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Repudio en Argentina: Niña de 11 años fue violada y obligada a dar a luz

La sociedad argentina se manifiesta en contra del parto forzado al que se sometió la niña de 11 años que estaba embarazada tras ser víctima de una violación en la provincia de Tucumán, al noroeste del país.

Tras 25 semanas de gravidez, la pequeña manifestó su deseo de interrumpir el embarazo, pero el Ministerio de Salud Pública inició maniobras dilatorias para que el caso terminara en una cesárea.

Esta interrupción voluntaria del embarazo es legal en la nación sudamericana, siempre y cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fue producto de una violación, como lo autoriza el artículo 86 del Código Penal.

Según el expediente judicial, la menor de edad se había presentado el pasado 31 de enero en un centro de salud de la localidad 7 de Abril por un supuesto dolor de estómago, para solicitar ayuda.

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo en referencia al violador, quien es pareja de su abuela.

El Sistema Provinicial de Salud (Siprosa) se interpuso y finalmente consiguió que a la niña le fuera practicada una cesárea, generando controversia en la sociedad, reacciones de organismos de mujeres e, incluso, Amnistía Internacional, que repudia la violencia institucional ejercida.

Se trata de una polémica que se anexa a otros casos de violación de jovencitas en Argentina durante los últimos meses y ley pro aborto rechazada el año pasado.

Sin derechos humanos

Amnistía Internacional señaló que en este caso se aplicaban las causales que habilitan en el país la interrupción voluntaria del embarazo, consecuencia de una violación, y que conlleva un riesgo para la salud de la víctima.

“Someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos”, sentenció la entidad, cita Sputnik.

Sin embargo, a la pequeña se le han violado hasta sus derechos humanos fundamentales en este tipo de situaciones, como la protección a su identidad.

En este particular, el arzobispo de Tucumán,Carlos Sánchez, difundió el nombre de la niña, a la que se conoce como “Lucía”, vulnerando la intimidad de la víctima, y llamó a los suyos a “custodiar” la vida del recién nacido, apunta Eje21.

Además de ello, la pequeña había sido amenazada de muerte por su violador para que no dijera nada a las autoridades.

Por otro lado, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial se dilató la situación para que se le pudiera practicar el aborto.

Mujeres unidas

Ante la falta de garantías en la interrupción legal del embarazo para la niña, diferentes organizaciones del movimiento de mujeres convocaron a una concentración frente al Siprosa para exigir con urgencia que aplique la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) y, al mismo tiempo, pedir las renuncias de Rossana Chahla (ministra) y de Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo).

En este ínterin, señalan que no hubo comunicación con la familia de la niña y alertaron contra las maniobras, como pasó en Jujuy, donde una niña argentina de 12 años fue violada y cuya madre pidió que fuera sometida a una intervención quirúrgica (un aborto, contemplado por la ley), tras 24 semanas de embarazo.

En este caso la pequeña había sido violada por un vecino de 60 años que la amenazó con matarla si hablaba. El bebé será dado en adopción, según publicó El País.

En un comunicado emitido este martes, antes de que se le practicara una cesárea a la nena, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán expresó lo siguiente:

“Siprosa notificó esta noche a la directora del Hospital ‘Eva Perón’, doctora Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, doctora Valeria Judith Brand, el cual consigna que en atención a la innecesariedad de judicialización y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y conforme a la doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”, cita el Tiempo de Argentina.

Por su parte, la organización Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) repudió los acontecimientos.

“Esta noche se practicó una cesárea a la niña de 11 años víctima de violación y se encuentra fuera de peligro. La práctica no fue la solicitada. Se seguirá con las medidas necesarias porque Siprosa es responsable. Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia”, expresaron.

Ley en vigencia

El año pasado, el Congreso votó una ley que proponía legalizar el aborto hasta la duodécima semana de gestación. Tras cinco meses de debate, la normativa fue rechazada por la Cámara alta con 38 votos negativos y 31 a favor y dejaron al país con una ley de 1921.

Datos expuestos en Sputnik denuncian que “cada tres horas una niña menor de 15 años en Argentina es sometida a un parto, pese a que en la mayoría de los casos el embarazo se produjo como consecuencia de un abuso”.

En 2017 se registraron 2.493 alumbramientos de niñas menores de 15 años, de acuerdo con Amnistía Internacional.

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