Durante el Gobierno de José Antonio Kast, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes lo que ha generado una fuerte controversia y críticas transversales. Una investigación de Bío Bío Chile identificó a 33 de estos agresores, que actualmente se encuentran en libertad sin que sus víctimas hayan sido notificadas.
El perfil que emerge de los expedientes es inquietante: se trata de sujetos con alto peligro de reincidencia, rasgos de «frialdad», ausencia de remordimiento por los ilícitos cometidos y nula empatía con sus víctimas.
El citado medio accedió a miles de fojas judiciales, informes de Gendarmería y decretos que permitieron identificar a los 33 favorecidos y señaló que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, visó 22 documentos de reducciones de castigo, mientras que el subsecretario Luis Silva, firmó 10 y Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, puso su rúbrica a un decreto.
La revisión permite obtener información sobre los delitos cometidos, las penas que recibieron los agresores sexuales y cuánto se adelantó el término de sus condenas: hoy todos están libres, y se trata de nombres que incluso no son conocidos por sus víctimas.
El «Hermano Quelo» y otros casos de agresores de niñas
Luis Caamaño Mora, conocido como el «Hermano Quelo», se encuentra en la lista de los favorecidos con la reducción de penas y según los antecedentes, lideró un grupo religioso en Talcahuano que llegó a reunir cerca de cien personas y en el que era considerado por sus seguidores como un enviado de Dios. Una testigo relató que había sido convencida de que mantener relaciones sexuales con el líder era parte de un supuesto plan divino. Fue condenado en dos causas a penas que sumaban 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violación reiterada, y recibió una reducción de 30 meses en un decreto firmado por Rabat.
José Luis Hernández Paredes, cabo primero del Regimiento Yungay, fue condenado a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico contra dos niñas de seis y siete años cuando comenzaron las vulneraciones. Según Bio Bío Chile, las agredía y les daba regalos para que guardaran silencio; una de ellas sufrió abusos durante cinco años. Aunque estaba previsto que su condena finalizaría en julio de 2028, un decreto firmado por Rabat la redujo en 24 meses, por lo que culminó en julio de 2026.
Patricio Alberto Arancibia Farfán se valió de la confianza que tenía el entorno de la víctima, una niña de 13 años para agredirla de forma reiterada, quedando embarazada tras los abusos. Por estos hechos, recibió cinco años de prisión, pero un documento firmado por Rabat le otorgó una rebaja de nueve meses.
Juan Osvaldo Aceval Véliz fue acusado de agredir a cuatro niñas; una de ellas tenía cinco años cuando comenzaron las violaciones, que se extendieron hasta que cumplió doce. Un decreto firmado por el subsecretario Silva le concedió una reducción de 27 meses.
Perfiles de alto riesgo y peligro de reincidencia
Según Bio Bío Chile, los peritajes de Gendarmería revelan una constante: mal control de impulsos, manipulación y justificación de las agresiones. Varios catalogan los ultrajes como «juegos», culpan al consumo de sustancias o atribuyen la responsabilidad a las propias víctimas.
Por ejemplo, Jeison Emerson Palacios Cabrera, condenado por abusos contra dos niñas, fue calificado en un informe de septiembre de 2025 como de «alto riesgo de reincidencia»; su relato oscila entre la justificación por consumo de sustancias y la atribución de responsabilidad a las víctimas, e incluso «se jacta de haber generado daño».
Pedro Peña Silva, condenado a 5 años por abuso sexual, recibió una reducción de 11 meses firmada por el subsecretario Silva. Un peritaje de abril de 2025 elevó su clasificación a riesgo alto, observándose dificultades en el manejo de la ira, tendencia a la intimidación, conductas sexistas y nula consciencia del mal causado.
Gabriel Reyes Rebolledo, condenado a 15 años por violación y abuso sexual, recibió 30 meses de rebaja mediante un decreto con la rúbrica de Pablo Mira; registraba riesgo alto y «carecía de conciencia del mal causado».
Heriberto Alvarado Silva presenta «negación ante el delito», no reconoce haber persuadido a la víctima y no demuestra empatía por el sufrimiento de la niña y según los expedientes su nivel de riesgo antisocial es alto.
Waldo Gómez Mondaca, quien se benefició con 21 meses de rebaja firmada por Rabat, fue considerado «multirreincidente legal y criminógeno», con negación y minimización de la violencia sexual ejercida.
El vacío legal de la notificación
A diferencia de la libertad condicional, que exige notificar a la víctima, la rebaja de condena por conducta sobresaliente opera como un acto puramente administrativo resuelto entre Gendarmería y el Ministerio de Justicia mediante Decreto Supremo.
Ningún artículo obliga a informar a los afectados ni a sus familiares, lo que ha dejado a las víctimas «a ciegas».
Existen otros 23 condenados liberados que el medio citado no pudo identificar. Una vez notificados los decretos, Gendarmería debe ejecutar de inmediato las excarcelaciones; una demora injustificada podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales.
Autoridades ratificadas por Kast en el cargo
Tras el estallido del escándalo, el Gobierno anunció que emprenderá una revisión de los decretos caso a caso y buscará herramientas legales para revertir sus efectos, aunque hasta el momento no ha explicado cómo lo hará y si es jurídicamente viable.
Aunque Kast comprometió acompañamiento a las víctimas, no se ha puesto en marcha un plan concreto. Mientras avanza esa revisión, Rabat, Silva y Mira permanecen al frente del Ministerio; el mandatario descartó aplicar cambios y encargó al cuestionado ministro de Justicia esclarecer lo ocurrido,
“He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, señaló.
En paralelo, los diputados Luis Cuello y Juan Santana presentaron el lunes una denuncia penal contra el ministro Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa.
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