centralizado. Se abre un camino que, gradualmente, va a impactar de forma positiva en revertir la desigualdad territorial que produce situaciones de injusticia intolerables, tales como la inexistencia de hospitales públicos en localidades distantes (con el impacto en muertes prematuras que eso produce, por ejemplo), la inexistencia de caminos para el acceso a las escuelas u otras infraestructuras de relevancia vital y la inexistencia de médicos especialistas, por nombrar otras (artículos de referencia: del 187 al 250; y del 383 al 385).

-Democracia para participar y decidir. Parte de las demandas ciudadanas dicen razón con la falta de vinculación existente entre la soberanía (la voluntad popular, de la gente) y el ejercicio del gobierno (las “decisiones de la autoridad”, en todas las escalas: nacionales, regionales y comunales). El texto propone una solucionática que combina diferentes modos de ejercer la democracia; todas tienen por objeto robustecer el “hecho democrático” en su dimensión sustantiva, reconociendo la dimensión representativa (elegir representantes), participativa (votar por determinadas decisiones) y comunitaria (incidir desde nuestros barrios sobre gestiones que pudieran afectarnos) de ella. El texto habilita la realización de plebiscitos para resolver controversias sociales importantes y también para reformar el texto constitucional; es decir, la última palabra en la nueva Constitución la tendrá la gente. Además de instancias ciudadanas permanentes (Asamblea Regional de Vecinas y Vecinos y Asambleas Comunales de Vecinas y Vecinos) que tendrán por misión fiscalizar las acciones de la autoridad y participar del ciclo de diseño de las políticas públicas. Sin duda, la nueva Constitución tiene por objetivo redistribuir el poder en nuestro país. En rigor, la experiencia comparada demuestra que problemas como la pobreza y la desigualdad sólo pueden resolverse mediante la redistribución del poder. El texto otorga la posibilidad de iniciativas populares de ley y de iniciativas populares de derogación de ley (artículos de referencia: del 151 al 159; del 165 al 186).

La propuesta constitucional nos permite reconstuir el cuerpo social desmembrado por la Constitución Política de 1980, parchado con la modificación de 2005, donde se siguió privilegiando el mercado por sobre lo social. Reencontrémonos y seamos protagonistas de todos los procesos de cambio a los cuales hemos sido invitados a participar… Por todo lo anterior decimos con firmeza y convicción ¡Apruebo!