Un informe de FIDH advierte que el gobierno de Piñera realiza un preocupante retroceso

“Objeción de conciencia”, el argumento piñerista para obstaculizar el aborto terapéutico en Chile

"Las autoridades del presidente Piñera intentan, desde su entrada en funciones el 11 de marzo de 2018, introducir nuevos obstáculos en el acceso al aborto de las mujeres que ya deberían poder optar por un aborto legal y seguro”, indica el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos

La objeción de conciencia es definida como la razón o el argumento “ético” y/o “religioso” al que una persona aduce para rechazar u oponerse a una idea o propuesta para negarse o impedir que se ejecute.

Y es precisamente este argumento el utilizado por el piñerismo para intentar obstaculizar y replegar los avances alcanzados sobre el aborto terapéutico en Chile.

Un ejemplo de este retroceso que promueve el gobierno de Sebastián Piñera, tras un año de la aprobación de la ley durante la presidencia de Michelle Bachelet, es denunciado en un informe publicado este lunes 20 de agosto por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), reseñado por en el portal de ameliarueda.com.

“El documento, elaborado por el organismo que representa a 184 organizaciones civiles y la ONG chilena Observatorio Ciudadano, considera un «avance» la norma que legalizó la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación pero denuncia serios problemas en su implementación”, cita el referido portal.

Un extracto del informe cita que «las autoridades del presidente Piñera intentan, desde su entrada en funciones el 11 de marzo de 2018, introducir nuevos obstáculos en el acceso al aborto de las mujeres que ya deberían poder optar por un aborto legal y seguro”.

Refiere además que los “esfuerzos” del piñerismo para ir contra el aborto legal, se centran “en el protocolo que facilita la posibilidad de que instituciones y trabajadores de la salud invoquen la objeción de conciencia para negarse a participar en un aborto, aludiendo a creencias o reglas morales”.

El piñerismo apuesta a que no se cumplan los avances a favor del aborto legal

“Conciencia” del Estado

Según la FIDH, el argumento del Estado al tratar de imponer la objeción de conciencia, “pone en riesgo la implementación de la ley en ciudades con escasos recursos de salud, donde la negativa de una institución o un obstetra limitan las opciones de las mujeres”.

Al respecto el portal web también agrega que “a través de un reglamento, a los once días de haber asumido el poder, el gobierno de Piñera redujo los requisitos exigidos a las instituciones para justificar su decisión de negarse a realizar abortos y permitió acudir a la objeción de conciencia a las instituciones privadas que tengan convenios de atención con el Estado”.

Sin embargo, este documento fue rechazado por la Contraloría debido a que no se ajustaba a derecho, lo que obligó al piñerismo a ingresar uno nuevo -actualmente en revisión- que esta vez sí prohíbe la objeción de conciencia en organismos privados que reciban aportes públicos.

Pero, el nuevo documento presentado por el gobierno de Piñera elimina también -cita el informe- “diversas disposiciones dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y contribuye a facilitar el ejercicio de la objeción de conciencia”.

En ese sentido, la vicepresidenta de la FIDH, Elsie Monge, explicó que «las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas».

La objeción de conciencia es el argumento del piñerismo para frenar el aborto

Pugnas de “conciencia” en el parlamento

Este martes -21de agosto- fue presentado en el Congreso el proyecto para la despenalización del aborto, documento ingresado a la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarias del Frente Amplio: Marisela Santibañez del Partido Progresista (PRO)​, Emilia Nuyado y Daniella Cicardini del Partido Socialista (PS), Camila Vallejo y Karol Cariola del Partido Comunista (PCC) y Cristina Girardi del Partido por la Democracia (PPD).

El proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo al modificar los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, fue redactado –informó la web de El Mostrador- por la Corporación Humanas y respaldada por la Mesa de Acción por el Aborto.

La presentación, realizada en el edificio del Legislativo en Valparaíso, contó con la presencia de una multitud de manifestantes “proaborto” quienes con sus cantos y pañoletas verdes, hicieron frente al autodenominado grupo “pro vida” que llevaron sus símbolos celestes.

En el congreso, Maite Orsini, diputada por Revolución Democrática (RD) comentó -citada por El Mostrador- que la moción presentada este martes puede prosperar, “tal como ocurrió en Argentina donde incluso diputados de derecha estuvieron disponibles a avanzar en esta legislación del aborto legal, ojalá prime en Chile la mirada del presidente de Evópoli y no de una derecha cavernaria que no se sensibiliza por niñas violadas o mujeres pobres”.

La diputada Cicardini añadió: “En nuestro país día a día hay muchas mujeres, sobre todo mujeres que no tienen recursos y se someten a estas interrupciones en la clandestinidad y lamentablemente eso conlleva muchos riesgos; en cambio, las mujeres con recursos lo hacen en el extranjero y listo, qué injusticia. Por eso tenemos que hacernos cargo con una política pública”.

Por su parte, la diputada de Izquierda Autónoma, Camila, explicó a El Mostrador que lo sustancial del proyecto es que las mujeres que abortan no sean criminalizadas y espera que el Gobierno no vete la discusión en el senado con argumentos “autoritarios” como parte de su bloqueo a cualquier forma de aborto.

“Lo que hoy pasa es que si alguna mujer aborta y recurre por alguna complicación a un recinto hospitalario el personal médico está obligado a denunciarla. Por lo tanto, si bien las mujeres que optan por abortar y terminan en un recinto médico no van a la cárcel como tal, pero si terminan embarcadas en un proceso penal, el efecto de este proyecto es que precisamente no ocurra esto”, cita El Mostrador.

La presión del gobierno de Piñera dentro del senado ya ha logrado que ocho diputados socialistas se sumen a sus intereses

Lobby antiaborto

La acción previa del gobierno de Piñera sobre la despenalización plena del aborto, provocó -la semana pasada- que un grupo de ocho diputados del PS -coaccionados por la presión del piñerismo- se anticiparan a rechazar la moción por el aborto libre, esto sin importar que en junio pasado el PS se definiera como un partido feminista.

Por su parte, el Presidente de la comisión de salud del parlamento, Juan Luis Castro, citado por La Tercera, quien es uno de los que no apoya la moción, sostiene que “dejar el aborto a voluntad de la madre, por diversas razones, sin justificación plena, me parece que no es la forma de enfrentar la discusión”.

A la posición de Castro se suman los diputados socialistas Jaime Naranjo, Raúl Saldivar, Raúl Leiva, Luis Rocafull, Patricio Rojas, Fidel Espinoza y Marcos Ilabaca.

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